Megaproyecto: Lo bueno y lo malo en la mirada de un libertario

La teoría libertaria que hunde sus raíces en la Escuela Austríaca irrumpió hace muy poco en el imaginario de nuestro país. De hecho, si no hubiese sido por mi hijo mayor, Alexander Reinike, hoy economista de la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich, probablemente me hubiese enterado de su existencia sólo con la elección de Javier Milei. Exceptuando a Friedrich Hayek, autores como no figuraron jamás en las eternas bibliografías obligatorias de mis estudios académicos. En vista de estas lagunas teóricas le pedí a Alexander que analizáramos juntos el megaproyecto del gobierno para contrastar nuestra mirada socialdemócrata, gradualista, subsidiaria con un punto de referencia distinto, más anti estatista, basado en el individualismo metodológico, pilar epistemológico fundamental e innegociable de la teoría libertaria.

Antes de analizar lo bueno y lo malo de los diez pilares fundamentales aclaremos que el individualismo metodológico sostiene:

1.- La praxeología (Von Mises) o ciencia de la acción humana en cuyo marco conceptos colectivos (como «Estado» o «clase social») son construcciones mentales abstractas que carecen de voluntad propia. Sólo los individuos actúan para pasar de un estado de menor satisfacción a uno de mayor satisfacción.

2.- Subjetivismo del valor (Menger), sostiene que el valor no es una propiedad intrínseca de los objetos, sino una apreciación subjetiva en la mente de cada persona. El mercado agrega estas escalas de valor individuales a través de los precios.

3.- Orden espontáneo (Hayek), enfoque que explica que instituciones complejas —como el dinero, el lenguaje o el derecho— no son el resultado de una planificación centralizada. Son consecuencias no intencionadas de las acciones cruzadas de millones de individuos interactuando entre sí. ¿Y el Estado? Rothbard lo explica: “Es esa organización de la sociedad que intenta mantener un monopolio del uso de la fuerza y la violencia en un área territorial determinada; en particular, es la única organización en la sociedad que obtiene sus ingresos, no por contribución voluntaria o pagos por servicios prestados, sino por coerción”. Vamos al grano.

De la definición de Estado citada se sigue que, en simple, podríamos afirmar que usa la fuerza para quitarle a las personas su propiedad. De ahí que las rebajas de impuestos a las empresas, la eliminación de la doble tributación y del impuesto a las ganancias en las ventas de acciones, la invariabilidad tributaria, la eliminación de las contribuciones, la reducción de los costos a la inversión con las reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y reforma al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el freno a la gratuidad universitaria y la eliminación de la franquicia SENCE, aunque parezcan avances tibios son pasos importantes en dirección a ampliar los espacios de libertad individual, retirar la coerción del Estado y frenar la expoliación que hace de los bolsillos ciudadanos. Pregunta clave en la batalla política es si se está beneficiando a los ricos. Veamos quiénes son los ganadores en la mirada de un libertario.

Estudios con millones de datos de trabajadores alemanes (Fuest, Peichl y Siegloch, 2018, American Economic Review) demuestran que entre el 50% y el 75% del impuesto a las empresas lo pagan los trabajadores, no los dueños. Esto ocurre porque: cuando el impuesto es alto, las empresas invierten menos (menos máquinas, menos tecnología). Con menos capital por trabajador, la productividad de cada trabajador es menor. Y si el trabajador produce menos, su salario es menor. Al bajar el impuesto, se invierte más, la productividad sube y los salarios suben en el mediano plazo. El caso chileno respalda la evidencia citada. En 2014 (Ley 20.780) se subió el impuesto de 20% a 27% y se eliminó el FUT. La inversión como porcentaje del PIB cayó de 25.2% (2013) a 20.8% (2023). Los salarios reales se estancaron. El estudio de Djankov y otros (2010) con datos de 85 países confirma que un aumento de 10 puntos en el impuesto corporativo reduce tanto la inversión en 10% como la entrada de nuevas empresas en 7%. En simple, la rebaja de impuestos a las empresas beneficia a toda la sociedad. ¿Y qué sucede en el caso de las ganancias de las acciones?

Muchos dicen que sólo ganan los grandes inversionistas. Y es que no saben que Chile tiene aproximadamente 2.5 millones de personas de clase media con ahorros en fondos mutuos y APV (Ahorro Previsional Voluntario) que también pagan este impuesto al vender sus cuotas. Si se elimina, todos ellos serán beneficiados.

Por su parte la invariabilidad tributaria es una buena noticia para los regionalistas. Pero ¿qué significa «invariabilidad tributaria»? Es una promesa legal: el Estado se compromete a no cambiar las reglas tributarias que afectan a un proyecto de inversión durante 25 años. Aplica a inversiones desde los US$ 50 millones en minería, energía, industria, infraestructura, tecnología, etc.

¿Por qué es necesario? Porque la variabilidad tributaria genera el problema del «hold-up». Expliquémoslo con un ejemplo cotidiano. Imagine que quiere construir una casa y el municipio le da el permiso prometiendo que las reglas no cambiarán. Usted empieza a construir y cuando va en la mitad el municipio le dice: «cambiaron las reglas: ahora tiene que pagar un impuesto extra del 20%». La casa no puede quedar a medio hacer —usted ya gastó demasiado— así que paga. Eso es el hold-up: le atrapan cuando ya no puede escapar. Ahora imagine esta situación aplicada a inversiones mineras o energéticas: un proyecto puede costar cientos de millones de dólares y demorar 5-10 años en empezar a producir. Sin una garantía de que las reglas no cambiarán a mitad de camino, simplemente no se invierte, o se invierte en países que sí ofrecen esa garantía (Australia, Canadá, Perú).

Esta es la razón por la que dijimos que la invariabilidad beneficia a las regiones, puesto que los grandes proyectos mineros y energéticos generan empleos en Antofagasta, Atacama, Biobío y Aysén, las zonas con alto desempleo de Chile. También se benefician las pymes locales que proveen servicios a esos proyectos.

Nuevamente la evidencia histórica se sitúa del lado libertario: Chile tuvo un mecanismo similar —el Decreto Ley 600— entre 1974 y 2015. Durante esas cuatro décadas, el país atrajo más inversión extranjera por habitante que cualquier otro en Latinoamérica. Cuando se eliminó (2015), la inversión extranjera en proyectos nuevos (greenfield) se desplomó. Los estudios sobre tratados bilaterales de inversión (Neumayer y Spess, 2005) confirman que los mecanismos de compromiso aumentan la inversión extranjera entre 30% y 80%.

En lo que respecta a las reformas al SEIA y al CMN quienes se benefician no son «los empresarios» abstractos. Los beneficiarios reales son: (1) los trabajadores de la construcción, minería y energía que pierden su empleo cada vez que un proyecto se paraliza; (2) las pymes locales que proveen servicios a esos proyectos; (3) las comunidades regionales que dejan de recibir ingresos y desarrollo. La Comisión Nacional de Productividad (2023) documentó que el sistema actual es 2-3 veces más lento que en países mineros comparables. El Banco Mundial (Doing Business 2020) encontró que un «permiso de construcción» en Chile puede tomar más de 6 años para proyectos grandes.

En el entendido de que los libertarios quisiéramos una radicalización de todas las propuestas analizadas, veamos lo que realmente nos preocupa:

Sin duda, la política más peligrosa para la conservación de mínimos básicos de libertad es la propuesta del cruce masivo de datos entre el SII y el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Qué propone? Obligar al SII a compartir información masiva con el RSH. Esto significa que todos sus datos tributarios —ingresos, propiedades, inversiones, deudas— se cruzarían con los datos sociales del Estado. Esto es negativo por tres razones. Primero, la privacidad: el SII tiene información financiera detallada de cada persona. Cuando el Estado cruza bases de datos masivas, el ciudadano pierde el control sobre quién accede a qué información sobre él. Segundo, la función de riesgo: el SII existe para recaudar impuestos. Si los chilenos saben que su información tributaria se usará para decidir si reciben o no beneficios sociales, distorsionarán su comportamiento tributario (declararán menos, ocultarán más). Tercero, el control estatal: una base de datos unificada con toda su información financiera y social es una herramienta de control masivo. Como advertía Hayek, el control de la información es el primer paso hacia el control de las personas. ¿No le suena a la importación del modelo de control social chino?

Si el gobierno no regula adecuadamente esta propuesta y parlamentarios con vocación totalitaria logran destruir el secreto bancario, sólo el dinero en efectivo podrá salvarnos del control total. El problema es que, en la práctica, como ha quedado obsoleto, ya no nos sirve como último asilo frente a la opresión.