La Macrozona Sur reúne un menú de delitos que impactan profundamente el normal funcionamiento de quienes viven allí. Sólo esta semana nos enterábamos de una treintena de bienes atacados, un bus escolar que recibió impactos de bala y un camión cargado de salmones robado en Ercilla. Todo esto se suma a la economía ilegal de la madera, a la violencia organizada, al narcotráfico, al tráfico de armas y a delitos comunes.
Actualmente se contabilizan 346 días de Estado de Emergencia para toda la región de La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco, sin embargo, de acuerdo con la ministra del Interior, no están las condiciones para retirar la excepción constitucional. ¿Por qué? Me pregunto. ¿Acaso no ha sido suficiente ese casi año completo de Estado de Emergencia para diseñar un plan de recuperación territorial donde el Estado de Derecho se restituya? Al parece no.
¿Qué podemos hacer?
Primero, comprender que la violencia en la Macrozona Sur es parte del desafío mayor que tiene Chile en materias de seguridad.
Segundo, el desarrollo de una institucionalidad derivado de una estructura de seguridad que permita la acción coordinada desde lo nacional hasta lo local con el fin de fortalecer el Estado de Derecho allí donde se ha visto debilitado. En este caso la acción de instituciones de orden y seguridad contribuirán a medidas de recuperación del espacio público que permitan diseñar acciones concretas en materia de desarrollo social y económico. En este caso el trabajo público-privado y el rol de la sociedad civil será fundamental.
Tercero, la acción de la justicia debe revalorizarse, existe una pérdida de confianza derivada de la impunidad, a modo de ejemplo, la semana del 17 al 23 de abril hubo seis ataques y sólo dos formalizados. No basta con perseguir a la CAM, es necesario apuntar a todos aquellos grupos que realizan acciones delictuales en la zona.
Cuarto, en un contexto donde se funde crimen y violencia organizados hay que ser capaz de comprender la diferencia de los fenómenos con el fin de perseguir con las herramientas legales correspondientes a cada uno de ellos. No es lo mismo el robo de madera en el marco de la economía paralela dedicada al blanqueo y venta del producto que la quema de una iglesia o una escuela.
Pero nada de lo anterior puede ser desarrollado sin inteligencia. El levantamiento oportuno de información y su posterior análisis será fundamental para comprender el contexto, mapear el comportamiento del crimen y diseñar las políticas públicas que permitan avanzar hacia un escenario de paz y estabilidad. En ese sentido, la priorización del proyecto de inteligencia es clave, pero, la discusión debe ser hoy, no en 150 días más. Las víctimas de la violencia no pueden esperar, ni en la Macrozona Sur ni en ninguna otra parte del país.
El Gobierno tiene una oportunidad hoy de hacerse cargo de un tema de Estado, es hora de dejar las diferencias de lado y avanzar por los chilenos del sur, del norte y del centro en una discusión con altura de miras que ponga el desarrollo y bienestar como protagonistas. Pero ¿Se podrán poner de acuerdo las dos almas del oficialismo en esta materia?
