Como lo consignaba ayer El Líbero, esta es la quinta acusación constitucional contra autoridades del gobierno del Presidente Piñera que fracasa, pese a la mayoría opositora en el Congreso. El juguete que descubrieron los jóvenes del Frente Amplio, siempre apoyados en esto por el Partido Comunista, ya no funciona. Hay razones particulares, atingentes a cada acusación, y otras más generales que ayudan a explicar esta situación.
La acusación contra Mañalich era desde ya temeraria. Presumir que deliberadamente el ex ministro de Salud haya ocultado muertes y acusarlo además de poner en práctica una estrategia que ponía en riesgo la salud de los chilenos fue un despropósito. Si hay algo de lo que no se puede acusar a Jaime Mañalich es no haberse jugado por una estrategia. Lo hizo y logró un objetivo primordial: evitar el colapso de las camas críticas y ventiladores mecánicos que asoló a potencias como España e Italia, que tuvieron que llorar a sus muertos en las calles o incluso renunciar al duelo porque su indiscutible ventaja en materia de recursos fue inútil ante la ausencia de una estrategia. Así lo advirtieron, por lo demás, diputados que no apoyaron la acusación, como Pepe Auth, que aun sin reconocer las virtudes de la estrategia de Mañalich, estuvo dispuesto a aceptar que era absolutamente prematuro descalificarla sin conocer en definitiva cuál será el resultado de distintas estrategias tan disímiles, como la liberal de Suecia o el confinamiento extremo de Argentina, sin datos definitivos sobre el exceso de muertes durante el período de pandemia.
Cada una de las acusaciones tuvo razones como esa para rechazarla: la del Intendente Guevara, interpuesta a los pocos días que asumiera su cargo en medio de violentas protestas; las de Marcela Cubillos y Emilio Santelices, por carecer de cargos concretos y representar más bien una diferencia con las políticas llevadas a cabo por la respectiva cartera. En cada una de estas ocasiones, la falta de fundamentos jurídicos era tan evidente, que no era difícil para un político, por una cuestión de conciencia y de decencia, no concurrir con su voto a destituir a una autoridad y suspender los derechos políticos del acusado por cinco años.
Cosa distinta ocurrió en la acusación contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Su destitución era la piedra angular que los arquitectos del golpe insurreccional contra el gobierno de Sebastián Piñera, que lo despojó de gran parte de su poder, requerían. En efecto, al botar a Chadwick se lograba, además, el objetivo de inutilizar a las policías en su tarea de mantener el orden público, lo que aseguraba que la protesta violenta continuara hasta poder utilizarla como elemento de extorsión contra el gobierno para imponer los cambios políticos que se buscaban: fundamentalmente, modificar la Constitución.
No había entonces fuerza suficiente, ni la conciencia ni la decencia, capaz de enfrentarse a un botín de ese valor. Un solo diputado, el DC Jorge Sabag, se abstuvo en esa oportunidad. Recordemos que poco después, por si la advertencia al ministro del Interior y el Presidente de la República no fuese suficientemente clara, se acusó constitucionalmente al Presidente Piñera, quien por seis votos no se vio expuesto a un juicio político en el Senado que pudo terminar anticipadamente su mandato presidencial. La proverbial capacidad para hacernos los lesos que tenemos los chilenos nos hace olvidar estos hechos que se produjeron hace menos de un año atrás y que hoy día nos tienen embarcados en elecciones que podrían conducirnos a cambiar la Constitución, habiendo utilizado la violencia para conseguirlo.
Quizás lo positivo de este nuevo fracaso es que se ha establecido una suerte de rayado de cancha por parte de la oposición para este tipo de acusaciones. Sólo aquellas que pueden conducir a una sustancial ganancia de poder prosperarán; las motivadas por pequeñas venganzas, afanes de notoriedad y robo de cámaras, quedarán para los saltimbanquis de la política que correrán el riesgo de caer en un cierto aislamiento de sus pares. Ojalá este ambiente ayude a mejorar un poco nuestra política.