Los actos, no las ideas

La semana pasada sostuve que la ideología del Presidente de la República, la de su partido, la del Partido Nacional Libertario, la del Frente Amplio o la del Partido Comunista no constituían, en cuanto ideas, una amenaza para la democracia. La democracia no reprime el pensamiento: lo admite y lo convierte en diálogo político. Lo que no alcancé a decir entonces es la consecuencia natural de esa afirmación: el peligro para una democracia no radica en lo que las personas, los dirigentes políticos o las autoridades piensan y ni siquiera en lo que dicen, sino en lo que hacen. Son sus decisiones y sus actos los que pueden poner en riesgo el funcionamiento o incluso la existencia de la democracia.

Esa realidad, en lo que toca al gobierno del Presidente Kast, fue puesta a prueba la semana pasada con el envío al Congreso de su paquete de medidas de seguridad, que incluye una reforma constitucional. Y no son las ideas del Presidente, ni sus amistades internacionales, ni tampoco las opiniones de algunos de sus colaboradores las que hoy inquietan: es esta acción concreta del gobierno la que lo acerca, de manera preocupante, al comportamiento de gobiernos que han sido clasificados como iliberales.

No se trata necesariamente de una ideología, sino de una actitud frente a la política: la convicción de que, si se tienen los votos, no es necesario escuchar al otro. Esa actitud apareció tempranamente en las declaraciones de Luis Silva, entonces consejero constitucional electo por el Partido Republicano y hoy subsecretario de Justicia, quien, en entrevista aparecida en DF MAS el 13 de mayo de 2023, ante la pregunta sobre cómo se avanzaba respondió: “Para eso están los votos. Y si no los tienen, ellos se tienen que ir de la plaza y sino, llamamos a la fuerza pública porque para eso está, para hacer efectivo el derecho”. Aunque la frase más reveladora fue otra: “¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría?”.

Descontado el improperio, esa misma lógica guio la tramitación de la Ley de Reconstrucción por parte del ministro Quiroz y, antes aún, su decisión de no aplicar el MEPCO para impedir el alza del precio de los combustibles. Esa actitud -corregida parcialmente por los esfuerzos de los ministros Alvarado y García Ruminot- no puede sino estar fundada en la certeza de que la verdad propia basta, que escuchar al adversario es una concesión inútil y que lo único que corresponde es llevar a la práctica, como sea, esa idea propia.

Una actitud que reaparece en el proyecto de reforma constitucional presentado por el ministro Arrau y que revela que, para el gobierno, y por ende para el Presidente, la Carta Fundamental parece ser apenas una herramienta de la política contingente, una vía para imponer su verdad. Como ocurrió con el MEPCO o con la reconstrucción, no hubo sensibilización previa, trabajo prelegislativo ni un esfuerzo real por escuchar -no sólo oír- la opinión del otro. En esa última ocasión se buscó el mínimo necesario, el voto que pudiera “pirquinearse”. Y se consiguió mediante una negociación con el Partido de la Gente en la que éste no modificó una coma del proyecto original y se limitó a exigir a cambio elementos útiles para su propia implantación social.

Hasta ahora el gobierno parece estar haciendo lo mismo. Pero esta vez el problema y sus posibles consecuencias son más importantes para la democracia. La Constitución no es el instrumento que Silva parecía concebir: un medio para echar de la plaza, incluso con la fuerza pública, a quienes piensan distinto. Una Constitución es el acuerdo básico de todos acerca de aquello que resulta aceptable para todos y de aquello que todos deciden dejar fuera de la disputa cotidiana. Un acuerdo originado en la aceptación de que las minorías también existen y tienen derecho a ese existir y, en consecuencia, limita el poder de la mayoría y la somete a reglas y controles a los que todos, mayorías y minorías, deben someterse por igual. Por eso una Constitución, y también sus reformas, deben contar con el consenso más amplio posible. Esa fue la razón por la cual Chile rechazó dos propuestas constitucionales: porque la mayoría estimó que no expresaban un consenso común, sino sólo la verdad particular de una minoría.

Hoy, lo que el gobierno propone por intermedio del ministro Arrau no es aceptable para esa mayoría democrática porque entraña un riesgo evidente. Y es que la creación de un Estado de Excepción Constitucional que permite al Presidente, por sí y ante sí, mantener por ocho meses la facultad de suspender la libertad personal, restringir los derechos de reunión y asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones y anular el derecho de propiedad mediante la requisa de bienes, se parece demasiado a las condiciones de una dictadura. Que se repita que el objetivo son los delincuentes o el crimen organizado no elimina el problema: las herramientas que anulan derechos fundamentales no dejan de ser peligrosas porque se anuncien con buenos fines.

Es verdad que, después de presentado, durante la semana se escucharon voces de parlamentarios y personeros oficialistas prometiendo cambios al proyecto en su tramitación parlamentaria. Que ello ocurra o no y la forma como ocurra -hay que recordar que el PDG sigue en el escenario- está por verse, pero no anularán la cruda exhibición de lo que va de los dichos (o del pensamiento) a los hechos, que nos acaba de ofrecer el gobierno; un tránsito que podía haberse previsto considerando una cultura política que entiende el diálogo como derrota y el acuerdo como renuncia. El hoy subsecretario Silva lo expresó con claridad en la entrevista que ya he citado: “Es el gran problema de Chile Vamos hoy… Para ellos dialogar es llegar a acuerdo. Para mí, no”.

Durante la semana, el Presidente Kast rechazó la calificación de iliberal, recordando su respeto por los resultados electorales y el hecho de que nunca haya censurado un medio de comunicación. Y tiene razón en señalar esos antecedentes. Pero la decisión de impulsar una reforma constitucional que acercaría al país a condiciones propias de una dictadura, y hacerlo mediante los instrumentos que la propia democracia provee -mayorías circunstanciales, urgencias legislativas, negociaciones mínimas-, se parece demasiado a la forma en que otros gobernantes reconocidos como iliberales han llegado a serlo.

Lo que esas otras experiencias demuestran, es que la democracia no está amenazada cuando alguien piensa una barbaridad. Está amenazada cuando alguien obtiene el poder suficiente para convertir esa barbaridad en una regla que los demás estamos obligados a obedecer.