Aunque el gobierno pareciera querer borrar de la historia la desastrosa experiencia del Consejo Constitucional de 2023, cuando la derecha tuvo una amplia mayoría y terminó produciendo un texto constitucional que fue rechazado por el electorado, conviene sacar lecciones de ese fracaso para evitar que la administración Kast siga por el mismo camino equivocado que llevó al despeñadero al segundo proceso constituyente.
Después del fracaso de la Convención Constitucional en septiembre de 2022, la clase política insistió en su intento por refundar el país, promoviendo un segundo proceso constituyente. El nuevo diseño incluyó significativas salvaguardias y se inició con un borrador de texto consensuado por representantes de los principales partidos en el gobierno. En una elección en mayo de 2023 con voto obligatorio -que resultó en un porcentaje elevado de votos inválidos- los partidos de derecha lograron una amplia mayoría en el Consejo Constitucional.
Pero en vez de usar esa mayoría para redactar un texto sensato y razonable que mantuviera todas aquellas partes de la Constitución actual que permitieron al país avanzar incuestionablemente por un buen camino en los 30 primeros años de democracia post dictadura militar, el Consejo Constitucional cometió el mismo error de querer redactar una constitución partisana que cometió la Convención Constitucional. Es cierto que el segundo texto no era un mamarracho. Pero es innegable que el electorado tampoco lo vio como un texto de continuidad que permitiera al país seguir avanzando por el buen sendero.
La gente terminó rechazando mayoritariamente el texto el 17 de diciembre y la derecha desperdició una memorable oportunidad para ganar legitimidad política demostrando capacidad para construir acuerdos y producir propuestas razonables y sensatas. Comprensiblemente, la derecha moderada acusó a la derecha radical de intransigencia. A su vez, como todo alcohólico que niega su condición, la derecha radical negó haberse excedido y en cambio culpó a otros por su propio fracaso e incapacidad en construir acuerdos. Pero lo cierto es que, así como la izquierda que era mayoría en la Convención Constitucional desperdició la oportunidad para remplazar la Constitución de 1980 con un texto consensuado entre las grandes mayorías, la derecha que era mayoría en el Consejo Constitucional desperdició una inmejorable oportunidad para redactar un texto constitucional que diera una incuestionable legitimidad al modelo de la economía social de mercado.
A siete meses de iniciado el gobierno de Kast, es incuestionable que La Moneda está en problemas. Una amplia mayoría cree que Chile va por un mal camino. La gente ha perdido la fe en la capacidad transformadora de este gobierno. La incomprensible incapacidad del equipo de gobierno para haber llegado al poder con un plan concreto y expedito para hacerse cargo de la crisis de inseguridad que aqueja al país produjo un daño irrecuperable a la línea de flotación del gobierno. La insistencia del Presidente Kast en insistir en que todo va a estar bien contrastaba notoriamente con la ausencia de una hoja de ruta para ese alcanzar ese objetivo. Precisamente porque el propio gobierno instaló la idea de que el país estaba en crisis, la poca urgencia que demostró el gobierno para dar respuestas que pudieran llevar al país a salir de la crisis hizo que la gente terminara perdiendo la fe en que el país podría retomar el buen sendero.
La reciente polémica por los decretos firmados por el gobierno que reducen las penas de cárcel a criminales condenados por abuso sexual y violación es la guinda de la torta en esta cadena de errores no forzados. Las confusas explicaciones y las rectificaciones posteriores a esas explicaciones sólo contribuyen a hundir al gobierno todavía más en la incómoda fosa que el propio gobierno ha cavado. Para un electorado desatento que desconfía de todo lo que diga la clase política, la explicación que ha dado el gobierno de por qué tramitó esas reducciones de pena solo alimenta la sospecha de que el Ejecutivo no es capaz de cumplir su promesa de terminar con la crisis de seguridad.
Ahora que la aprobación de Kast ha caído por debajo del 30% y que la oposición de izquierda exitosamente ha arrinconado al gobierno en la incómoda posición de tener que defender la firma de decretos que otorgaron reducción de penas a violadores y abusadores sexuales de menores, es urgente que el gobierno entienda que su mandato popular no se debió a que repentinamente los chilenos se hayan convertido en derechistas acérrimos. Descontenta con el rumbo que llevaba el país bajo el mandato de Boric, una amplia mayoría optó por Kast porque quería un gobierno pragmático y eficiente que pusiera al país en el camino correcto, premiando a los que hacen las cosas bien y castigando a los que torpemente cometen errores.
Afortunadamente, como toda crisis siempre es también una oportunidad, el Presidente Kast tiene una inmejorable ocasión para demostrar que entiende cuál es el mandato que lo llevó al poder, la tolerancia cero con los errores y la mano dura contra los que no impulsan la agenda contra la delincuencia del gobierno, y mostrarle al electorado, con sus acciones más que con sus palabras, que está cumpliendo ese mandato.
