La Ministra de la Mujer, consultada por eventuales modificaciones a la ley de aborto en tres causales, sostuvo hace pocos días que “lo que está legislado, ya está legislado”, que “Chile ya zanjó esta materia”, y que el Gobierno se concentrará en “avanzar en la agenda y en el compromiso que tenemos con las mujeres de nuestro país”. Las frases tienen el aire desganado de quien comunica una observación meteorológica: el clima es el que es, la ley es la que es, no hay nada que discutir. Zanjado.
Las convicciones personales de la ministra en esta materia son firmes, públicas y conocidas. Cabe asumir que sus frases son, simple y lamentablemente, las que le impone un guion de un segundo piso. De modo que la crítica que aquí me interesa no se dirige a quien repite un guion, sino al guion mismo. Y el guion tiene un nombre conocido: la emergencia.
El Gobierno actual se ha presentado en sociedad como uno de emergencia. La lista de emergencias es razonable y se aplaude sola. Es la lista que cualquier ciudadano sensato reconocería como apremiante. Pero, como ocurre con todo lo que se aplaude solo, conviene preguntarse qué queda fuera. Porque las emergencias, igual que los invitados de una fiesta, se definen tanto por los presentes como por los ausentes.
Una emergencia, en sentido estricto, es una situación de urgencia tal que reclama acción inmediata aun a costa de otras consideraciones. Y aquí está la primera observación: las emergencias no son hechos puros del mundo, sino construcciones del juicio. Hay terremotos que no se declaran emergencia y problemas administrativos que sí. Hay fenómenos que matan diariamente a miles y que no entran en el rótulo, y fenómenos estadísticamente menores que sí. Lo que distingue a una emergencia de un mero problema no es la magnitud objetiva del daño, sino la decisión política de mirarlo y atenderlo. La emergencia no se descubre: se proclama. Esto tiene consecuencias incómodas. Si la emergencia es una categoría declarativa, entonces el listado de emergencias de un Gobierno no es la fotografía de la realidad: es la fotografía de su atención.
Aquí aparece, con toda su solidez aparente, el argumento que recorre el debate público chileno como un mantra: “no hay piso político”, “la ciudadanía no está disponible”, “no tenemos los votos”. Es un argumento que tiene la virtud de sonar humilde y realista, casi noble, y la grave deficiencia de ser, examinado con calma, completamente circular. Porque la pregunta que nadie se hace es de dónde viene ese piso, cómo se construye, quién lo construye. Y la respuesta histórica, terca, comprobable, es que el piso lo construyen quienes hablan y hacen algo, incluso mínimo. La opinión pública no es una placa tectónica que se desplaza por causas naturales; es el sedimento de miles de actos y omisiones, de palabras y silencios, de coraje y de cobardía, de coherencia y de pragmatismo. Si el Gobierno calla sobre una materia, el silencio es ya una intervención: comunica que la materia no es urgente, que puede esperar, que no merece el peso de la primera plana. Y cuando, años después, alguien constata que “no hay piso político”, está midiendo el resultado de su propio silencio anterior y presentándolo como si fuese un dato externo. Es una pequeña obra maestra de ilusionismo argumentativo. El truco consiste en convertir una decisión en una circunstancia. Decisión: no hablar del asunto. Circunstancia: no hay quién hable del asunto. La primera es responsabilidad; la segunda, fatalidad. Pero la fatalidad, en este caso, es hija directa de la responsabilidad eludida. El gobernante que dice “esperaré a que haya consenso para actuar” está, en términos estrictos, renunciando a la dimensión formativa del oficio político, que consiste precisamente en, al menos, intentar producir el consenso que no existe.
Por ello, la frase “Chile ya zanjó esta materia” no es, en rigor, una constatación: es la conclusión natural de una decisión previa: que esta materia no entra en la emergencia. Y como no entra, no merece tiempo, ni capital político, ni una sola línea del programa, ni siquiera una distinción discursiva. La frase no zanja porque la cuestión esté zanjada; zanja porque se ha decidido, desde antes, que esta zanja conviene mantenerla.
La palabra, vista así, es involuntariamente precisa. Y reveladora. Zanjar viene de zanja: una fosa, una excavación, un corte en la tierra para separar dos territorios, como el mismo Gobierno hizo en la frontera norte. Lo que la emergencia selectiva produce, en la práctica, es exactamente eso: un foso cavado alrededor de ciertas materias para que nadie pueda cruzar y atenderlas. Y aquí la ironía se vuelve triste. Porque si “emergencia” significa “aquello tan grave que reclama acción aun a costo de la popularidad” —como dejar correr el alza en el precio de los combustibles— entonces la muerte procurada de un niño inocente aún no nacido debería estar primero en la lista. ¡Primero! Que no lo esté revela que la palabra emergencia ha sido vaciada y reasignada al servicio de otros cálculos.
Quizá lo más honesto sería, simplemente, devolver a las palabras su sentido. Aceptar que un Gobierno puede legítimamente decidir que su programa es de prioridades, de gestión, de continuidad, de vale otro, de lo que sea. Pero entonces ya no es de emergencia, y la palabra debería desocupar el cargo majadero que ocupa en los discursos.
Quienes quedan al otro lado de la zanja, mientras tanto, siguen allí. No votan, no marchan, no aparecen en encuestas amigables, no firman columnas. Dependen enteramente de que alguien, en algún lugar, no los excluya por la “emergencia”: alguien que se acuerde, mire, hable, actúe; alguien que construya el piso, tan lento o tan rápido como sea posible. Y la respuesta que dé la historia, dentro de cincuenta o de cien años, dependerá menos de las exclusiones de emergencia de hoy que del coraje de quienes, en estos años, sigan negándose a aceptar que una zanja lingüística basta para desterrar lo que nunca debió ser desterrado. Confío —sin ironía— en que Judith Marín y el Presidente José Antonio Kast estarán entre ellos.
