La pausa de los diez minutos

Desde que conocí la llamada “pausa de los diez minutos” de las caminatas militares, no he dejado de utilizarla como método en casi cada actividad que inicio. En los ejércitos, la primera detención se realiza apenas diez minutos después de iniciada la marcha. El sentido de esa breve pausa es resolver lo que incomoda antes de que se transforme en problema: ajustar correas, poner en su lugar el calcetín mal puesto, arreglar el peso mal distribuido, resolver aquello que todavía parece pequeño pero que, si no se corrige, puede terminar haciendo fracasar todo el trayecto… o causarle un severo daño a quien no lo corrigió.

En mi modesta opinión, Chile ha llegado exactamente al momento de hacer la pausa de los diez minutos. La marcha que comenzó es de esas que se inician cada cuatro años, esta vez en el marco que proporciona el gobierno que encabeza José Antonio Kast. Y, hay que admitirlo, el inicio de esta nueva marcha no ha sido bueno. En lugar de consolidarse el clima de cooperación vigilante y crítica propio de las democracias maduras, lo que ha aumentado es la polarización, la acrimonia, el lenguaje de trinchera y el uso de todos los trucos y triquiñuelas que las instituciones de la democracia puedan soportar.

Ese clima no puede prolongarse indefinidamente sin consecuencias. Precisamente por eso creo que ha llegado la hora de la pausa de los diez minutos y corregir aquello que ha comenzado mal antes de que el desgaste haga imposible llegar a destino.

El gobierno tiene mucho que corregir y debiera entender la urgencia de hacerlo. La seguridad pública, pese a ser quizás el pilar principal del programa que lo llevó a ganar las elecciones, se diluye en la estela que deja el frenesí al que parece haberse abandonado la ministra del ramo, corriendo de un lugar a otro para encabezar operativos y procedimientos policiales. Es verdad que, ante el reclamo reiterado por este vacío y forzada por la citación a una sesión especial de la Cámara, una ministra balbuceante luego de habérsele impedido mostrar un power point y dando muestras de no conocer previamente el texto que leía, esbozó una estrategia de seguridad para el país que fue acogida con el mismo desencanto con que antes se escuchaba su elocuente silencio. El texto, que buscaba mostrar siete ejes de esa estrategia, bien podía haber sido un documento de campaña electoral: todos los títulos estaban bien puestos para esbozar un temario de seguridad, pero la lista de posibles medidas o deseos de realización carecían de prioridades, métodos, metas o medidas de evaluación, esto es de todo aquello que da forma a un plan o estrategia. Y es explicable: horas más tarde de su lamentable presentación, la ministra reconoció que asumió su cargo sin saber que tenía que hacer un plan.

Las comunicaciones del gobierno, por su parte, han oscilado entre las vaguedades y las rectificaciones de ministros y personeros, dejando a su paso el desagradable aroma que suele acompañar a la improvisación y a la falta de oficio. Algo que acarrea desconfianza y que ningún gobierno debe descuidar, sobre todo en sus inicios cuando está mostrando sus capacidades e intentando atraer el apoyo del país para las tareas que vienen.

Y quizás lo más importante: el gobierno no ha dado verdaderas señales de querer escuchar observaciones y críticas -que han llegado en multitud y desde distintos sectores- respecto de su proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional; más bien se ha mostrado dispuesto a imponer su verdad (su proyecto de Ley) a todo costo, aún con votos de ocasión conseguidos de cualquier manera. Esta actitud -que se muestra consecuente con el sentimiento expresado por muchos destacados personeros del partido del Presidente en ocasiones anteriores- estuvo presente en el lamentable paso del proyecto por la Comisión de Hacienda de la Cámara, durante el cual el ministro Quiroz hizo denodados esfuerzos por imponer el artículo relativo a la propiedad intelectual incluso en contra de la opinión de los diputados de su propio sector. Esa actitud está lejos del principio básico de la democracia liberal que establece a la política como la búsqueda de acuerdos y no como el camino para la imposición, a cualquier precio, de las ideas propias.

Pero la pausa de los diez minutos no es sólo tarea del gobierno. También la oposición la necesita pues enfrenta una decisión crucial: puede optar por seguir concentrando buena parte de su energía en definir al gobierno como una administración al servicio “de los ricos” y a implementar triquiñuelas parlamentarias, o puede hacer política en serio. Y hacer política en serio significa mostrar al país -naturalmente desde su propio punto de vista- proposiciones concretas, técnicamente fundadas y políticamente negociables, que permitan corregir, mejorar o equilibrar el proyecto de Ley presentado por el gobierno. La oposición dispone ahora para ello, después de un mes perdido en denunciar “la maldad esencial” del gobierno, de herramientas relevantes. A ese efecto están disponibles las propuestas que académicos, economistas independientes, centros de estudio y sectores sociales (para no mencionar empresas y organismos internacionales) han hecho públicas las últimas semanas.

Lo razonable sería que esas propuestas convergieran en una sola presentación coherente, que pudiera ser defendida por la oposición más amplia posible en una negociación política seria con el gobierno. Eso sería ejercer oposición democrática. No renunciar a las convicciones propias, sino intentar influir realmente sobre las decisiones nacionales, porque la política democrática no consiste únicamente en denunciar: consiste también en construir.

Acerca de esta posibilidad me ha parecido profundamente ilustrador el diálogo sostenido en la sección Cartas de El Mercurio entre María José Abud y Hernán Larraín M, de Horizontal, y Bernardo Larraín, de Pivotes. Los primeros abogan por un debate técnico que dé lugar a consensos en torno a los temas que plantea el proyecto, en tanto el segundo hace hincapié en las diferencias insuperables de ideas y creencias que subyacen en la elección de los instrumentos con que se persigue lograr objetivos en los cuales, incluso, puede haber coincidencia. Para ilustrar su punto, en una de esas cartas Bernardo Larraín menciona como ejemplo el documento “Crecimiento, empleo y responsabilidad fiscal”, elaborado por la Red de Centros de Pensamiento Progresista, en la que, en su opinión, se descalifica la propuesta del gobierno con motes como “chorreo” y se reflotan propuestas del programa de Jeannette Jara.

He querido mencionar aquí ese debate y sobre todo la opinión de Bernardo Larraín que acabo de glosar (espero que de manera fiel), porque es esa, justamente, la perspectiva que se debe superar para lograr una práctica democrática a la altura de las necesidades de nuestro país hoy. Porque sería absurdo que los puntos de vista y proposiciones planteadas por esos institutos, que efectivamente estuvieron detrás de la candidatura de Jeannette Jara, sostuvieran ahora posiciones diferentes a aquellas que probablemente han sostenido toda su vida. Y lo mismo cabe decir respecto de las proposiciones y puntos de vista del actual oficialismo. De lo que se trata es de que, sin renunciar a los principios en que se fundan esas proposiciones, sea posible encontrar espacios de coincidencia técnica que podrían dar lugar a acuerdos políticos que sustenten un apoyo a la Ley propuesta; un acuerdo suficientemente amplio como para garantizarle un igualmente amplio respaldo social y su estabilidad en el tiempo.

Ahora, después de la muy mala experiencia de la Cámara en la tramitación del proyecto, queda la esperanza del Senado. Mi sincero deseo ciudadano es que el gobierno y la oposición, los dos grandes protagonistas de nuestra democracia hoy, sean capaces de hacer la pausa de los diez minutos que les permita corregir errores y aprovechar esa que, quizás, sea una última oportunidad para todos.