La odiada empresa y los odiados empresarios

En Chile existen personas que parecen cargar con una culpa previa, anterior a cualquier conducta concreta: son los empresarios. No existe grupo social alguno tan malquerido como ese. No importa si se trata del controlador de un gran conglomerado económico o de un hombre o una mujer que hipotecó su casa, comprometió sus ahorros y pidió créditos bancarios para levantar un pequeño negocio. Desde el momento en que alguien es catalogado como «empresario», deja de ser una persona para transformarse, en el imaginario de muchos, en un individuo obscenamente rico, ocioso y, por supuesto, explotador de sus trabajadores.

La explicación más inmediata parece encontrarse en una de las pasiones más antiguas de la condición humana: la envidia. Una envidia que no distingue entre grandes fortunas y pequeños emprendedores, entre personas honestas y deshonestas, entre quienes apenas sobreviven y quienes acumulan enormes patrimonios. Se dirige contra la figura social del empresario, más que contra sus actos.

El fenómeno no pasaría de ser un rasgo idiosincrático, de no ser porque la izquierda chilena, en su incapacidad para responder a preguntas tales como ¿qué proyecto ofrecemos al país? ,¿cuál es el horizonte hacia el cual queremos conducir a Chile?, ha optado por el atajo más sencillo para hacerse de una identidad: no seguir mostrándose a sí misma como enemiga del capitalismo -en realidad, el Partido Comunista sí lo hace- sino que de un adversario más concreto y electoralmente rentable: los empresarios. Y como un ataque a las personas, además de ser de mal gusto puede resultar políticamente incorrecto, el golpe se dirige contra su obra. No se combate al empresario; se combate a la empresa.

Esto queda graficado en la experiencia del Frente Amplio que ya he comentado en esta página. Como resultado de un laborioso Congreso Ideológico, este partido concluyó que debía representar a la pequeña y mediana empresa y combatir a la gran empresa. Cuesta imaginar una contradicción más evidente. Toda pequeña empresa quiere dejar de ser pequeña. Toda mediana empresa aspira a convertirse en grande. Si las políticas que el Frente Amplio propone tuvieran éxito, terminaría convirtiendo a sus representados de hoy en los enemigos de mañana. Pocas veces una definición política ha expresado más vivamente la confusión que la generó.

La evidencia más rotunda de esa confusión la proporciona la oposición a la reducción del impuesto de primera categoría que es parte del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional presentado por el gobierno. La oposición dio identidad al rechazo del proyecto con una descripción que unánimemente lo describe: “el proyecto que favorece a los super ricos”. La frase funciona porque conecta inmediatamente con la imagen instalada: la empresa sería el domicilio de los ricos. Si se ayuda a la empresa, se ayuda a los ricos.

En realidad, no es un secreto para nadie que este proyecto busca favorecer a las empresas. Busca disminuir la tributación que éstas pagan para, con ese estímulo, favorecer la reinversión y atraer nuevas inversiones. Es una teoría económica conocida y probablemente se enseña en los primeros semestres de cualquier escuela de Economía. Pero es una teoría: funciona en determinadas condiciones y no funciona en otras. El ministro Quiroz cree firmemente que a él le funcionará. Casi todo el resto de los expertos, instituciones internacionales y unidades de estudios de bancos nacionales e internacionales que han opinado piensan lo contrario o hacen ver que los riesgos son gigantescos. Sostienen que, aún si se incrementara la inversión, sus efectos positivos sobre las arcas fiscales habrían de experimentarse en lustros o décadas mientras que los efectos negativos comenzarían a sentirse este mismo año sin que las medidas paliativas implementadas por el propio gobierno (en realidad es sólo una: reducción del gasto público, el resto es confiar en que las nuevas inversiones comiencen rápido a arrojar nuevos ingresos) no sólo son difícil de aplicar sino que prácticamente imposible: dado el volumen del déficit anual que se provocaría, el gobierno estima en alrededor de 6.000 millones de dólares la reducción necesaria en el gasto público o el aumento de ingresos entre 2027 y 2030 para cumplir las metas del Balance Estructural; todos los demás estiman ese ajuste en las cuentas fiscales en alrededor de 13.000 millones.

El gobierno acaba de hacer aprobar el proyecto en el Senado, manteniendo, en ese punto, los términos en que lo elaboró el ministro Quiroz. Por ello éste -y naturalmente el gobierno- deberán responder en el futuro por el daño o el beneficio que le traigan al país. Es, en cierto modo, un debate abierto. Lo que no admite debate es presentar esa rebaja tributaria como un regalo directo a los propietarios de las empresas. Ellos continúan afectos al impuesto global complementario cuya estructura permanece exactamente igual, por lo que si reciben mayores dividendos (si la empresa decidiera distribuir sus mayores utilidades en lugar de reinvertirlas), deberán declarar mayores ingresos y pagar los impuestos personales correspondientes.

Se trata, por cierto, de una situación que afecta a todos los propietarios de las empresas, sean estos ricos o no. Porque es verdad que, sobre todo en las empresas más grandes que transan sus acciones en bolsa, los accionistas que las controlan probablemente son “súper ricos”. Pero junto con ellos hay miles de otros accionistas que no lo son. Al cierre de sus operaciones el año pasado, Falabella, junto con los miembros de la familia Solari, contaba con miles de otros accionistas (1.178 en total), el Banco de Chile tenía 15.066 accionistas registrados, Empresas Copec 6.120 accionistas, Enel Chile 5.788 accionistas y así muchas otras grandes empresas que tienen miles de pequeños accionistas, la mayoría de ellos trabajadores que invierten ahí sus ahorros como también invierten en esas empresas instituciones que administran el ahorro previsional de millones de chilenos.

Si el propósito hubiera sido realmente gravar con mayor intensidad a quienes poseen las mayores rentas personales, el camino lógico habría sido proponer un aumento de la progresividad del impuesto global complementario como medida paliativa a la reducción del impuesto a las empresas. Sin embargo, esa posibilidad nunca pareció despertar demasiado interés a la izquierda. ¿Por qué? Porque el objetivo no era afectar a los grandes patrimonios: era castigar a la empresa.

Es posible que la izquierda chilena, desorientada como está, haya terminado por creer que al identificar a la empresa como enemiga encontró una ideología. Se equivoca. La hostilidad hacia la empresa no alcanza para eso. No es una ideología: es apenas una emoción. Y con emociones no lograrán guiar al país en dirección alguna; sólo lograrán confundirse con aquellos que, sin hacer distingos entre empresarios, simplemente se limitan a envidiarlos.