Centralismo y descentralización no son conceptos opuestos, son solo dos maneras distintas de administrar el poder. Ambas con ventajas y dificultades para gestionar y concretizar. El problema comienza cuando quienes toman las decisiones, desde cualquier escala, dejan de conocer el territorio sobre el cual deciden.
Ese distanciamiento conduce a diagnósticos equivocados, políticas mal diseñadas y soluciones incapaces de responder a la realidad. Hoy, esa pérdida de sensibilidad territorial no solo dificulta construir adecuadamente el país. También compromete la presencia del Estado y abre riesgos concretos para la seguridad y la soberanía.
Quiero profundizar en estas dos derivadas que, aunque suelen analizarse como problemas diferentes, comparten un mismo origen. A ese problema mayor lo bautizaremos ignorancia territorial.
Chile continúa decidiéndose desde una pequeña porción de su territorio. Buena parte de las autoridades que diseñan las políticas públicas, independientemente de su opción política, proviene del Santiago Oriente profundo y conoce el país desde esa realidad. Así se define la infraestructura que se prioriza, los impuestos que se cobran, las actividades productivas que se regulan, los permisos que se exigen, los territorios que se protegen y también la manera en que se enfrenta la seguridad. Cuando el Estado desconoce un lugar, las decisiones puede terminar desincentivando que las personas permanezcan, trabajen y proyecten su vida en sus propios territorios.
El problema de nuestro país no es solamente cuánto poder está concentrado en Santiago, sino cuánto desconocimiento existe al momento de ejercerlo. Sin conocimiento territorial, se corre el riesgo de debilitar la presencia del Estado y aumenta el espacio para que otros actores asuman funciones, ejerzan control e impongan reglas de facto. Así avanzan las organizaciones criminales, los grupos armados, las economías ilegales y las redes informales de poder. El territorio que el Estado no conoce ni ocupa no permanece vacío. Siempre termina siendo ocupado por alguien.
Desde esta perspectiva, seguridad y soberanía dejan de ser asuntos separados. Ambas dependen de la capacidad del Estado para conocer el territorio, comprender a quienes lo habitan y mantener una presencia efectiva en él. Quisiera mostrar algunos ejemplos.
Cuatro kilómetros de Santiago resuelven la congestión del Biobío
Cuatro horas para recorrer apenas veinte kilómetros. Esa es la distancia que deben enfrentar muchos trabajadores entre Hualpén y Talcahuano, pero también la medida de otra distancia más profunda, la que separa a las regiones de quienes toman decisiones desde Santiago. Esa brecha quedó expuesta en Impulsa Biobío, encuentro empresarial organizado por CPC Biobío, realizado pocas semanas después de que el Ministerio de Hacienda instruyera detener la tramitación de las concesiones para los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150, Autopista Concepción-Talcahuano. Son proyectos esperados durante más de 30 años, con una inversión cercana a US$400 millones, que permitirían aliviar la congestión, generar más de mil empleos y reactivar una región que registra un 10,4% de desocupación. La decisión, justificada por la estrechez fiscal, fue revertida al día siguiente después de la presión de autoridades locales, parlamentarios, gremios y sociedad civil. El gobernador Sergio Giacaman, hombre directo en el discurso y jugando de local, emplazó al Presidente Kast y llevó entonces el problema a una escala que Santiago pudiera dimensionar. La inversión completa de los corredores del Biobío equivale al costo de solo cuatro kilómetros de la nueva Línea 7 del Metro, que tendrá 26 kilómetros y se inaugurará en 2029. La línea completa representa más de seis veces el presupuesto necesario para comenzar a resolver una congestión que afecta diariamente al Gran Concepción.
La comparación resume una tarea agotadora que las regiones conocen bien. Deben traducir permanentemente sus urgencias al lenguaje de la capital para conseguir que sean comprendidas y aprobadas. La presentación del Ministerio de Obras Públicas confirmó esa distancia. Hay que destacar que fue la única que incorporó imágenes y montos, mostrando con orgullo el Puente Chacao, la conexión de las rutas 68 y 78, la expansión del Metro de Santiago, el embalse Zapallar y el borde costero de Algarrobo. Del Biobío solo se exhibieron dos imágenes, correspondientes al nuevo edificio de la PDI en Concepción y al Teleférico de Talcahuano, mientras la conexión entre el Puente Industrial y la Ruta Interportuaria quedó relegada a un listado de proyectos para 2028. Era una exposición probablemente correcta para Santiago, pero desconectada con las necesidades del territorio y del momento en que se realizaba. El problema no es únicamente que las decisiones estén centralizadas, sino que se adopten sin conocer los lugares donde producirán sus efectos. En infraestructura, ese desconocimiento se traduce en proyectos detenidos, empleos perdidos y cuatro horas para recorrer veinte kilómetros. En seguridad, debilita la presencia del Estado. Y cuando esa ausencia alcanza los extremos y las fronteras, también pone en riesgo la soberanía.
Santiago tampoco conoce sus rincones y los miedos de sus vecinos
Cuando todo lo que está fuera del epicentro del poder se reduce a “comunas” o “provincia”, las diferencias se intensifican y a la vez las identidades desaparecen. Da lo mismo el norte que el sur; una región minera que otra agrícola; una zona portuaria que una frontera. Las políticas públicas fracasan justamente cuando tratan como iguales territorios que no lo son. El 20% de la cartera 2026-2030 de proyectos MOP son para la Región Metropolitana, esta cifra no logra compensar el abandono profundo que empobrece a las comunas, expulsa a sus habitantes y deja espacios vacíos donde el Estado llega tarde, llega débil o simplemente no llega.
Ese vacío tiene consecuencias, y es un gran riesgo hoy a la seguridad y la soberanía nacional. Cuando oímos al alcalde White de San Bernardo sobre el dolor de las comunas periféricas sobre la delincuencia que terminó con una amenaza concreta de muerte, volvemos a ver que hay distintas sintonías incluso en la misma ciudad. ¿Dónde migran los grupos del crimen organizado? Las redes del crimen buscan territorios con menor presencia policial, menos oportunidades de trabajo y comunidades vulnerables para instalar rutas, reclutar personas y ejercer control.
Zonas fronterizas deshabitadas son espacios frágiles en soberanía
En las zonas fronterizas, las tensiones se vuelven aún más evidente. En la zona Austral de Tierra del Fuego, compartimos un territorio con una frontera que divide Argentina al oriente con más de 190 mil habitantes, mientras que en el territorio chileno al occidente solo viven 8 mil compatriotas, es decir, un chileno por cada 23 argentinos en una superficie 40% Argentina y 60% chilena. La diferencia no se explica únicamente por lejanía geográfica y un clima duro, Argentina ha entendido por décadas que poblar, conectar y generar oportunidades en el extremo austral es una forma concreta de ejercer soberanía.
Algo semejante ocurre en Pampa Concordia, a seis kilómetros de la frontera con Perú. Allí, terrenos que alguna vez fueron campos minados hoy sostienen agricultura mediante riego tecnificado y energías renovables. En cerca de 1.050 hectáreas se ha construido una experiencia productiva de pequeños agricultores que cultivan hortalizas y frutas tropicales en pleno desierto. Al otro lado de la frontera, Perú ha desarrollado una política agroexportadora de gran escala, con inversión y empleo. La comparación no es para competir por quién planta más. Es para recordar que una frontera habitada, productiva y conectada se protege mejor que una línea vacía en un mapa.
Soberanía es defender y antes que eso es cuidar: asegurar caminos, agua, conectividad, empleo, escuelas, salud y condiciones para permanecer. La seguridad también comienza mucho antes de que llegue una patrulla. Comienza cuando el Estado conoce el territorio, confía en sus autoridades y toma decisiones con la región sentada a la mesa.
La seguridad y la soberanía son puntos de quiebre a la miopía centralista
Si el Gobierno del Presidente Kast, o cualquier otro, quiere corregir décadas de centralismo, no bastará con viajar a regiones ni anunciar carteras nacionales desde un escenario local. Tendrá que incorporar conocimiento territorial antes de decidir, fortalecer a sus equipos regionales y transferir poder efectivo para priorizar, ejecutar y responder. Una política de seguridad también debe crear las condiciones para que las personas puedan permanecer, trabajar y proyectar su vida en sus territorios. Porque cada habitante que decide quedarse también está sembrando soberanía. Eso es gobernar mejor todo Chile.
Chile arrastra una doble pobreza producida por el centralismo: una pobreza económica y otra cultural. Desde Santiago se desconoce con demasiada facilidad la riqueza productiva y humana del resto del país. Se desconoce lo que significa sembrar cereales en el sur, recolectar arándanos, criar alevines de salmón, sostener una faena forestal, producir en el desierto o vivir en una isla austral. No hablo solo de patrimonio, culturas identitarias o folclor, sino de culturas productivas completas, construidas durante generaciones y esenciales para comprender cómo funciona Chile.
Desconocer el territorio divide a la sociedad entre regiones y capital, frena el desarrollo y, lo más relevante, debilita la presencia del Estado. Por eso, el centralismo y el desconocimiento no es solo ineficiencia, implica también un riesgo para la seguridad y la soberanía.
Un país no pierde soberanía de un día para otro. La pierde lentamente cuando deja de conocer sus bordes, cuando sus habitantes deben explicar una y otra vez por qué necesitan lo básico y cuando todas las decisiones importantes siguen mirando desde el mismo lugar, cuando tenemos alcaldes amenazados por combatir la delincuencia. La miopía centralista no solo impide ver a Chile, puede terminar dejándolo sin nadie que lo habite, lo produzca y lo cuide.