El diablo los junta, se dice cuando los malos se conciertan para hacer maldades. En esta ocasión los reúne la ideología que les ha permitido crear una red de activismo judicial para acusar a los carabineros, cuando actuaron en nombre del Estado, y a liberar a los octubristas, cuando han atacado el Estado de Derecho.
La querella que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos por tráfico de influencias, a partir de conversaciones del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó y Santiago, Juan Antonio Poblete, evidencia una vez más esta red que opera con impunidad en el Poder Judicial. El recurso no persigue el interés público, sino que busca desbancar a Mario Desbordes de la carrera por la alcaldía de Santiago. Irací Hassler ya ha dado varias conferencias acusando a su rival de corrupción, creyendo que puede dar un vuelco a la realidad: que perderá la elección por su cuestionada gestión alcaldicia en la comuna más importante de Chile.
Asegurar que la capital de Santiago continuará en manos del Partido Comunista se ha convertido en la madre de todas las batallas para el marxismo y adláteres. Y es en este contexto que apareció la oportunidad de infligirle un daño a Mario Desbordes, el favorito según las encuestas.
La ocasión la dio el «caso Topógrafo» que lleva la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde se encuentra formalizado el ex ministro Poblete por interceptación ilícita de comunicaciones en el Ejército. Dentro de esta pesquisa, Ciper dio a conocer los WhatsApp del juez, entre ellos, algunos con el entonces dirigente político y ex ministro Mario Desbordes para apoyar a la ministra M. Teresa Letelier para ascender a la Corte Suprema. Esto originó otra investigación, sobre posible nuevos delitos, como el tráfico de influencias en el Poder Judicial, que lleva la fiscal regional de Valparaíso.
Pero falta aún otro vehículo para dirigir los dardos directo al contendor de Hassler. Y aquí viene: el 7º juzgado de Garantía de Santiago donde está otro juez con declive octubrista, Daniel Urrutia, sancionado incluso por liberar a miembros de la “primera línea”, sin tener las facultades. El jueves, otro juez de ese juzgado declaró admisible la querella del INDH. ¡Bingo!
Se juntó el hambre con las ganas de comer: Desbordes dice que puede probar que la fiscal Ximena Chong (de la Fiscalía Centro Norte) filtró las comunicaciones a Ciper y luego hizo gestiones para que el INDH se querellara por tráfico de influencias ante el 7º Juzgado de Garantía. La directora del organismo, Consuelo Contreras, se ha defendido con que la querella es “innominada”, pero da la casualidad que menciona 30 veces a Desbordes, y que urgió el viernes 7 a los consejeros a apoyarla, dándoles hasta el día siguiente, sabiendo que contaría con los siete votos oficialistas (los cuatro de oposición se abstuvieron).
El resto es pan comido. Chong y Urrutia son conocidos ya, aunque se les permite continuar actuando como si fueran imparciales y no persiguieran con celo sólo a los que defienden y cautelan el Estado de derecho, como al ex general director de Carabineros que formalizará Chong. Urrutia fue recusado en la causa de Pío Nono por sus publicaciones contra Carabineros. La investigación, mera causalidad, la lleva Chong, quien lleva años acusando de homicidio a un carabinero, a pesar de que los peritajes y los testimonios más variados aseguran que este no lanzó a un joven que atacaba a la policía al río Mapocho, sino que su caída fue producto del choque entre el uniformado que corría y el manifestante.
SI existen ya dos investigaciones sobre el tema del ex juez Poblete, ¿qué aportará la del INDH? Intervención electoral pura, citar a declarar a Desbordes, amenazar con su formalización, formalizarlo, aunque todo termine en nada, después de la elección, claro.
El político de RN ha sido claro en que no pudo haber tráfico de influencia porque recibir sugerencias de nombres, y respaldarlos al máximo tribunal, está dentro de las reglas vigentes, donde 2/3 de los senadores deben aprobar las nominaciones al cargo que propone el Presidente a partir de una quina que elabora la Suprema.
Pero es más fácil acusar que explicar. Y lo cierto es que es el momento de reiterar la pregunta de si vamos a continuar legitimando un INDH que recibe millonarios recursos del Estado para defender los derechos humanos, pero que se ha convertido en un instrumento de la extrema izquierda que ampara la violencia. El Instituto se refociló presentado querellas contra las víctimas del octubrismo (que no fueron, por cierto, los 5 mil carabineros heridos) y buscó acusar al ex Presidente Piñera de violación sistemática contra los derechos humanos, un delito de lesa humanidad, de manera poder destituirlo.
El Instituto ha tenido un papel protagónico en la entrega de 418 generosas pensiones de gracia a manifestantes del 18-O, algunos ni siquiera lesionados y 69 con un nutrido prontuario. Para legitimar su actuar sesgado, su actual presidenta sostuvo entonces que “sólo el Estado, a través de sus órganos y agentes, viola los derechos humanos”.
Ahora no le parece nada contradictorio, sin embargo, apuntar a un político de RN que no era funcionario público. Pero Contreras ha defendido actuar fuera de su propósito legal, alegando que “el delito de tráfico de influencias (que ya investiga la fiscalía de Valparaíso) afecta los DD.HH.”. Siguiendo ese razonamiento, podría actuar frente a cualquier delito.
Hasta aquí el Ministro de Justicia, en gira con el Presidente Boric por Europa, ha sido categórico: la investigación “madre” es muy reciente, quien indaga es el Ministerio Público, y cuando se trata de delitos de funcionarios (como del ex juez), el legitimado para actuar es el Consejo de Defensa del Estado.
Veremos si al calor de la campaña el Gobierno mantiene esta postura imparcial u opta por continuar el camino de “instituciones deterioradas”, que fue la forma amable con que Boric describió la actual situación de Venezuela.
Porque los Chong-Urrutia no son neutrales, como tampoco el INDH, pero el sistema les permite perseguir y castigar judicialmente como si lo fueran.
Muy razonable todo lo expuesto. Quisiera agregar que el INDH en diversas declaraciones ha señalado que sería un derecho humano contar con un juez imparcial lo que sólo podría ser sostenido frente a un caso concreto y no como una especulación respecto a la eventual parcialidad de la Ministro Letelier. Respecto a los jueces Urrutia y Chong sí existe evidencia de su parcialidad.