El jueves, a las puertas del penal de Colina I, un diputado del oficialismo le devolvió al Presidente una frase suya. El lunes, en la radio, el Mandatario había dicho que no corresponde que una persona muera en la cárcel. El diputado le recordó que en ese penal, bajo su gobierno, han muerto siete, y preguntó hasta cuándo. Ese mismo día, un diario ponía el asunto en otros términos: ¿Antes o después de la aprobación del presupuesto? Dos preguntas en una semana, y no son del mismo género. Una pide una razón; la otra, una fecha. La del diputado es la correcta, y me la llevo prestada, aunque no suscriba todo lo que él pide con ella. Lo que está mal no es la pregunta. Es la moneda en que los dos bandos se disponen a pagarla.

En la misma crónica, una diputada republicana -que ha hecho campaña por estos indultos- sostiene que la libertad y la justicia no son monedas de cambio, y pide una decisión por convicción y no por cálculo político. La vicepresidente de la Cámara, de Renovación Nacional, pide que nadie se pase cuentas ni ponga condiciones. Y debajo de estas declaraciones late un verbo que nadie pronuncia precisamente porque todos lo están usando: conviene. Es una de las palabras más mansas del castellano y la que ha absuelto más injusticias que todos los tribunales juntos. No niega nada, no afirma nada, no compromete a nadie: se limita a informar que las cuentas no calzaron.

Y sin embargo la pregunta por la fecha, bien mirada, ya trae adentro una respuesta que nadie se atreve a decir en voz alta. Porque sólo hay tres posibilidades. Si el indulto viene exigido por graves razones de justicia -porque constituye el último remedio disponible frente a una condena que se tiene por injusta-, su oportunidad no puede quedar subordinada al calendario parlamentario; si es gracia y no deuda, entonces sí admite oportunidad, pero cuidado: la clemencia, aunque no sea exigible por el reo, tiene igualmente su propia regla, y esa regla mira la edad, la salud, el tiempo cumplido, el bien de la comunidad. Lo único que la clemencia no mira jamás es el calendario legislativo de un tercero. Y, por último, si el indulto es injusto, ninguna fecha lo vuelve justo, y discutir el mes en que se aplica es discutir cuándo sale más barato hacer el mal.

Se objetará que el indulto es un acto político y discrecional. En parte, lo es. Pero discrecional nunca ha sido sinónimo de arbitrario. Y si la fecha de una decisión de justicia o clemencia se fija según su utilidad para obtener un resultado parlamentario distinto, el indulto deja de ser tratado según su razón propia y pasa a funcionar como un activo político.

Un presupuesto es cálculo por naturaleza, y está muy bien que lo sea. Su materia son partidas, ingresos, déficits, votos necesarios: magnitudes que, para los efectos del cálculo político, admiten compensación y sustitución. Se parecen en esto a las cosas que el derecho civil llama fungibles, aquellas que se restituyen con otro tanto del mismo género y calidad. El dinero es el ejemplar puro: mil pesos se devuelven con cualquier otro mil. Los votos se intercambian, las partidas se compensan, los plazos se corren, y nada de eso tiene nombre propio. La libertad de un hombre determinado, en cambio, pertenece a otro orden, y la razón es exacta y no sentimental: no es fungible porque el tiempo no se restituye en la misma especie. Dos meses de cárcel no se devuelven más tarde con otros dos meses de nada. Nadie sostiene que no puedan compararse bienes de géneros distintos; eso hace la prudencia todos los días, cada vez que elige entre un hospital y una escuela sabiendo que no se miden con la misma vara. Lo que no cabe es que aquello que, por justicia o por una decisión de clemencia ya suficientemente fundada, corresponde restituir a una persona con nombre y apellido figure como contraprestación en un intercambio. Comparar bienes, sí; convertir la libertad concreta de un hombre en precio de otro bien, no.

Hay algo peor, y es que este modo de decidir no posterga una vez: posterga siempre. En marzo el horizonte era resolver dentro del año. En agosto, según fuentes de la propia bancada libertaria, el Presidente les habría transmitido que el asunto podría verse una vez despachada la megarreforma económica. Hoy el horizonte que se propone es después del Presupuesto, o sea el 30 de noviembre. Eso ya no es un aplazamiento: es un mecanismo que se renueva solo. La prudencia también mira las consecuencias -su materia son las cosas contingentes, y quien la imagine ciega a los efectos no ha entendido nada-, pero las pondera desde el bien que debe realizarse. El cálculo invierte el orden: pregunta cuánto cuesta realizar ese bien y, si el precio sube demasiado, vuelve a poner el bien mismo en discusión. Y el precio, abandonado a la mano invisible del mercado partidista, no termina de fijarse nunca. Siempre habrá una tramitación, una encuesta, una marcha, un adversario inconforme, un dolor de cabeza, un mes peor.

Nada de esto es un alegato por algún indulto en particular. Si el Gobierno resuelve mañana no indultar a nadie, y lo resuelve por razones de justicia, no tendré una línea que objetar. Lo que objeto es que la razón para no hacerlo sea la conveniencia del calendario. Hace unos meses escribí aquí que «todavía no» era la manera más cortés que ha inventado el hombre para decir «nunca». Me quedé corto. Hay una más cortés todavía -y ciertamente más burocrática- que ni siquiera se molesta en negar: se limita a avisar que ya se sacaron las cuentas y que todavía no dan.