Son cinco las encuestas que, en una semana, muestran que el Rechazo a la propuesta de nueva constitución se acerca o supera al Apruebo en el plebiscito de salida. Hay quienes atribuyen esa tendencia a una desinformación malintencionada sobre el trabajo de la Convención Constitucional.
Y es en parte cierto. En tiempos donde la información surge de las más diversas formas, las fake news proliferan y los sesgos de confirmación que invitan a favorecer la información que confirma las propias creencias se toman el debate, es posible reconocer que la discusión constitucional no ha sido especialmente rigurosa.
Pero esto no es nuevo. ¿Fue la discusión sobre la necesidad de cambiar la Constitución igualmente rigurosa? Durante años se le responsabilizó de los padecimientos más sensibles de la población, y nuestra Carta Fundamental perdió (o nunca generó) los afectos que requiere un pacto social para permanecer en el tiempo. Se instaló casi sin contrapeso que consagraba un modelo neoliberal que hacía imposible al Estado desplegarse como real garante de derechos sociales.
Pero no es necesario ser un experto para concluir que la Constitución actual permite al Estado aumentar sustantivamente su campo de acción. De hecho, durante la pandemia no pocos comentaron que el Estado se había convertido admirablemente en uno de bienestar. Pero sin ir tan lejos, no hay nada en la Constitución vigente que impida, por ejemplo, un sistema de pensiones de reparto (aunque sea una muy mala idea); y sucesivos proyectos de ley han propuesto aumentar la solidaridad de las contribuciones sin que se cuestione su constitucionalidad. Tampoco hay obstáculos reales a que el Estado profundice sus aportes y energías en la educación o la salud pública, y los Liceos Bicentenario son prueba de ello.
Distinto es que la Constitución le ponga límites al Estado para proteger a sus ciudadanos, ya que es para eso que nacieron las constituciones y, como bien señaló Richard Epstein, todo diseño constitucional debe procurar mantener el orden sin destruir la libertad. Esto implica que toda Constitución debiera respetar el derecho de propiedad, la libertad de asociación y la libertad de elegir los propios destinos, entre otros derechos y libertades.
También se le imputó a la Constitución ser la portadora del sistema binominal, pero eso tampoco es efectivo. La Constitución, al menos en su versión posterior al 2005, sólo contiene el número de diputados y el sistema electoral está regulado en una ley que fue modificada en el 2015, bajo la Constitución actual.
No pretendo con esto darle un nuevo aire a nuestra Constitución vigente, la que tiene sus pecados, principalmente en el origen. Pero podemos dar una larga lista de imprecisiones, medias verdades y derechamente falsedades que se han dicho de su texto.
El borrador de la nueva Constitución, hasta ahora de 161 artículos, también tiene sus pecados, y graves, pero no todo lo que se dice es totalmente cierto. No es cierto que se expropien los fondos de las cuentas individuales de ahorro, o que se haya cambiado el himno nacional. Pero tampoco debería sorprendernos que hoy se utilice la misma “estrategia” que durante años fue servil al propósito de cambiarla, con el fin de desacreditar la propuesta de nueva Constitución. Todos estamos sometidos a nuestros propios sesgos de confirmación, y tendemos a calificar positivamente aquellos hechos y noticias que respaldan nuestras opiniones previas.
¿Es posible, entonces, tener un debate sobre el pacto político que sea totalmente neutro y objetivo? Se trata de la discusión del ordenamiento político y de la consagración de los derechos fundamentales, por lo que resulta difícil imaginar un debate desapasionado, especialmente cuando se han puesto tantas esperanzas en lo que puede resultar de él.
Sin embargo, es necesario que quienes tienen mayor responsabilidad, puedan aterrizar ese debate y comunicar con honestidad a la ciudadanía lo que estaba mal, lo que se quiere corregir, los riesgos que se asumen con ciertas disposiciones y lo que realmente puede hacer una nueva Constitución. De lo contrario, la tendencia que ya anuncian las encuestas será una realidad en el plebiscito de septiembre, y habremos desperdiciado la oportunidad histórica de generar un pacto que nos una y nos enorgullezca.
*Andrés Sotomayor es abogado.