Los pocos días que han transcurrido en este mes de agosto, quedarán registrados en los anales de nuestro país. Por primera vez se tiene registro que un huracán haya azotado a Chile, con vientos de hasta 125 km/h en la RM. De acuerdo con la escala Saffir-Simpson que los define y clasifica en función de la velocidad de sus vientos, el que ocurrió en Santiago fue de categoría 1, por estar en el rango que va entre 119 y153 km/h.
Este huracán fue la causa de los graves daños en la red eléctrica que dejó sin energía a 1.243.905 personas y hasta el día en que escribo esta columna, aún no se logra restablecer la normalidad en el servicio en todos los hogares.
El otro evento relevante fue el cierre definitivo de Huachipato, lo que el gobierno considera una irresponsabilidad por parte de CAP, controladora de la usina, pues es una decisión que perjudica a cerca de 20.000 personas.
Frente a estos hechos el gobierno no solo ha criticado duramente a las empresas, sino que amenazó a Enel con revocarle la concesión, lo que nunca ha ocurrido en Chile, si no se les reponía el servicio a 20.000 hogares en 24 horas el jueves pasado. Enel pudo cumplir, pero aún no se les repone a todos los clientes el servicio normal de energía.
En ambos casos, Enel y Huachipato, hay razones económicas que es relevante comentar. En el caso de la luz, no podemos olvidar que, a partir de 2019, con el estallido y después debido a la pandemia, se congelaron las tarifas hasta cierto límite, pero el actual gobierno no respetó el acuerdo, pues siguieron congeladas hasta el 30 de junio de este año, con lo cual la deuda acumulada llegó a los US$6.500MM.
La pregunta es si se les puede exigir a las generadoras haber contado con recursos humanos y equipamiento especializado para enfrentar un huracán nunca ocurrido en Chile, sin contar con el financiamiento necesario, pues tuvieron que enfrentar una falta de compromiso del actual gobierno para aumentar los precios cuando correspondía, sino que dilató más de dos años esa medida.
Sin justificar a Enel, es justo pensar que estar preparados para un huracán en forma previa, manteniendo gente adicional a lo que se requiere en una operación normal cuesta mucho dinero y el Estado acumuló US$6.500MM en deuda, con lo cual las empresas eléctricas -estatales en ambos casos- no contaban con suficiente financiamiento para aumentar las cuadrillas de voluntarios y los equipos que habrían permitido solucionar más eficiente y eficazmente la crisis.
Eso en cuanto a Enel. En el caso de Huachipato, la compañía estaba a pérdida hace mucho tiempo, y a pesar de todos los intentos de que no ocurriera su cierre definitivo, el directorio se vio obligado a hacerlo, porque la empresa no era capaz de revertir las pérdidas, básicamente por la desleal competencia china producto de un comprobado dumping, especialmente en las bolas de acero, de amplio uso. Y la sobretasa que se decidió aplicar no alcanza a solucionar el problema, con lo cual, no le quedó otra decisión al directorio que cerrar definitivamente las operaciones de la acerera.
Ud. estimado lector estará de acuerdo con que nadie está obligado a mantener algo insostenible económicamente que solo genera deudas. Lamentablemente los únicos que están dispuestos a perder plata sin preocuparse son el gobierno con sus programas mal evaluados que gastan recursos sin resultados y las empresas estatales como Codelco, porque al final del día lo financiamos nosotros con nuestros impuestos. Pero los privados invierten sus propios capitales y no se les puede obligar a que se dediquen a perderlo para mantener un negocio inviable.
Finalmente, otra noticia preocupante para Chile es que la compañía minera BHP, en conjunto con la canadiense Lundin Mining, invertirán US$4.400MM comprando dos proyectos mineros de cobre en San Juan, gracias a que el Presidente Milei logró aprobar un régimen de incentivos para grandes inversiones, que les ofrece estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, además de otras garantías, que sin duda atraerá grandes inversiones al país trasandino, lo que debiera ser preocupación del gobierno, por la competencia que se va a instalar en el vecindario.
Enel y Huachipato le han permitido al gobierno criticar a los empresarios. Pero nada dice de su responsabilidad en estos casos y tampoco de su incapacidad para solucionarle el problema a las víctimas de los incendios en la V región y de su mala gestión en Codelco, que, a septiembre de 2023, acumulaba una deuda de US$18.000 MM.
Eso es ver la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga en el propio.

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