La dialéctica gobierno-oposición es una de las más importantes de la política. En ella, cada uno debe cumplir su tarea: el Ejecutivo debe dirigir los destinos del país y la oposición tiene que representar una alternativa que, mientras tanto, procura detener o cambiar proyectos de ley, mostrar una visión diferente del acontecer público y fiscalizar al gobierno.
Esa historia, que se repite cada cuatro años en Chile, tiene sus propias complejidades y contradicciones. Un diputado cualquiera, e incluso un partido, puede sostener una posición determinada en un momento al estar en la oposición y cambiar radicalmente cuando llega al gobierno. Así lo demuestran dos casos ilustrativos: los Estados de Emergencia en la Macrozona Sur, rechazados por el Frente Amplio y el Partido Comunista durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y la aprobación de los retiros de los fondos de pensiones, promovidos por la izquierda y algunos grupos en la derecha. El gobierno del Presidente Gabriel Boric aprobó después los mencionados Estados de Emergencia y rechazó los retiros, mostrando lo que en el pasado se llamaba una gran “flexibilidad táctica”. ¿Se trata de una contradicción evidente? Por cierto, hay algo de eso, pero otra cosa es más importante: el cambio de lugar en el mapa político, desde la oposición al gobierno.
Por eso, con prescindencia de los detalles de un momento, hay ciertas tendencias claras en política, que deben ser comprendidas adecuadamente. La primera es el deseo de los gobiernos de continuar en el poder, de ganar las elecciones, de tener el control sobre el poder, repartir cargos e influir en la dirección que debe tomar el país, de acuerdo con sus deseos y convicciones. La segunda es la aspiración de la oposición a cambiar de lugar, para poder llegar a La Moneda y, desde ahí, dirigir los destinos del país. ¿Cuál es el problema de fondo de las disputas actuales, que llenan las noticias de los medios y de las redes sociales? Uno bastante claro es la vigencia de la alternancia en el gobierno, que se ha expresado desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, quien entregó el mando a Sebastián Piñera, luego asumió nuevamente la propia Bachelet y después Piñera de nuevo, para dar paso finalmente a los gobiernos de Gabriel Boric y de José Antonio Kast. Es decir, de izquierda a derecha y viceversa. El segundo es una cuestión coyuntural: Chile pasó desde el Presidente ubicado más a la izquierda del espectro político desde el regreso a la democracia al gobernante situado más a la derecha, lo cual es un símbolo de los años que hemos vivido desde la revolución de octubre de 2019. Finalmente, el país no logra encontrar su lugar ni su camino: así como durante 20 años vivió la era de la Concertación y luego su despedida sin retorno, pero también sin que se iniciara una nueva etapa, en los últimos tiempos el país ha vivido buscando el rumbo de la refundación –revolución de octubre, Convención Constitucional y gobierno de Boric– mientras hoy parece buscar un nuevo camino, sin que pueda avizorarse el punto de llegada.
Todo lo anterior se expresa en la situación política chilena de las últimas semanas, donde hemos visto distintos problemas y contradicciones, asociados principalmente a la discusión del Plan de Reconstrucción y Desarrollo Económico presentado por el Presidente Kast. Es lógico que la oposición se plantee con convicción, decisión e incluso dureza en muchas oportunidades contra el gobierno de José Antonio Kast, y específicamente contra el mencionado Plan. Lo raro sería que la oposición, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista –que en su momento se sumaron a la decisión “de hecho” manifestada por la calle, de iniciar el proceso constituyente (12 de noviembre de 2019)– hoy se comprometiera con entusiasmo con un programa que no promovieron, no entienden y no comparten. Al respecto, hay razones de distinto tipo que motivan la postura opositora en general, aunque haya matices entre los partidos y dirigentes de la izquierda.
De partida, el actual gobierno y la oposición representan posturas políticas diferentes en el plano contingente, que se han expresado públicamente en numerosas ocasiones en la historia reciente: solo en diciembre pasado, se enfrentaron el republicano José Antonio Kast por “la derecha” y la comunista Jeannette Jara por “la izquierda”. Se trata de una nueva manifestación de los ámbitos de definición en que se encuentra Chile, lejos de la disputa entre la Concertación y la centroderecha, para pasar a la de Boric-Kast en 2021 y Kast-Jara en 2025.
Adicionalmente, hay posiciones doctrinarias o ideológicas contradictorias, que se expresan en las políticas públicas, en proyectos de ley e incluso en cuestiones mayores. Hace solo cuatro años la actual oposición, prácticamente sin excepción, promovió una Constitución que está en las antípodas de lo que representa el gobierno de Kast; era una verdadera refundación, muy distante de lo que fue también la Concertación y la tradición constitucional de Chile. La oposición rechaza las ideas de Kast, el contenido de su programa, lo que se advierte en sus propuestas y la dirección que podría tomar el país a partir del éxito de la actual administración, y por eso su oposición es radical, decidida y, muchas veces, intransigente. La derrota del gobierno es el triunfo de la oposición.
Por ello, no cabe duda de que hay una visión actual que se expresa en forma de contradicción abierta y clara. Como ha quedado de manifiesto, la oposición parece esperar el fracaso del gobierno, por las razones señaladas, pero también porque se juega todo un camino por delante. La izquierda –en ocasiones con apoyo de las derechas–, en los últimos quince años, ha procurado subir los impuestos, limitar la actividad privada, hacer crecer el Estado y reorientar el camino que había transitado Chile desde los años 90, cuando se consolidó el modelo económico de libre mercado, establecido en los años previos. Por eso, específicamente por algunas normas, la oposición hará cuanto pueda para rechazar el Plan de Reconstrucción.
En los últimos días hemos sabido que la oposición utilizará algunos recursos extremos para debilitar el proceso, como la idea de presentar más de 2 mil indicaciones al proyecto. Este obstruccionismo radical –quizá inédito desde el regreso a la democracia– es una muestra del ambiente que prima hoy en el país, ilustrativo de la descomposición de las instituciones y que anticipa un ambiente de polarización y escasa capacidad de llegar a acuerdos. En este esquema, el gobierno tiene algunas alternativas: la primera es lograr la mayoría parlamentaria, la segunda es procurar un acuerdo y la tercera es gobernar con los mecanismos existentes, tanto legales como administrativos y políticos. Debe descartarse, por los grandes perjuicios que implica, aquellas contradicciones dramáticas como las que afectaron los gobiernos de José Manuel Balmaceda y Salvador Allende, o el obstruccionismo que afectó a la primera administración de Arturo Alessandri. Sabemos cómo terminaron esos tres procesos.
En política, el orden de los incentivos es problemático y peligroso. El boicot parlamentario al Plan de Reconstrucción excede la lucha política y utiliza resquicios legales para dilatar la discusión y la eventual aprobación del proyecto. La razón parece clara: con pocas ideas y tras proyectos fallidos, la izquierda necesita el fracaso del gobierno para regresar a La Moneda, de lo contrario es posible que haya dos o tres gobiernos de derecha, que no serían de mera administración, sino también la manifestación y el inicio de una nueva era, como fue en el pasado la era de la Concertación. En este sentido, con un obstruccionismo desatado, un eventual triunfo de la oposición podría transformarse en derrota, o en una victoria pírrica. Es evidente que se trata de incentivos perversos, porque la disputa política tiene más relevancia hoy que hace tres décadas, quizá porque no solo implica una lucha por el gobierno, sino una dimensión más amplia de lucha por el poder y de hegemonía ideológica o cultural. Es lo que Tomás Mosciatti ha llamado “La gran batalla: la izquierda contra Kast”. Una apuesta riesgosa y cara, peligrosa y que puede tener un efecto boomerang. Pero en eso está la política hoy y no se ve ambiente de cambio.
Por lo mismo, no resulta conveniente analizar la actual discusión legislativa solo a partir de los titulares y las declaraciones públicas, del debate parlamentario o la discusión de los partidos. Es preciso evaluar los problemas de fondo, las corrientes subterráneas y, desde luego, la disputa que ya ha comenzado por La Moneda 2030.

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Queda claro que a la izquierda no le interesa el desarrollo de Chile ni el bienestar y felicidad de los chilenos. (Quedó clarísimo cuando quisieron destruir Chile con su mamarracho constitucional). Solo les interesa volver al gobierno para su beneficio económico.