El estado de excepción que Kast está perdiendo sin que nadie lo vote

Nadie ha votado todavía la reforma constitucional que crea el estado de excepción de seguridad pública. No hay sesión de sala, no hay resultado en pantalla, no hay lista de quiénes se pararon a favor y quiénes en contra. Y sin embargo la reforma ya perdió. La perdió en las reuniones del comité político, donde el ministro Arrau tuvo que empezar a ceder terreno que había firmado apenas días antes. La perdió en las declaraciones de senadores de su propia coalición, que hablan de «poderes excesivos» y de fórmulas por las que, textualmente, «así mueren las democracias». La perdió, sobre todo, en el momento exacto en que Kast más necesitaba una victoria y menos capital tenía para conseguirla.

Ese cruce no es casualidad. El proyecto ingresó al Senado el 17 de agosto con suma urgencia: ocho modificaciones a la Constitución y, en el centro de todas, un nuevo estado de excepción de hasta 120 días, prorrogable por el propio Presidente sin que el Congreso tuviera que pronunciarse hasta la tercera renovación. Días después, Criteria confirmaba cuatro semanas seguidas de estancamiento alrededor del 35% de aprobación, bien por debajo del 39-40% que Kast exhibía en junio; Pulso Ciudadano lo situaba en 25,6%, la cifra más baja desde que asumió en marzo. Incluso Cadem, que había repuntado con el traslado de reos de alta peligrosidad a la nueva cárcel de Talca, volvió a caer a 39% apenas se conoció el contenido de la reforma. Y sumó un dato que debería incomodar a La Moneda más que cualquiera de los anteriores: un 58% rechaza que sea el propio Presidente quien decrete en solitario el nuevo estado de excepción. No es solo que el gobierno pierda apoyo mientras negocia su proyecto insignia de seguridad. Es que buena parte de ese apoyo desconfía específicamente de la herramienta que el gobierno diseñó para ganarlo. Un Ejecutivo así no negocia desde una posición de fuerza. Negocia porque no le queda otra.

El quiebre, además, no vino de la oposición, que en rigor ni siquiera tuvo que mover un dedo. Vino de Evópoli, cuyo presidente, Luciano Cruz-Coke, respaldó la agenda en general, pero fue explícito en que el nuevo estado de excepción entregaba facultades que «jamás querría en manos de la oposición». Vino del senador Matías Walker, para quien el diseño de ocho meses sin control parlamentario era la fórmula por la que mueren las democracias, y que terminó por decir, sin rodeos, que lo más razonable era retirar el proyecto completo. Vino de RN y la UDI, donde Andrés Longton, Javier Macaya y el propio presidente del partido, Guillermo Ramírez, pidieron acotar el borrador antes de seguir avanzando. Y vino, desde el extremo opuesto de la misma coalición, del Partido Nacional Libertario: Johannes Kaiser advirtió sobre una deriva hacia un régimen con escasas credenciales democráticas, y su hermana, la senadora Vanessa Kaiser, fue todavía más categórica al decir que el proyecto, tal como estaba, no le resultaba apoyable.

Cuando Evópoli, RN y el ala libertaria coinciden en el diagnóstico, aunque militen en polos distintos del espectro, la objeción deja de ser ideológica. Se vuelve aritmética. El gobierno necesita cuatro séptimos —89 votos en la Cámara, 29 en el Senado— y el conteo informal por estos días lo sitúa a un mínimo de cinco votos de esa cifra dentro de su propia coalición, con el riesgo de que la Comisión de Constitución rechace de plano la idea de legislar y el proyecto quede archivado por un año. Esa comisión, presidida por el senador Pedro Araya, ni siquiera alcanzó a ponerla en tabla antes del receso legislativo regional. Y Araya no es precisamente un aliado cómodo: tiene una evaluación crítica de la gestión de Arrau y ha manifestado reparos propios sobre la reforma.

La respuesta del Ejecutivo ha sido ceder dos veces en menos de una semana. Primero recortó el proyecto de once artículos a seis o siete medidas, y aceptó que pasara por tres comisiones —Constitución, Defensa y Seguridad Pública— en lugar de una tramitación acotada, lo que en la práctica multiplicó las instancias donde el texto puede seguir erosionándose. Después, el senador Arturo Squella —presidente del propio Partido Republicano, la colectividad de Arrau— selló con Longton un acuerdo para que el estado de excepción requiera aprobación del Congreso desde el primer día, no desde la tercera renovación, y para que su revisión sea cada 30 días en lugar de cada 240a. Es la propia colectividad del ministro de Seguridad la que está desarmando, artículo por artículo, el diseño que ese mismo ministro presentó como el corazón de su agenda contra el crimen organizado. Ni siquiera esas concesiones alcanzaron para destrabar el calendario: días después del acuerdo, la Comisión de Constitución seguía sin poner el proyecto en tabla, y en el mejor de los escenarios para La Moneda recién lo hará en la primera semana de septiembre.

Esta semana el proceso dio un salto más. Paulina Núñez, presidenta del Senado y militante de RN, dejó de hablar de ajustes puntuales y pasó a pedir derechamente el retiro del nuevo estado de excepción: bastaba, sostuvo, con perfeccionar el estado de emergencia que la Constitución ya contempla, sin crear una quinta figura que —advirtió— «no va a tener ni siquiera apoyos para la idea de legislar». Y no se quedó en la declaración pública. Junto al senador Longton, abrió conversaciones directas con Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución, y con Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, para explorar fusionar el proyecto de Arrau con mociones ya presentadas por la propia oposición —una de ellas firmada, de hecho, por RN, el PS y el independiente Karim Bianchi. Es un giro que dice más que cualquier encuesta: el oficialismo dejó de negociar los términos de su propio proyecto y empezó a negociar con la oposición la posibilidad de reemplazarlo por uno ajeno. El cálculo detrás es elemental. El Ejecutivo necesita 29 votos en el Senado y al menos cuatro de los suyos —Walker, Miguel Ángel Calisto, Vanessa Kaiser e Ignacio Urrutia— no respaldarían siquiera la idea de legislar. Sin esos votos propios, los de la oposición dejan de ser un gesto de buena voluntad y se vuelven la única aritmética posible.

Kast, mientras tanto, insiste en que el crimen organizado ya restringió las libertades que la reforma busca devolver, y pide responsabilidad y prudencia en la discusión legislativa. Es un argumento razonable en abstracto y del todo insuficiente frente al problema real, que no es de comunicación sino de correlación de fuerzas. El diagnóstico de la amenaza lo comparte casi todo el arco político. El diseño de la herramienta para enfrentarla no lo comparte ni su propia coalición. Y en un gobierno que empezó a perder aprobación justo en las áreas de seguridad y control fronterizo que constituían su promesa central, cada semana de estancamiento en el Senado deja de ser una simple demora legislativa. Es la prueba pública de que el instrumento con el que Kast pensaba capitalizar su ventaja comparativa se está convirtiendo, semana a semana, en el escenario donde esa ventaja se disuelve.