Los ecos del asesinato de los tres carabineros, Carlos José Cisternas Navarro, Sergio Antonio Arévalo Lobo y Misael Magdiel Vidal Cid, ha derivado en largas dos semana sin ningún tipo de resultados. En los momentos que escribo, la Fiscalía no ha informado de detenidos relacionados con este hecho pese a que los investigadores no han elaborado hipótesis concretas sobre quién o quiénes articularon este salvaje episodio de muertes y terrorismo. Existe la presunción de que los organizadores actuaron sobre la base de un preciso cronograma de asesinato y que fue ejecutado precisamente el 27 de abril, aniversario de Carabineros de Chile.
Por otra parte, la suspensión de la semana distrital con el objeto de avanzar en proyectos de leyes que apunten a mejorar el control de la ola de violencia que recorre el país, tuvo resultados muy parciales. Sólo se logró avanzar en el proyecto de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el que tuvo un pequeño avance, quedando aún, atrasados, los proyectos de Prevención del Terrorismo, de Inteligencia y el que permite crear un Ministerio de Seguridad. Pese a los anuncios grandilocuentes de Boric respecto a estas leyes, sus mismos partidarios en la Cámara de Diputados, se dedicaron a poner barreras para el avance en estas materias. Creo que la coalición gobernante debería concentrarse en las atribuciones que tiene, la que le permite gestionar el monopolio del uso de la fuerza. La aprobación de leyes podría contribuir a mejorar el ejercicio del uso de la fuerza para restablecer el estado de derecho y el imperio de la ley. Sin embargo, el Partido Comunista y el Frente Amplio se esmeran en colocar obstáculos para detener a la subversión, la violencia, inseguridad y terrorismo. En esas condiciones es muy difícil que se restablezca el imperio de la ley y del orden.
Así mismo, la oposición quiere introducir modificaciones que permitan que la justicia militar acompañe el articulado correspondiente a las Reglas del Uso de la Fuerza, con el objeto de que haya certidumbre cuando las fuerzas de orden enfrenten situaciones límites. En definitiva, mientras la oposición se empeña en establecer proyectos de leyes que mejoran la seguridad, la izquierda se esmera en hacer todo lo contrario.
Recordemos que cuando se inauguró el gobierno de Boric, La Moneda retiró las querellas aplicadas a muchos delincuentes, además indultó y otorgó pensiones de gracia a una gran cantidad de personas involucradas en la revuelta y sus derivados, que comenzaron en el país el 18 de octubre del 2019. Esa violencia le permitió a la actual coalición acceder al poder. Por lo tanto, desde ese punto de vista, al Partido Comunista y al Frente Amplio les conviene un ambiente de desorden y subversión para refundar y convertir a Chile en una república diferente.
La pérdida del plebiscito de septiembre del 2022 fue un golpe para las intenciones refundacionales. El país claramente le indicó a La Moneda, que no quería ese tipo de reformas. Por lo tanto, La Moneda se ha concentrado en proyectos de leyes que buscan cambiar las pensiones y la estructura de impuestos en nuestro país. Un fracaso total. Tampoco tienen los votos. Esta tozudez ha llevado a que Chile se sumerja en una crisis política profunda, la cual ha sido acompañada por una crisis económica de envergadura. El país necesita rapidez en instalar un nuevo escenario que apunte a los problemas más graves que enfrenta la ciudadanía: delincuencia, terrorismo y violencia. Por otro lado, el estancamiento de la economía produce bajo crecimiento, desempleo e inflación.
Boric insiste en buscar remedios para instalar su refundación, pero no apunta a los problemas fundamentales que vivimos.
También tenemos una crisis en la educación pública, la que ha dejado sin matrículas a muchos estudiantes sin recursos.
Si no se resuelve el tema de las isapres, se podría convertir en una crisis de la salud que afectará, sobre todo, a amplios segmentos de la clase media que se atiende en ambos sistemas; el público y el privado. Esto podría arrastrar también a otros prestadores de salud, como las clínicas asociadas a isapres, las cuales podrían quebrar. Sabremos de esta situación este lunes, cuando las dos cámaras del Parlamento voten lo ofrecido por la comisión mixta creada para estos efectos. Es decir, que la deuda de las isapres pueda ser servida en el término de 13 años. De no aprobarse, habrá un colapso en el sistema de salud.
El Presidente Boric debe decidir si llevará al país a una solución de las crisis que enfrenta o continuar su intento refundacional, el cual produciría una crisis aún mayor.