En los últimos meses se ha escrito y se ha hablado mucho sobre el fracaso del gobierno de la Unidad Popular, principalmente desde la óptica política. Menos se ha discutido sobre la profunda crisis económica que enfrentaba Chile en 1973, imposible de desvincular de la situación política y también del golpe de Estado. Parece existir bastante desconocimiento sobre esta materia, lo que no es raro, considerando que un 70% de los chilenos no había nacido aún en 1973, y que además las bases de datos de uso habitual no cubren en general ese período, por lo que el análisis requiere un proceso de investigación previo.
Sabemos que en 1973 la situación económica era caótica; fuerte desabastecimiento, colas, mercado negro e inflación galopante, con serias dificultades para adquirir artículos básicos, sin embargo, no parecen claras las causas de esa crisis ¿Tenía algo que ver con bajos precios de exportaciones, un supuesto boicot externo, o con el acaparamiento de las clases acomodadas? No es así, la situación de términos de intercambio que enfrentaba el país en esos años era favorable (en dólares de hoy el precio del cobre era de US$ 4,7/libra), junto con tasas de interés externas moderadas y un precio del petróleo reducido. La crisis económica era el resultado de un mix insostenible de políticas públicas, que si bien llevada décadas, se exacerbó hasta el paroxismo entre 1971 y 1973.
Aunque los malos resultados en muchos ámbitos se retroalimentaban, la causa más importante del problema económico era el déficit fiscal, que se financiaba mayoritariamente con préstamos del Banco Central, es decir, con impuesto inflación, el más distorsionador e inequitativo de los impuestos. En ese entonces el país llevaba décadas en que la responsabilidad fiscal no estaba dentro de sus prioridades de política.
Entre 1967 y 1970 el déficit fiscal ya era elevado, de un 3,7% del PIB en promedio, subiendo a casi un 15% promedio entre 1971 y 1973, con una tendencia fuertemente creciente. Si se agrega el déficit de las empresas públicas y aquellas que pasaron al control del Estado, el déficit fiscal llegó a un 30% del PIB en 1973. El correlato era el crecimiento en la cantidad de dinero para financiar estos déficits, y como resultado, un proceso de inflación creciente. Esta última era un problema endémico en Chile, llegando a casi un 30% promedio al año en la década del 60, con un crecimiento de la cantidad de dinero de 36%, también en promedio. Entre 1971 y 1973 el crecimiento del dinero subió a más de 200% por año, con el resultado esperado en la inflación, que fue de 22% en 1971, 163% en 1972 y 508% en 1973.
Entonces, frente a este grave problema inflacionario, se exacerbó la política de controles de precios (que también llevaba mucho tiempo), con el discurso de siempre en estos casos: la inflación se producía por los abusos de los empresarios, por lo que se requería que el Estado fijara “precios justos” para los bienes. Todos los precios se fijaban en ese entonces, con un nivel de desagregación que llegaba al absurdo. Dado que las fijaciones solían ir por detrás de las presiones inflacionarias originadas en el exceso de liquidez, se producía desabastecimiento y mercado negro, no por el “acaparamiento de los momios”, sino como consecuencia lógica de precios fijados por debajo del nivel de equilibrio, y muchas veces también por debajo de los costos de producción. Esto porque otra de las políticas de la Unidad Popular fueron los aumentos salariales muy por sobre la inflación.
En 1971 el salario mínimo había sido reajustado un 67%, cifra que triplicaba la inflación de ese año, y entre abril de 1971 y abril de 1973 el índice de salarios se había multiplicado por cuatro veces. En esas condiciones, el mercado negro terminaba siendo la única forma de abastecerse, en forma muy ineficiente, de bienes inexistentes en el mercado formal, lo que además generaba habitualmente que las decisiones de compra obedecieran a criterios de precaución más que de necesidad.
Las presiones inflacionarias se intentaban frenar también con controles cambiarios, dentro de una anárquica política de tipos de cambio múltiples, de acuerdo con el tipo de transacción, que en 1973 fluctuaban entre E° 25 y E° 1.300 (los exportadores de cobre recibían un tipo de cambio muy castigado, mientras las importaciones de ciertos bienes se vendían a tipos de cambio muy altos, dañando la competitividad productiva). El problema es que la fijación de tipos de cambio con objetivos inflacionarios abarataba importaciones, deteriorando la balanza comercial y las reservas internacionales, que fueron negativas en términos netos entre 1971 y 1973.
Por supuesto, la cuenta corriente era fuertemente deficitaria, llegando a un 5% del PIB en 1973. La escasez de divisas producida por políticas de precios erradas se enfrentaba entonces por la vía arancelaria, junto con cuotas y permisos de importación, a través de una estructura completamente irracional, con tarifas que fluctuaban entre 0% y 1000%, promediando cerca de un 100%. Esto formaba parte de la política de sustitución de importaciones que se había iniciado hace un par de décadas, y que, por las presiones de grupos, favores políticos e intentos de evitar la pérdida de divisas, había perdido toda racionalidad, resultando en niveles de protección excesivos a una industria crecientemente ineficiente.
Un aspecto esencial que contribuyó fuertemente a la crisis económica fue lo ocurrido con el derecho de propiedad. Esto porque el programa de la Unidad Popular contemplaba como uno de sus ejes el traspaso al Estado de parte importante del aparato productivo nacional. Sin embargo, este proceso se llevó a cabo sin un respaldo jurídico, y por lo tanto, vulnerando muchas veces la institucionalidad, o utilizándola en forma mañosa para hacerse de las empresas. El problema fue doble, ya que frente a la extrema incerteza jurídica se afectaron fuertemente las decisiones productivas, en un entorno de hostilidad entre trabajadores y empresarios, lo que profundizó la caída de la actividad económica. Las empresas estatizadas o tomadas muchas veces eran administradas sin la necesaria experiencia, o con criterios de favorecer a los trabajadores con mejores salarios y a los consumidores con menores precios, lo que deterioraba aún más la situación fiscal, acelerando las presiones inflacionarias.
Todo este entorno de distorsiones de precios, déficit fiscal creciente, inflación, mercados negros, y problemas en los procesos productivos evidentemente generaba resultados muy pobres de crecimiento. A pesar de que en 1971 la economía había crecido más de un 9% producto del fuerte aumento del gasto público, el exceso de liquidez y un aumento de salarios que triplicó la inflación, los dos años siguientes fueron de recesión, acumulando una caída de 6%.
En definitiva, en lo económico se enfrentaba un círculo vicioso de deterioro, en que políticas públicas erradas llevaban a introducir nuevas distorsiones, que terminaban por agravar los problemas que se buscaba corregir. Era totalmente imposible, sin cambios muy drásticos a la política micro y macroeconómica, que el país pudiera pensar en resolver esa profunda crisis económica, que indudablemente se constituyó finalmente en una causa adicional del quiebre democrático, y también en un motivo de apoyo en ese entonces al golpe militar.
En 1973 el país vivió un quiebre de la democracia, que no se inició el 11 de septiembre, sino que se fue incubando en lo político y lo económico varios años antes, con muchos y variados responsables. Si miramos la institucionalidad económica actual, es evidente que se han aprendido muchas lecciones del pasado, pero queda bastante por mejorar aún. Aprendamos de la historia para mejorar el futuro y no para volver a vivir el pasado.
