La dificultad para trabajar en equipo está a la vista, tanto en el gobierno como en la oposición. Y son las personas las que terminan pagando el costo. No se trata de buscar culpables ni de poner nombres. Se trata de mirar las circunstancias con honestidad para encontrar la forma de que el país salga adelante.
Lo que asoma es el deterioro, ya largamente conocido, de una clase política cuyos móviles parecen cada vez más distantes de los ciudadanos. Una democracia eficaz depende de la calidad de la política, y esa calidad hoy se nos escapa entre las manos.
Hemos normalizado un modo asfixiante de convivir en discordia: gobierno contra oposición, gobierno contra sí mismo, oposición contra sí misma. El nivel de conflictividad atraviesa barreras inaceptables que se están convirtiendo en hábito. Y contamina a las personas, cuya mayoría ya descree de los partidos y del Parlamento.
Detrás de esa conflictividad, que cambia de protagonistas pero no de naturaleza, hay algo más antiguo que cualquier coyuntura. Cada uno de nosotros tiene un ego funcional, el que nos exige y nos empuja a mejorar. Pero hay también un ego desmedido, el que se enfoca solo en el mérito propio y termina perjudicando al objetivo común. Hannah Arendt lo advirtió hace décadas: la política existe entre los hombres, no en cada uno por separado. Cuando ese “entre” se rompe —cuando cada actor se concibe a sí mismo como protagonista único— lo que queda no es política, sino exhibición. La necesidad constante de reconocimiento mata la colaboración: aleja a quienes podrían haber formado un buen equipo. No es un fenómeno chileno ni nuevo. Es humano. Lo distinto es cuánto espacio le hemos abierto en lo público.
Hoy los problemas del país son lo bastante complejos para que ninguno se resuelva en solitario. Exigen colaborar con personas distintas, con enfoques distintos, a veces con intereses distintos. Eso requiere paciencia para encontrar los puntos de unión, y una comunicación pausada y argumentada para resolver los conflictos que inevitablemente surgen. La prioridad es la gente. Y los conflictos se conversan y se arreglan puertas adentro. La tónica de hoy es la inversa: los desacuerdos se ventilan en los medios, lo que delata, más que cualquier otra cosa, el deseo de figurar.
El nuevo gobierno cumple casi dos meses. Pasaron sesenta de los noventa días anunciados como plazo para definiciones en materias mayores. La expectativa era alta, alimentada por la desilusión con la administración anterior y por la promesa de cambio en campaña. Como ocurre siempre, la realidad recién se conoce al asumir, y eso toma tiempo. El traspaso, además, fue largo y poco eficiente. Convendría que los gobiernos salientes tuvieran por ley un protocolo de entrega, sin tomar decisiones que comprometan recursos futuros ni designar funcionarios sin consultar al ganador. No es un reproche puntual: es una falla institucional que se repite y que termina afectando a quienes nada tuvieron que ver con la elección.
A eso se sumó una situación fiscal estrecha, un leve repunte inflacionario que rompió la tendencia a la baja, un Imacec bajo lo estimado, un aumento del desempleo —el femenino llega al diez por ciento— y una guerra inesperada en Medio Oriente con impacto económico global. La realidad complicó los planes y obligaba, justamente, a lo que más cuesta: más diálogo interno, comunicación cuidadosa, capacidad de reevaluar.
Lo que se observa, sin embargo, es lo contrario. Conflictos que debieran resolverse en una reunión se ventilan en la prensa. El propio presidente del partido del Presidente cuestiona al segundo piso. La sensación de descoordinación es pública. No es solo un problema de imagen. Es algo que erosiona, día a día, la esperanza de personas que ya vienen cargando desilusiones acumuladas.
En materia de seguridad, la urgencia no admite dilaciones. La impunidad delictiva es total, y la presencia policial brilla por su ausencia: se necesitan patrullajes incesantes, visibles, en las calles donde la gente vive. Eso debe resolverse hoy, no a futuro. Hubiera sido importante conocer con mayor precisión qué se hará, y ver a la ministra y a su equipo en acción más que en reacción a episodios puntuales. Lo anunciado el Día del Carabinero apunta en la dirección correcta, en particular el esfuerzo por recuperar a los efectivos que dejaron la institución a partir del octubrismo. Es una señal valiosa. Pero la ciudadanía no sabe cuánto demora cada decisión, cada despliegue, cada coordinación dentro del aparato, y tampoco tiene por qué saberlo. La inseguridad no se vive en los plazos institucionales. Se vive ahora. Esta es, además, una de las grandes deudas que dejó el gobierno de Boric con la sociedad: una deuda conocida desde hace años, que no permite más postergaciones.
La oposición no atraviesa un momento más auspicioso. Llegó derrotada por el fracaso de su candidata, fragmentada y sin propuestas claras, con un Partido Comunista que se declara marxista leninista y un Frente Amplio inclinado a la convocatoria callejera. Pero quizá lo más ilustrativo, y por eso vale la pena detenerse, es lo ocurrido con la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri. La senadora exigió en sala la renuncia del ministro de Hacienda y fue desautorizada minutos después por la propia presidenta de su partido. Una discusión que correspondía a la bancada terminó en el hemiciclo y en redes sociales. No se trata de juzgar a personas, sino de reconocer una pauta: la política convertida en vitrina antes que en tarea común. Cada demora y cada conflicto del oficialismo es, además, un regalo para una oposición que solo logra unirse en torno al discurso en contra.
La última encuesta Cadem entrega una señal que no se puede pasar por alto: 57% de desaprobación al Presidente Kast, el nivel más alto desde el inicio de su mandato, y una caída de veintiún puntos en la expectativa ciudadana de que el gobierno logrará reducir la delincuencia. Es preciso tomar conciencia de la gravedad del momento. No de la gravedad para tal o cual sector político, sino de la gravedad para el país.
Lo que se necesita ahora no es un nuevo plan comunicacional, ni más cámaras, ni más declaraciones cruzadas. Es una vuelta a algo más sencillo y más difícil: sentarse a conversar, buscar puntos de encuentro, resolver puertas adentro lo que se pueda resolver puertas adentro. La ley de reconstrucción lo exige, y lo exige también, en silencio, una ciudadanía que ha perdido demasiadas veces la paciencia.
No es una utopía. Hay parlamentarios de distintos sectores que llevan años trabajando juntos en comisiones técnicas sin que nadie los note, precisamente porque trabajan. Hay alcaldes que coordinan con el gobierno central sin importar el color. Esa política existe; lo que falta es darle el espacio que hoy ocupan los egos.
Lo otro —el ruido interno, las filtraciones, las luces de cámara buscadas— es el lujo que un país en esta hora ya no puede pagar.
Brillante