El castigo público hace temer

Siempre en la historia el castigo fue público, como un modo de amedrentar a otros a no cometer las mismas acciones, ya que el castigo era conocido. De hecho, las ejecuciones eran públicas y los cuerpos de los traidores quedaban exhibidos para aleccionar. Todo esto no es simplemente por barbarie, sino como una estrategia para garantizar el orden público.

Desde hace mucho el concepto del derecho de los delincuentes, que muchas veces son mayores que los de la gente de bien, cuestionó y prohibió una serie de acciones que ciertamente ayudaban al orden público. Es interesante ver que mantener a un preso en Chile cuesta entre $900.000 y $1.200.000 mensuales, lo que claramente es más que el sueldo mínimo y más de lo que muchas personas de bien ganan. El Estado se gasta ese dinero per cápita criminal, dinero que sale de lo que aportan desde impuestos los ciudadanos. Parecería de toda lógica que los reos debiesen, por castigo, generar su propia manutención, al menos. Este gasto incluye los servicios básicos de alimentación, raciones alimentarias diarias y suministros del penal. Del mismo modo, contempla salud y educación, prestaciones médicas institucionales y subvenciones educativas intramuros. Por último, esto también suma personal y seguridad, las remuneraciones de los funcionarios de Gendarmería, infraestructura, vigilancia y vestuario técnico.

Esta semana el gobierno se marcó un gran punto comunicacional que cumplió con el viejo rol de las ejecuciones públicas. Se llevó a cabo el traslado de presos de alta peligrosidad a la nueva cárcel a las afueras de Talca, como parte del “Plan Cancerbero”.  El nombre del plan es curioso e ingenioso. Hace alusión a la mitología griega, al personaje de “Cancerberus”, el despiadado perro guardián del Hades, el inframundo. Se trataba de un ser monstruoso, un perro gigante de tres o más cabezas, cola de serpiente y víboras brotando de su lomo. Era hijo de Tifón, el dios de los vientos huracanados y Equidna, ninfa, mitad mujer y mitad serpiente. Era también hermano de Hidra de Lerna y de la Quimera, todos los terrores del antiguo mundo griego. Su tarea era clara y estratégica, debía impedir la entrada de los seres vivos al mundo de los muertos y evitar la salida de las almas que ya habían cruzado el río Estigia, devorando a cualquiera que intentara escapar. Es, por tanto, un guardián severo. Es un muy buen nombre para un plan de seguridad que pretende separar el mundo de los libres del mundo de los presos y que busca generar los contrastes necesarios. Terminar con la comunicación, las visitas sexuales y otras prebendas injustificadas y ridículas imperantes en Chile. Se busca el aislamiento total, cortar con la comunicación con el mundo exterior, impedir que los reclusos operen desde la cárcel, como hasta hoy lo hacen. Del mismo modo, se busca instalar un régimen restrictivo, con celdas individuales, uniformes distintivos, restricción de visitas con contacto físico y reducción drástica de horas de patio. Asimismo, se incorporan inhibidores de señal, escáneres corporales y control riguroso de gendarmería. Todo esto es algo que la ciudadanía clamaba desde hace mucho y que es de toda lógica y sentido común. Por lo mismo, el operativo de este agosto en el que se hizo un traslado masivo de más de 600 internos de peligrosidad alta y cabecillas de bandas criminales al complejo Penitenciario la Laguna en Talca, fue tan emblemático. 

La caravana de gendarmería y fuerzas de seguridad fue transmitida públicamente por los canales oficiales del gobierno. Fue un traslado público y mediático, que buscaba emular las ejecuciones públicas del pasado. Todos saben qué les sucederá si cometen las mismas acciones. De hecho, la izquierda criticó, como era esperable, pero sonó como una crítica vacía, criticar lo incriticable. Hay más que piso para la medida.

Este es el comienzo de la megarreforma de seguridad con protagonista al ministro de seguridad, Martín Arrau. Este plan requiere una reforma constitucional de seguridad para reestructurar el marco legal y penal del país e impedir que muchas materias sean impugnadas por el tribunal constitucional como fue el caso de Escuelas Protegidas. Este plan contempla la muerte cívica y pérdida de beneficios sociales para quienes cometan delitos graves, perdiendo subsidios habitacionales, gratuidad universal y PGU por 15 años. Restricción en salud, se busca limitar el acceso a las prestaciones médicas institucionales no esenciales para los condenados por terrorismo y crimen organizado. A esto se le agrega el registro oficial de vándalos e incivilidades que busca limitar los beneficios sociales a personas condenadas por agresiones a carabineros, narcotráfico y destrozos en el transporte público.

Se busca crear una nueva institucionalidad y nuevos tribunales, modificando la estructura judicial y de persecución penal para blindar a los operadores de justicia frente a amenazas de bandas transnacionales. Se proponen tribunales blindados, jueces sin rostro, con identidades reservadas para proteger a magistrados y fiscales a cargo de causas de alta peligrosidad. Del mismo modo, se propone policía militarizada de fronteras, para esto se necesita establecer constitucionalmente una rama especializada de las Fuerzas Armadas para el control y resguardo de las zonas fronterizas. Para estas reformas se necesita un quórum de 4/7, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que no es alto, ya que esto se había, descriteriadamente, bajado en 2022, eliminando los quórums supra mayoritarios de la constitución del ’80 de 3/5 y 2/3. Hoy, es una oportunidad para iniciar el principio del fin del crimen organizado en Chile. Sería esencial volver a los antiguos quórums para asegurar la estabilidad país.