“Se ha democratizado el acceso”. Esta fue la respuesta del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a la cuestión de los liceos emblemáticos y su salida del ranking de los cien mejores colegios en puntajes PAES. Establecimientos educaciones como el Instituto Nacional o el Liceo Carmela Carvajal, que históricamente habían contribuido a la formación cultural de las élites meritocráticas chilenas, han desaparecido. Nominalmente existen, pero son sólo una cáscara, una sombra vacía de lo que fueron. Ya no son la aspiración de los jóvenes más talentosos de la educación pública, ni el lugar de una formación republicana de la que enorgullecerse, ni el instrumento de movilidad social que eran hasta hace una década. ¿Qué es, entonces, lo que se democratizó? ¿Hay algo que celebrar en ese indiferenciación chata de la educación que ofrece hoy el Estado de Chile, que parece estar cada vez más lejos de las oportunidades que ofrece la educación pagada?
El mundo de la nueva izquierda se resiste a reconocer que en materia educativa las cosas están peor y el papel que puede haber jugado en esto su histórico discurso anti mérito.
Es obvio que la PAES está lejos de ser un indicador complejo de calidad educativa, pero aun así los resultados de esta semana parecen confirmar una verdad del porte de una catedral: la educación pública continúa degradándose a vista y presencia de todos, y lo hace paradójicamente bajo el mandato de quienes nacieron a la política para mejorarla.
El problema de la calidad de la educación clama al cielo desde hace décadas (¿en qué momento nos creímos desarrollados con un nivel de analfabetismo funcional como el nuestro?), pero el discurso y las reformas políticas impulsadas por la nueva izquierda en la última década no han hecho más que profundizar la crisis. El declive de liceos como el Instituto Nacional probablemente tiene varias causas, pero sería demasiado ciego desconocer el influjo de la reforma educacional de Bachelet II y su exigencia de terminar con la selección. El acceso fue deliberadamente democratizado y, en el proceso, este y otros colegios, demolidos. La dudosa teoría del “efecto par” y la ausencia de cualquier política para mejorar la calidad del sistema terminaron por completar el cuadro y consumar el desastre.
Que el gobierno intente prohibir a las universidades publicar los resultados de la PAES sólo confirma su inquietud frente al actual escenario (pese a que consiguió la anhelada “democratización”). Lo que no es claro es que la nueva izquierda haya tomado conciencia de su propia participación en el desastre educativo. Su afán de esconder los datos y evitar que se evalúen políticas, ¿es un empeño desesperado por defender sus antiguas tesis y reformas pese a que reconoce su fracaso, o una convicción ciega de que esas tesis y reformas no han desplegado aún su potencial? ¿Seguirá atado este sector al empeño de forzar la integración social mediante la reestructuración del sistema educativo, aún a costa de la educación misma? ¿Reconocerá que ese camino no parece estar llevando ni a la integración social ni a la calidad? ¿Admitirá su desprecio histórico por la cultura del esfuerzo, su estigmatización de toda idea de mérito? ¿Superará algún día su subterránea minusvaloración de los estudiantes y se abrirá a la posibilidad de que valga la pena exigirles, en lugar de evitarles toda frustración?
Democratizar tiene sentido si aquello que se democratiza vale, si conserva su valor, si hay algún bien en juego. Democratizar un páramo, un peladero educativo, es cualquier cosa menos justicia social.
