De los 50 barrios a la Macrozona Sur: ¿copar o recuperar el territorio?

Arreglar la casa, o simplemente una habitación, es un ejercicio que todos hemos realizado y, en algunos casos, padecido. Sabemos que no basta con limpiar. Hay que reparar lo que está roto, pintar, iluminar, ordenar, amoblar y volver a ocupar cada espacio hasta hacerlo nuevamente acogedor. Con las ciudades pasa algo parecido.

Cuando un barrio se deteriora, tampoco basta con limpiarlo. Menos aún con entrar, despejarlo y retirarse. Recuperarlo significa reparar sus calles y veredas, iluminar sus espacios públicos, limpiar muros, reponer la vegetación, abrir equipamientos, mejorar viviendas, activar el comercio y conseguir, sobre todo, que sus habitantes vuelvan a ocupar aquello que el abandono, el miedo o el crimen les fueron quitando. La casa se recupera cuando vuelve a ser habitada. Un barrio, también.

Por eso, el anuncio de intervenir 50 barrios mediante una estrategia de copamiento anunciada durante la semana por el gobierno como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo abre una oportunidad que va mucho más allá del despliegue policial. Vale la pena hacer una distinción entre Crimen Organizado y Terrorismo. Como bien explicitó el ministro Arrau, el primero busca enriquecerse mediante negocios fuera de la ley, el segundo persigue imponer una causa o una ideología a través de la violencia. Sus objetivos son distintos, pero ambos coinciden en algo fundamental: necesitan hacerse del territorio.

Controlar un territorio significa mucho más que ocuparlo físicamente. Significa decidir quién entra y quién sale, condicionar la vida cotidiana, cómo y dónde vivir, intimidar a quienes lo habitan, restringir actividades y, finalmente, disputar al Estado su capacidad de ejercer autoridad. Por eso, recuperar esos territorios es indispensable, sin embargo, las acciones no pueden reducirse únicamente a reestablecer el orden.

En el sur de Chile tenemos una experiencia que debiera servir de aprendizaje. Desde hace cuatro años, el Estado de Emergencia ha permitido desplegar capacidades extraordinarias en la Macrozona Sur y contribuir a contener los hechos de violencia. Se estima que existen más de 12 mil hectáreas donde el Estado no tiene plena autoridad, esto es, no se puede censar, no entran los servicios de salud o el caso más doloroso, no se puede ejecutar una orden judicial de exhumar un cuerpo por parte de las policías.

El despliegue de las Fuerzas Armadas se suponía sería por tiempo acotado, sin embargo, la permanecía por más de 1.500 días revela una dificultad que trasciende la seguridad: después de restaurar la soberanía, el Estado no ha logrado articular con igual intensidad una estrategia integral que permita consolidar esa recuperación y avanzar a la etapa siguiente.

Los fenómenos no son equivalentes. Un barrio dominado por el narcotráfico y un territorio afectado por la violencia organizada en La Araucanía o Biobío responden a historias, actores y escalas diferentes. Pero ambos enfrentan al Estado, al menos, a tres dimensiones: la acción operacional para recuperar el control, la transformación física del territorio intervenido y la recomposición de los vínculos sociales, quizás la más difícil de todas, porque supone que las personas vuelvan a confiar en sus vecinos, en sus instituciones y, finalmente, en el Estado.

La fuerza pública puede restablecer condiciones básicas de seguridad. Puede restablecer condiciones básicas de seguridad, recuperar una calle, proteger una ruta, detener a quienes ejercen violencia o interrumpir mercados ilícitos. Pueden diseñar la estrategia operacional. Lo que no pueden, por sí sola, es recomponer el barrio. Esa tarea exige intervención territorial estratégica: modificar espacialmente infraestructura, reconfigurar el espacio público, mejorar la conectividad, además de crear incentivos de inversión, empleo, servicios públicos y presencia institucional cotidiana.

Por eso, un territorio no se recupera simplemente ocupándolo. Se recupera habitándolo.

Esta distinción resulta especialmente relevante al observar la experiencia de la Macrozona Sur. El Jefe de la Defensa Nacional (JEDENA) es responsable de la zona bajo Estado de Emergencia. Las Fuerzas Armadas pueden articular las distintas acciones vinculadas con la seguridad. Se les puede exigir conducción operacional, coordinación de las fuerzas desplegadas y cumplimiento de las tareas propias de la emergencia. Lo que no corresponde es convertirlas en responsable de resolver aquello que el aparato civil y político no ha sido capaz de articular.

Un jefe militar no puede hacerse cargo de planificación y mejora de caminos, vivienda, inversión productiva, escuelas, reparación de víctimas, títulos de dominio o desarrollo local. La permanencia del Estado de Emergencia evidencia precisamente ese vacío: falta una conducción civil con autoridad política y capacidad ejecutiva que articule ministerios, servicios, dos delegaciones presidenciales regionales, secretarías regionales ministeriales, municipios y actores privados en torno a metas territoriales concretas. No se trata de agregar burocracia, sino de lograr que el Estado actúe como un solo cuerpo y cumpla con su mandato constitucional: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia”. Chile debe ser capaz de construir las condiciones para recuperar integralmente esos territorios y, finalmente, terminar con la excepcionalidad.

La intervención de los 50 barrios ofrece la oportunidad de recoger la experiencia ya vivida y no repetir ese problema. Si el copamiento se entiende únicamente como despliegue policial, el éxito podrá medirse en detenciones, incautaciones o puntos de venta desarticulados. Todos son resultados necesarios, pero insuficientes. La verdadera medida de éxito aparecerá después, cuando disminuya la presencia extraordinaria de la fuerza y el territorio no vuelva a ser ocupado por las organizaciones que fueron desplazadas. La seguridad debe abrir paso a la recuperación urbana y social. El crimen organizado no captura solamente personas o mercados: captura territorio. La respuesta del Estado, por lo tanto, también debe ser territorial.

Esta estrategia de recuperación comienza en la redefinición del espacio público, con una intervención que muchas veces subestimamos. Recuperar un barrio también significa rediseñarlo: eliminar espacios residuales y puntos ciegos, iluminar, abrir recorridos, recuperar plazas, áreas verdes, convertir en sectores de juego los sitios abandonados, mejorar accesos, incorporar equipamiento y generar lugares donde vuelvan a encontrarse vecinos, niños, comerciantes y familias. No se trata solamente de embellecer. Un espacio ocupado por la comunidad es un espacio más difícil de capturar por el crimen.

Por eso la estrategia de intervención debería contener, desde su primer día, una estrategia de salida. Y, paradójicamente, la salida de las fuerzas extraordinarias requiere la entrada del resto del Estado.

Existen ejemplos de ciudades y territorios que, tras enfrentar duramente al crimen organizado y al terrorismo, comprendieron que también era necesario intervenir los escenarios donde estos habían ejercido su poder. Medellín recuperó barrios segregados mediante transporte, nuevos espacios culturales, parques y mejoras del espacio público. Otro gran referente es Bilbao, que en paralelo al debilitamiento y posterior fin de ETA impulsó una profunda transformación de su imagen urbana, recuperando áreas industriales deterioradas y su relación con la ría para convertirlas en espacios de innovación, cultura y desarrollo, capaces de ofrecer una nueva oportunidad a la ciudad y a quienes la habitan.

Los ejemplos nombrados no son una receta necesariamente a seguir en Chile. Sí vale la pena recoger una premisa de las intervenciones: recuperar un territorio también significa ofrecerle una nueva oportunidad de convivencia e imagen. Son intervenciones de acupuntura territorial, tocando el punto exacto que permite mejorar el sistema completo. Una plaza iluminada y utilizada, una escuela que funciona, calles conectadas, equipamiento activo, comercio formal, transporte, inversión y familias apropiándose nuevamente del espacio público también son infraestructura de seguridad.

El crimen organizado y el terrorismo pueden perseguir objetivos distintos, pero ambos comprenden perfectamente el valor del territorio. Allí ejercen poder, construyen control y desplazan al Estado. Por eso nuestra respuesta tampoco puede limitarse a entrar y ocupar. Debe ser capaz de permanecer, transformar y devolver esos lugares a quienes legítimamente los habitan.

La experiencia de la Macrozona Sur puede dejar una lección para estos 50 barrios. La excepcionalidad puede ser necesaria para reponer la tranquilidad, pero nunca puede transformarse en la única forma de presencia estatal. La fuerza puede abrir la puerta, después debe entrar un Estado con un plan de acción multidimensional ajustado al territorio. Quizás esa sea finalmente la verdadera medida del éxito, tanto para los 50 barrios como para la Macrozona Sur: que puedan retirarse las fuerzas extraordinarias, pero que el Estado no vuelva a abandonar a quienes viven allí. Porque recuperar el territorio es, finalmente, volver a estar, volver a habitar y volver a confiar.