Cuentas ordenadas para que otros las gasten

Esta semana, en su primera Cuenta Pública, José Antonio Kast le habló a los chilenos de responsabilidad, sacrificio y realismo. Reconoció la magnitud del deterioro fiscal heredado, defendió el ajuste y pidió respaldo para la llamada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social, el corazón económico de su gobierno. Mientras tanto, en el Congreso se juega la discusión más importante de su administración. Y conviene decirlo sin rodeos: el verdadero examen del gobierno no es cuánto recorta, sino qué sobrevive de esa reforma. Porque el ajuste, por doloroso que sea, es reversible. La reforma de incentivos no.

Empecemos por una trampa que la historia repite con una regularidad que debería avergonzarnos por no preverla.

El guion es conocido en toda la región. La derecha llega, encuentra una bomba fiscal, la desactiva a costa de un enorme capital político y paga en las urnas el precio del orden. Entonces vuelve la izquierda —o el peronismo, en la experiencia argentina— y se sienta a gobernar sobre cuentas saneadas que no tuvo que sanear. En Argentina, Néstor Kirchner heredó en 2003 un país con el ajuste ya hecho y levantó sobre esa base una década de expansión del gasto. El populismo no necesita tener razón: le basta con esperar. Deja que otros hagan el trabajo sucio, los deslegitima por las consecuencias y regresa a disfrutar del resultado sin haber pagado por él. Chile, con una izquierda que apenas dejó La Moneda y que ya denuncia una “reforma para los ricos”, no está a salvo de ese ciclo. Está, más bien, en su umbral.

¿Por qué se repite? Porque recortar cambia un resultado, no las reglas. James Buchanan lo explicó hace medio siglo: el sesgo deficitario no es un accidente de malos gobernantes, sino la consecuencia natural de una democracia sin límites al gasto. Robert Higgs lo completó con el efecto trinquete: el Estado crece en cada crisis y casi nunca retrocede del todo. Y Mancur Olson nos recordó por qué: cada beneficiario de una partida la defiende con uñas y dientes, mientras el contribuyente que la financia está disperso y desorganizado. El ajuste pelea contra esa corriente sin tocar el cauce.

El ejemplo más nítido es el impuesto “transitorio”. Se sube con la promesa de bajarlo cuando la emergencia pase; la emergencia pasa y la alícuota se queda. Cuando el populismo regresa, encuentra no sólo las cuentas ordenadas, sino una estructura tributaria más pesada, lista para financiar la próxima fiesta. La derecha habrá pagado el costo político de un orden que otro disfrutará. Licuar el gasto en el presente no es reestructurar el sistema: es contenerlo hasta que cambie el turno.

La Argentina contemporánea ofrece una ilustración particularmente interesante de este dilema. Javier Milei ha logrado avances fiscales que hace apenas dos años parecían imposibles: reducción del déficit, caída de la inflación y una drástica contracción del gasto público. Sin embargo, la pregunta relevante no es cuánto del ajuste podrá sostener su gobierno, sino cuánto sobrevivirá cuando deje de gobernar. Porque un gasto reducido puede volver a expandirse. Una estructura de incentivos modificada es mucho más difícil de revertir. El desafío de todo reformador liberal no es solamente ordenar las cuentas, sino dejar instituciones capaces de resistir a quienes vendrán después.

Y aquí es donde la reforma de Kast se vuelve reveladora, porque tiene dos almas. Una es de contención. La otra -su corazón- es de reforma verdadera: rebajar gradualmente el impuesto corporativo del 27% al 23% y, sobre todo, reinstalar mecanismos de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo. La invariabilidad fija por un plazo determinado las condiciones impositivas de un proyecto, de modo que ninguna ley posterior pueda alterarlas arbitrariamente. No es, por tanto, un recorte: es una regla. Es el compromiso de que la carga sobre quien invierte no quedará a merced del humor del gobierno de turno. Despolitiza una variable que hoy es botín electoral. Por eso, no por casualidad, es la pieza que la izquierda ataca con más fuerza.

Tampoco se trata de una innovación exótica. Chile utilizó durante décadas mecanismos de estabilidad para la inversión a través del Decreto Ley 600, entendiendo que los proyectos de largo plazo requieren algo más que promesas electorales: necesitan reglas relativamente previsibles. Buena parte de la expansión de la inversión que transformó al país en las últimas décadas del siglo XX descansó precisamente sobre esa certeza jurídica.

Y aquí asoma el riesgo del momento. Un gobierno golpeado por la caída en las encuestas y enfrentado a un escenario económico complejo siente la tentación de negociar a la baja precisamente ese núcleo. Las señales están a la vista. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió sobre los riesgos fiscales del proyecto, cuestionando la sostenibilidad de parte de sus supuestos de crecimiento y alertando sobre potenciales efectos sobre déficit y deuda. Dentro del propio oficialismo también aparecieron voces partidarias de moderar la propuesta para construir una mayoría más amplia. La tentación, entonces, es diluir la invariabilidad y ceder en la tasa con tal de aprobar algo. Sería el peor de los mundos: pagar el costo político de una “reforma para los ricos” y, a cambio, no dejar nada que el gobierno siguiente no pueda revertir de un plumazo. Todo el dolor, ninguna permanencia.

Porque la única manera de que un orden sobreviva al gobierno que lo construye es que no dependa de él: que esté inscrito en las reglas y no en la voluntad de quien manda. Y las reglas que perduran son las que redistribuyen poder y propiedad, porque crean ciudadanos con algo que defender. Margaret Thatcher lo entendió mejor que nadie cuando vendió las viviendas sociales a sus inquilinos: no buscaba un ahorro de caja, sino fabricar propietarios que jamás votarían por renacionalizar lo suyo. La economía era el método; el objeto era cambiar el alma.

Chile conoce mejor que nadie la fragilidad de las reformas que dependen exclusivamente del consenso político de una generación. El estallido de 2019 y el proceso constitucional posterior demostraron cuán rápidamente pueden ponerse en cuestión instituciones que durante décadas parecían consolidadas. La verdadera prueba de una reforma no es su capacidad para funcionar mientras existe acuerdo político. Es su capacidad para sobrevivir cuando ese acuerdo desaparece.

Chile también conoce esa diferencia por experiencia institucional. La regla de balance estructural adoptada en 2001 fue un avance: hizo visible el desorden y obligó a justificarlo. Pero es una regla sobre un resultado, no sobre el poder. Cada gobierno fija su propia meta y puede aflojarla; no existe una sanción efectiva que la vuelva verdaderamente vinculante. El saldo está a la vista: el déficit estructural volvió a deteriorarse severamente y el país enfrenta hoy tensiones fiscales que hace una década parecían improbables. Esa es la respuesta a por qué un país con regla fiscal terminó igualmente obligado a recortar: una regla que disciplina un número, pero deja intacta la discrecionalidad de quien gasta, termina cediendo cuando aumenta la presión política.

Hayek advirtió que el problema fundamental de las sociedades modernas no es solamente cuánto poder ejerce el Estado, sino cuánta discrecionalidad conserva para ejercerlo. Una regla que puede relajarse cuando cambian las circunstancias políticas deja intacto el problema central: quién decide y bajo qué límites.

Las reformas que de verdad perduraron fueron de otra naturaleza. El sistema de capitalización previsional de los años ochenta no se sostuvo porque alguien lo custodiara, sino porque convirtió a millones de trabajadores en dueños de un ahorro propio. Resistió durante décadas porque creó intereses, incentivos y derechos concretos. Construyó un mercado de capitales, financió inversión y le dio al país tiempo para crecer. Esa es la diferencia entre un recorte y una reforma estructural: el primero se deshace con un decreto; la segunda hay que arrancársela a millones de personas que ya la hicieron parte de su vida. Y aun cuando se la arranca, deja al país transformado.

La invariabilidad tributaria pertenece a esa familia. No fija una meta que el gobierno siguiente pueda aflojar. Limita la discrecionalidad futura para cambiar las reglas del juego. Por eso es valiosa. Y por eso genera tanta resistencia.

Esa es también la pregunta que enfrentan hoy los reformadores en toda la región. La historia latinoamericana está llena de gobiernos que ordenaron las cuentas y perdieron el poder, permitiendo que sus sucesores utilizaran ese mismo orden para reconstruir los mecanismos que habían prometido desmontar. El desafío no consiste solamente en reducir el tamaño del Estado. Consiste en modificar las reglas bajo las cuales el Estado opera. Lo primero puede durar un mandato. Lo segundo puede durar una generación.

De modo que la advertencia para Kast es la misma que para cualquier gobierno que se atreva a ordenar. Si su administración se agota en achicar ministerios y licuar gasto, y deja que el desánimo le negocie el corazón estructural de su reforma, su sacrificio no comprará más que un respiro. Estará financiando, con su propio costo político, el regreso de aquellos a quienes vino a reemplazar, con la mesa servida.

Porque las cuentas ordenadas son un activo. Las reglas que limitan el poder son un legado. Lo primero puede heredarlo cualquier gobierno. Lo segundo cambia el rumbo de un país.

La tarea liberal no es la austeridad, que es apenas higiene. Es despolitizar el poder y devolverlo a las personas, para que la libertad no quede a merced de quién gane la próxima elección. Los gobiernos pasan. Los incentivos permanecen. Y sólo las reformas que alteran esos incentivos tienen alguna posibilidad de sobrevivir a quienes las hicieron posibles.