Cuando repartir reemplaza a crecer

En el programa Tolerancia Cero del lunes pasado, el político José Joaquín Brunner y el periodista Eduardo Sepúlveda debatieron política tributaria. El intercambio circula en redes como si Brunner hubiera ganado el debate. Es exactamente lo contrario.

Lo preocupante del episodio en cuestión no es que se critique una baja de impuestos corporativos. Es que se lo haga desde premisas que la economía lleva décadas refutando, presentadas con la autoridad de quien las ignora con convicción. Cuando el punto de partida es incorrecto, la conclusión -inevitablemente- también lo es.

El impuesto a las empresas no lo pagan las empresas

La primera de esas confusiones es, quizás, la más extendida: creer que el impuesto a las empresas es un impuesto a los ricos. La afirmación es intuitiva, pero equivocada. En economía, quien paga legalmente un tributo no necesariamente es quien soporta su costo. El impuesto corporativo no recae sobre una entidad abstracta, sino que se transmite a través de la economía en forma de menores salarios, menores oportunidades de inversión y precios más altos.

Creer que lo pagan «las empresas» es como creer que el supermercado paga el IVA. La empresa no es el destino del impuesto, sino su vehículo: un punto de paso a través del cual ese costo se distribuye en decisiones concretas de producción, empleo y consumo. En ese sentido, el impuesto corporativo no grava una entidad abstracta, sino decisiones humanas.

La inversión no es de unos pocos: es lo que permite que todos mejoren

Desde esa confusión se deriva otra igualmente problemática: la idea de que la inversión beneficia a unos pocos. Como si se tratara de un circuito cerrado donde algunos ganan y el resto observa. Sin embargo, invertir no es una sofisticación financiera reservada a grandes capitales, sino la forma más directa de ampliar la capacidad de producir. Es la pyme que incorpora una máquina en Ovalle, el taller que mejora su tecnología en Talca, el emprendedor que reinvierte utilidades en Concepción.

La inversión es, en esencia, la capacidad de hacer más con menos o mejor con lo mismo. Y ese proceso tiene consecuencias directas: mayor productividad, mayor demanda de trabajo y, en definitiva, mejores salarios.

La evidencia empírica es consistente. Entre mediados de los 80 y fines de los 90, Chile creció en torno al 7% anual, reduciendo la pobreza desde niveles cercanos al 40% a menos del 15% en poco más de una década. La inversión superó el 25% del PIB en varios de esos años. No fue un accidente, sino el resultado de reglas que favorecían la acumulación de capital y la reinversión.

Algo similar se observa en otras experiencias. Irlanda consolidó una tasa corporativa del 12,5% y se transformó en un polo de atracción de inversión productiva, multiplicando su ingreso per cápita en pocas décadas. Corea del Sur sostuvo niveles elevados de inversión durante generaciones y logró una transformación estructural de su economía. Estonia eliminó el impuesto a utilidades reinvertidas y construyó uno de los entornos más dinámicos de Europa.

Incluso el caso de Suecia -frecuentemente invocado como modelo redistributivo- confirma esta lógica cuando se analiza en perspectiva. Como explica Mauricio Rojas, el Estado de bienestar sueco se construyó sobre décadas de crecimiento previo en un entorno abierto, competitivo y con alta acumulación de capital. Cuando ese equilibrio se rompió en los años 70, con mayor presión tributaria y expansión del gasto, el crecimiento se desaceleró y las cuentas fiscales se deterioraron. La corrección posterior incluyó liberalización, disciplina fiscal y mejores condiciones para la inversión, junto con una reducción de las tasas corporativas a niveles más competitivos.

La lección es clara: incluso los países que luego redistribuyen, primero tuvieron que crecer. Y cuando dejaron de hacerlo, debieron recrear condiciones para invertir.

Pero quizás la confusión más reveladora es la que descarta el empleo como «tercera o cuarta derivada» de la inversión, como si la cadena entre capital, productividad y trabajo fuera una especulación teórica. No lo es: es el mecanismo que explica el único período sostenido de reducción de pobreza en la historia de Chile. Quien vivió ese proceso como testigo privilegiado y hoy lo trata como derivada lejana no está siendo escéptico. Está negando la evidencia de su propia época.

Ninguna economía crece pensando en el próximo gobierno

Suele argumentarse que los efectos de una rebaja de impuestos no se verán en el corto plazo. Es cierto, pero lo relevante es lo que ese argumento revela: que el criterio de validación no es económico sino electoral. Decir que nadie verá los resultados en cuatro años no es prudencia ni escepticismo. Es la confesión de que el mandato presidencial es la unidad de medida del progreso. Esa es, precisamente, la lógica que convierte el subdesarrollo en política viable. La acumulación de capital no responde a calendarios electorales sino a incentivos persistentes. Exigir resultados dentro de un período de gobierno no es realismo. Es renunciar al crecimiento por adelantado.

Las empresas no consumen: la ilusión fiscal

Otra confusión frecuente es pensar que las empresas «consumen» sus ganancias. No lo hacen. Las empresas reinvierten, pagan salarios o distribuyen utilidades. No hay un cuarto destino. Por eso, gravarlas implica, en la práctica, gravar la inversión futura, el ingreso del trabajo o el consumo de las personas.

El impuesto corporativo funciona además como un mecanismo de recaudación concentrado, permitiendo al Estado cobrar en el cuello del embudo. Pero ese diseño tiene un efecto adicional: genera la ilusión de que el costo lo asume otro. Que alguien -más grande o más lejano- paga. Sin embargo, ese costo existe y se distribuye en toda la economía.

Detrás de este enfoque aparece una idea más profunda: que la asignación centralizada puede reemplazar el proceso descentralizado de decisiones. Que algún político, con las mismas limitaciones de información e incentivos que cualquier ciudadano, puede indicarle mejor al productor de Mejillones cómo debe organizar su negocio para crecer. Es una premisa exigente, difícil de sostener en la práctica.

Redistribuir sin crecer termina empobreciendo a todos

En el fondo de la discusión tributaria subyace una visión más amplia sobre cómo funciona la economía. Se asume que es posible aumentar los ingresos fiscales tomando una mayor proporción de una base productiva dada, sin afectar el proceso que la genera. Sin embargo, el vínculo entre ahorro, inversión y crecimiento hace que esa premisa sea insostenible en el tiempo.

Una mayor carga sobre la actividad productiva tiende a reducir el ahorro privado. Si ese menor ahorro no es compensado -y en economías con restricciones externas difícilmente lo sea- se traduce en menor inversión. Menos inversión implica menor crecimiento. Y menor crecimiento termina afectando la recaudación futura.

Un punto adicional de crecimiento sostenido en el tiempo genera más recursos fiscales que cualquier aumento de tasas sobre una economía estancada. Por el contrario, extraer una mayor proporción de un producto que crece menos reduce tanto el dinamismo como los ingresos disponibles.

El problema no es sólo cuánto se recauda, sino qué ocurre con el proceso que permite recaudar.

El mayor beneficio de la inversión no se lo queda quien invierte

Hay, sin embargo, un punto más profundo que suele quedar fuera del debate. Cuando una inversión tiene éxito, genera una ganancia para quien la realiza, pero esa ganancia no agota el valor creado. Es solo una parte.

El resto queda en manos de otros. Ese diferencial se conoce como excedente del consumidor. Cuando alguien introduce agua potable en una comunidad, obtiene un retorno económico. Pero el valor de abrir una canilla -en comparación con acarrear agua- es enormemente mayor que ese retorno. Lo mismo ocurre con la electricidad, los medicamentos o el acceso a internet.

La inversión, en ese sentido, no concentra beneficios: los dispersa. El inversor captura una fracción del valor que crea; el resto se traduce en bienestar para la sociedad.

La discusión no es quién gana hoy, sino si la sociedad progresa mañana

Plantear el debate en términos de quién se beneficia de una rebaja de impuestos pierde de vista lo esencial. La pregunta relevante es si se está facilitando o dificultando la creación de valor. Cuando esa creación se frena, el impacto no se limita a un grupo, sino que define el techo de toda la sociedad.

Las sociedades no progresan redistribuyendo lo existente, sino ampliándolo. Y eso ocurre, si ocurre, a través de la inversión.

La cuestión de fondo no es si redistribuimos mejor, sino si somos capaces de progresar. Porque cuando una sociedad reemplaza el impulso de crecer por la obsesión de repartir, lo que termina distribuyendo no es prosperidad, sino estancamiento.

Y, en última instancia, la discusión tributaria no es sobre quién paga hoy, sino sobre si mañana habrá algo que repartir.