El Congreso despachó la megarreforma. El Senado la había aprobado en votaciones ajustadas de 26 votos a favor y 24 en contra en sus disposiciones centrales, y el 21 de julio la Cámara de Diputados ratificó en tercer trámite constitucional el grueso del articulado, con 27 de 28 votaciones favorables. Solo el artículo 35 —que fija las compensaciones al Fondo Común Municipal por la exención de contribuciones a los adultos mayores— no alcanzó el quórum calificado requerido y deberá resolverse en una comisión mixta. La oposición, por su parte, hizo reserva de constitucionalidad respecto de doce artículos y anunció la presentación de requerimientos ante el Tribunal Constitucional, que deberá revisar de oficio las normas de quórum calificado antes de la promulgación. Más allá de ese trámite pendiente, la reforma instala una pregunta que el debate chileno rara vez formula con precisión: qué relación existe, en la práctica, entre crecimiento económico y cohesión social, y si ambos objetivos son necesariamente excluyentes.

El paquete tributario descansa en tres pilares. Primero, la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, que descenderá desde el 27% actual hasta el 23%. Segundo, la reintegración del sistema tributario, que elimina la diferencia entre lo que pagan las empresas y lo que pagan sus dueños al retirar utilidades. Tercero, un régimen de invariabilidad tributaria que fija plazos de 10, 15 o 20 años según el monto de la inversión, con una sobretasa de 1,5 puntos para quienes se acojan a él. A esto se suma la exención de contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda, cuya compensación a los municipios es precisamente lo único que aún resta zanjar.

El argumento del gobierno es conocido: bajar el costo del capital y dar certeza jurídica de largo plazo debería traducirse en más inversión, más empleo y, con el tiempo, mayor recaudación por la vía del crecimiento. Es una hipótesis razonable, y no debería descartarse solo por su origen ideológico. El problema no está en la lógica del argumento sino en su horizonte temporal. La invariabilidad a veinte años no es solo un incentivo a la inversión; es también una restricción que ningún gobierno futuro podrá modificar sin incurrir en costos legales y reputacionales, sin importar qué necesidades presupuestarias surjan en el camino. Comprometer dos décadas de política tributaria es una decisión de una magnitud que rara vez se discute con el detalle que merece.

Ahí está el nudo técnico del problema. Chile recauda cerca de 21% de su PIB en impuestos, trece puntos por debajo del promedio de la OCDE. Una reforma que reduce la tasa corporativa y fija por dos décadas las condiciones tributarias de las inversiones más grandes reduce, en el mismo movimiento, el margen de maniobra fiscal disponible para cerrar esa brecha. Es posible que el crecimiento adicional compense parte de esa pérdida recaudatoria en el mediano plazo —la evidencia comparada sobre este punto es mixta y depende del diseño específico de cada reforma—, pero la apuesta implica asumir un riesgo cuyo costo, si el crecimiento esperado no se materializa, lo terminará pagando el gasto social de aquí a dos décadas.

La discusión pública, sin embargo, ha tendido a polarizarse en términos morales antes que técnicos: para unos, cualquier rebaja de impuestos es una entrega a los grandes capitales; para otros, cualquier objeción a la reforma es resistencia ideológica al crecimiento. Ambas lecturas simplifican un problema que admite matices. Es perfectamente posible sostener que Chile necesita más inversión y, al mismo tiempo, que comprometer dos décadas de recaudación sin una cláusula de revisión es un diseño fiscal deficiente, no una traición ni una virtud.

Lo que falta en este debate es una conversación seria sobre instrumentos intermedios: cláusulas de revisión periódica, metas de recaudación asociadas a la evolución del crecimiento, mecanismos que permitan ajustar la invariabilidad si las condiciones macroeconómicas cambian de forma sustancial. Ninguna de las dos coaliciones puso ese diseño sobre la mesa durante la tramitación. La derecha prefirió la certeza absoluta como señal para el inversionista; la izquierda prefirió la crítica global al modelo antes que la propuesta alternativa de arquitectura fiscal. El resultado es una reforma que ya ha alcanzado la parte sustantiva de su objetivo de atraer inversión, pero que deja sin resolver la pregunta de fondo: con qué recauda el Estado chileno cuando, dentro de diez años, los compromisos de invariabilidad empiecen a limitar cualquier intento de reforma tributaria posterior.

Crecimiento y cohesión social no son, en el fondo, objetivos contrapuestos. Compiten por el mismo espacio fiscal en el corto plazo y se necesitan mutuamente en el largo plazo: sin estabilidad social no hay clima de inversión sostenible, y sin recursos fiscales no hay política social sostenible. El verdadero desafío de la megarreforma, ya despachada por el Congreso y pendiente solo de la comisión mixta y de la revisión del Tribunal Constitucional, no fue elegir entre ambos, sino diseñar instrumentos que no obliguen a Chile a decidir, cada década, cuál de los dos sacrificar. En eso, como quedó demostrado, el Congreso avanzó más rápido de lo que avanzó la reflexión.