Cada comienzo de año trae consigo una pregunta silenciosa: ¿seremos capaces, esta vez, de hacerlo mejor?
Este 2026 se abre, además, con un hito político mayor. El próximo 11 de marzo asumirá un nuevo Presidente de la República y, con ello, vuelve a emerger la esperanza en una parte muy significativa de los chilenos. No es una minoría. El respaldo que hoy se expresa hacia el Presidente electo José Antonio Kast es comparable, en magnitud, al de quienes votaron Rechazo el 4 de septiembre de 2022. Esa coincidencia no es casual. Expresa una fatiga profunda frente al desorden, la violencia como medio de expresión, la incertidumbre y la erosión de las reglas comunes. Expresa, también, el deseo de volver a un país donde sea posible proyectar futuro. Sin embargo, esa esperanza aparece amenazada antes de comenzar el nuevo gobierno.
El oficialismo saliente no parece dispuesto a aceptar con serenidad el veredicto democrático. En lugar de contribuir a una entrega responsable del poder, ha optado por una estrategia de trabas, amarras y advertencias veladas que no solo dificultan al Presidente electo, sino directamente a todos los ciudadanos.
¿Cómo se construye futuro con amenazas permanentes? ¿Cómo ofrecer paz social cuando se normaliza la movilización como herramienta de bloqueo?
Chile se merece paz y seguridad. Los jóvenes necesitan horizonte, no consignas. La educación requiere mejoras reales, no ideologización. El crecimiento no puede seguir postergándose por cálculo político. Quienes invierten necesitan reglas claras.
Resulta especialmente preocupante la señal entregada por el Partido Comunista de Chile. Su Comité Central ha definido como estrategia el “robustecer el trabajo de masas” para enfrentar a la futura administración, fijando hitos de movilización y promoviendo la idea de un “pueblo movilizado y coordinado”. No se trata de oposición democrática ni de fiscalización responsable, sino de prefigurar el conflicto como método político, incluso antes de que el nuevo gobierno asuma. Pero este comportamiento no es solo una táctica coyuntural. Responde a una forma de concebir el poder.
Cuando el poder se encierra en sí mismo, las ventanas se vuelven espejos. Las conversaciones dejan de ser diálogo y se transforman en ecos complacientes; los equipos, en coros acríticos; y la lealtad se confunde con obediencia ciega. Así, el liderazgo transformador es reemplazado por un hiper liderazgo personalista: del nosotros al yo, del proyecto común a la autoafirmación permanente.
El gobierno saliente ha estado preso de esa autocomplacencia identitaria. En ese encierro se diluyó la empatía hacia las personas, se erosionó la confianza en las instituciones comunes y se debilitaron las virtudes cívicas que constituyen el cemento invisible de una democracia sana. No aceptan que su tiempo terminó.
A ello se suma un punto decisivo: el comportamiento ético durante el período de entrega del gobierno. Las transiciones gubernamentales no son un trámite administrativo; son una prueba mayor de responsabilidad republicana.
En este período debieran regir reglas claras.
Primero, no deberían realizarse nombramientos de ninguna especie sin conversación previa con el Presidente electo. Las designaciones de último minuto no son actos inocuos: pueden condicionar al gobierno entrante.
Segundo, no es aceptable amarrar cargos públicos con personas nombradas durante el propio período de gobierno, comprometiendo recursos fiscales y restringiendo la libertad de acción de la nueva administración. Corresponde revisar con total transparencia los ingresos de personal durante el periodo del actual gobierno, más aún cuando el propio Álvaro Elizalde ha señalado que los cargos de confianza política renuncian junto con la autoridad. Nobleza obliga.
Tercero, el gobierno en retirada no puede contraer nuevos gastos ni adoptar decisiones estratégicas sin una conversación previa con el Presidente electo. Gobernar hasta el último día no significa hipotecar el futuro.
La pregunta es inevitable: ¿por qué insistir en hacerle las cosas difíciles al nuevo gobierno?
La derrota fue clara y concreta. No aceptar este hecho, vulnera la democracia. Las responsabilidades existen en el gobierno saliente y en el entrante. El presidente electo, ante los difíciles y grandes desafíos que enfrenta, necesitará rodearse de personas más allá de sus propios partidarios, buscando la excelencia.
No será un gobierno del Partido Republicano, lo ha dicho con claridad José Antonio Kast. Ha demostrado su deseo de convocar los mayores y mejores apoyos posibles para llevar adelante su programa. De la misma manera, los partidos cuyos candidatos fueron derrotados tienen el deber de contribuir a la gobernabilidad y no al bloqueo.
Porque cuando se obstaculiza el cambio de gobierno, no se daña a un presidente se daña a Chile. El país no se reconstruye desde la trinchera ni desde la identidad cerrada. Se reconstruye desde la responsabilidad, desde el respeto por las reglas comunes y desde la convicción de que la democracia no es solo competencia por el poder, sino cuidado permanente de las instituciones que nos permiten convivir.La alternancia democrática no es una derrota moral: es parte del orden republicano. No aceptarla erosiona la confianza, debilita el Estado y empobrece el futuro común.
La esperanza no se boicotea sin costo para todos los ciudadanos.
