La grave crisis de seguridad que vive el país sigue in crescendo, mientras el gobierno solo se remite a hacer declaraciones.
El 12 de octubre de 2022 en una visita al norte, el Presidente Boric dijo en Radio Sol de Antofagasta lo siguiente: “Voy a ser claro en esto. Vamos a ser unos perros, vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia y en esto no va a haber doble estándar”. Y luego agregó “en Chile nadie puede estar sobre la ley y durante el último tiempo, como que se perdió el sentido de autoridad. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar el sentido de autoridad”.
Pero en diciembre de 2022, indultó a 12 delincuentes con densos prontuarios, con lo cual todo lo dicho el 12 de octubre pasó a ser letra muerta, pues con su decisión, Boric renegó de todo lo dicho un par de meses antes.
Más grave aún es que ha pasado más de un año desde dicha declaración y aún los perros no salen a perseguir a nadie; la crisis de seguridad es alarmante, la gravedad de los delitos ha escalado a niveles nunca antes ocurridos en nuestro país y el sentido de autoridad no se vislumbra por ninguna parte.
Recientemente el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, al hacer un balance de la agenda de seguridad, dijo lo siguiente: «Llamamos al gobierno a tomar el control de la seguridad del país. No estamos en una situación normal y necesitamos que, junto con la tramitación de proyectos, exista una actitud más enérgica y una aplicación más estricta de las leyes». Y agregó: “Estamos en un punto crítico de seguridad. Hemos hecho esfuerzos importantes en el Congreso para mover la aguja, pero vamos en tranco lento y con demoras en la implementación de las nuevas leyes y mecanismos de parte de la autoridad, lo que da la sensación de que no tenemos resultados”.
¿Qué respuesta hubo a ese llamado? Otro discurso del Presidente. Esta vez el de su mea culpa del 28 de noviembre, reconociendo que había algo de cierto en que cuando fueron oposición al gobierno de Sebastián Piñera le sacaron la cresta en el tema seguridad, pero que la lógica gobierno-oposición para solucionar dicho problema no sirve.
El asunto es que lo que realmente no sirve es un mea culpa cuando el daño ya lo hicieron y fue muy profundo. Hay que recordar que votaron en contra de la ley de inteligencia, contra el robo de madera, contra la ley anti-barricadas y contra todas las leyes que mejoraban la seguridad del país. Si hubieran actuado entonces como lo pide Boric hoy, no tendríamos los graves niveles de delincuencia actuales.
Y ante el horroroso asesinato de Antony, ese inocente niño de solo 5 años de la población Las Aralias en la comuna de Padre Hurtado, la declaración de la ministra Tohá, además de su indignación por el hecho mismo fue la siguiente: “Estamos conscientes que no hemos hecho lo suficiente, porque ayer lamentamos la muerte de un niño. Sabemos que vamos a tener que apurar aún más los proyectos que están en el parlamento”.
Y el Presidente por su parte sostuvo lo siguiente: “Le garantizo al país que no va a haber impunidad, que los autores van a ser encontrados y que van a tener las penas más altas que tenga el sistema”, y agregó: “El crimen organizado no me amedrenta y como Gobierno lo vamos a perseguir, lo vamos a desarticular y los vamos a encerrar”. Y aprovechó además de enviar un mensaje a la clase política “de no aprovecharse de sacar pequeñas ventajas políticas, ni para hacer ningún tipo de campaña”.
Sin embargo, el subsecretario Monsalves parece que no escuchó al Presidente pues expresó el siguiente mensaje: “Cuando se habla de un pacto fiscal, se habla de un pacto fiscal para financiar políticas de seguridad que el país requiere”, lo que generó inmediatas críticas desde la oposición por el impresentable aprovechamiento político de una terrible desgracia.
Si la izquierda no hubiera avalado el octubrismo habría fondos suficientes para financiar políticas de seguridad, pues solo la reparación del Metro costó US$250MM, o sea $200.000MM; si, doscientos mil millones de pesos. Y entre el plebiscito de entrada y el del 4S se invirtieron más de $45.000MM. Bajo el ítem gasto de personal de la Convención Constituyente se gastaron más de $5.800MM; en bienes y servicios de consumo $3.952MM; en difusión ciudadana sobre $1.700MM y así suma y sigue. Además, está el costo del segundo proceso que es igualmente abultado. ¿No es inmoral haber obligado al país a este despilfarro monumental para convencernos ahora que no se requiere una nueva Constitución y se necesitan más impuestos?
Chile está cansado de declaraciones rimbombantes pero inconducentes contra la delincuencia, que sigue aumentando en todo el país.
Basta ya de blablá. Se necesitan medidas concretas y no más palabras.
Contundente, muchas gracias