Dick Morris, quien fuera asesor de Bill Clinton durante más de veinte años, compara en su libro Juegos de Poder las estrategias de dos de los más destacados líderes de la derecha de los Estados Unidos en décadas recientes: Barry Goldwater y Ronald Reagan.
Señala Morris que Reagan se preocupaba más de afianzar su ideología ante las masas y que en cambio Goldwater se comportaba como “un amargado que lanzaba bombas a los liberales y observaba fascinado cómo explotaban”. Pero lo que para Morris abatió definitivamente las esperanzas de Goldwater ante su competidor, fue votar en contra de dos logros claves de la década de los sesenta: el tratado para la prohibición de las pruebas nucleares de 1963 y la Ley de los Derechos Civiles. “Ni en sus momentos más doctrinarios -nos dice Morris- Reagan perdió tanto de vista el consenso de su país”.
Prácticamente desde el comienzo de la administración de Gabriel Boric, la oposición a su gobierno se ha enfrentado a una disyuntiva semejante. Y, como contraparte, el mismo Boric ha debido enfrentar su propio dilema: o aceptar que un Gobierno de minoría simplemente no puede imponer su programa original en contra de la mayoría, o insistir en ese propósito y hacer de su Gobierno un monumento a la intrascendencia, rebotando una y otra vez contra la muralla parlamentaria que puede levantar la oposición.
Para Boric, como se ha explicado muchas veces, optar por el realismo y buscar lograr por lo menos una parte de sus objetivos originales, va a significarle perder una fracción de su base de apoyo actual: aquella que le exigirá siempre el cumplimiento de sus objetivos tal como fueron planteados, porque no los ven como propósitos políticos sino como imperativos morales irrenunciables. Frente a esa posibilidad, la lógica indica que la oposición debería tender un puente de plata al Presidente para estimularlo a lograr lo posible mediante acuerdos. Después de todo, como dijo Sun Tzu “…los buenos guerreros hacen que el oponente venga hacia ellos en el campo de batalla…”.
Hasta ahora, sin embargo, en lo que va corrido de la actual administración todo ha sido controversia. Una mitad completa de ese período se debió, es verdad, a la decisión del Gobierno de comprometer todo su capital político en la aprobación del proyecto constitucional rechazado el 4-S. Pero una vez que casi dos tercios de la población de Chile rechazaron ese proyecto, el Gobierno quedó desnudo ante la realidad de su condición minoritaria.
A partir de ahí el Presidente Boric ha dado muestras de su voluntad de reconocer esa condición y hacer algo al respecto. Todos sus cambios de gabinete han sido expresivos de un cambio de criterio y de ruta que lo alejan de la extravagancia juvenil de sus inicios y lo acercan a una política que sólo puede tener éxito por medio de negociaciones y acuerdos. También es cierto -lo he repetido muchas veces- que en este cambio el Presidente Boric ha buscado hacer gestos hacia su ala izquierda, comprensiblemente para evitar o quizás retrasar su desbande. El más notorio de todos, su decisión de indultar personas condenadas por delitos en el marco del llamado “estallido social”.
Pero ha pagado caro tales desplantes. Ocurrió señaladamente cuando la Cámara rechazó la idea de legislar la reforma tributaria propuesta por el Gobierno. Fue la manera más dolorosa, para él, de comprender la debilidad de su base de apoyo, integrada de manera importante por grupitos políticos nacidos al calor de contingencias y guiados más por caprichos que por convicciones o doctrinas. Y también que de ahí en adelante deberá negociar si quiere lograr algo de sus objetivos.
Y la segunda prueba la tuvo la semana que acaba de pasar. El antecedente es la Ley Naín, que fue rechazada por la Cámara en 2021 debido a los votos en contra de los diputados Boric, Jackson y Vallejo. Pero que ahora, convertida en Ley Naín-Retamal y luego que el Gobierno (sí, el de Boric, Jackson y Vallejo) le otorgara urgencia para su tramitación, fue aprobada, aunque con los votos en contra de los parlamentarios del PC y el Frente Amplio.
Nuevamente para hacer un gesto hacia su párvula ala izquierda, el Presidente introdujo indicaciones en el segundo trámite legislativo, con el estólido argumento de su ministra del Interior de que era para evitar policías de “gatillo fácil”. La no aceptación de las indicaciones motivó la decisión del PC y del FA de acudir al Tribunal Constitucional. La situación -lo advertimos la semana pasada- comenzaba a anunciar el inevitable cisma a que debería conducir la nueva actitud del presidente.
Pero el alevoso asesinato del cabo de Carabineros Daniel Palma en la madrugada del jueves, llevó pocas horas más tarde al Presidente a promulgar la Ley. Pasó, así, por encima de su ala izquierda y, de paso, de su ministra del Interior. La misma ministra que anunció, a su vez, la intervención de 30 comunas donde se concentran los mayores delitos violentos. El Partido Comunista y el Frente Amplio se declararon oficialmente resignados a aceptar la Ley, aunque Hugo Gutiérrez, el otro “niño malo” que utiliza el PC, junto con Daniel Jadue, para decir en público lo que no puede decir en público, manifestó su desacuerdo con la resolución de su propio partido. El cisma, algún cisma, sigue pues rondando por esos territorios.
El mismo jueves, el Presidente convocó en La Moneda a todos los partidos políticos y planteó allí la necesidad de generar una política de Estado sobre el tema de la seguridad pública. Llamó, también, a establecer una tregua y a mirar con la mejor voluntad el punto de vista del otro. La oposición, junto con todos los chilenos y chilenas, debería estar satisfecha. Se está cumpliendo el principio de Sun Tzu. El gobierno está actuando de la manera que ellos esperarían y que la mayoría en Chile espera.
Sin embargo, sigue habiendo Goldwaters que, en lugar de tender puentes, prefieren, amargados, “lanzar bombas y observar fascinados como explotan” (Republicanos rechazó la invitación del presidente). Se concentran en seguir dudando de la autenticidad de los actos del Presidente y su gente, algunos hasta parecen enojados por ese cambio y otros llaman al castigo por comportamientos pasados. ¿Podrá alguien convencerlos que sus dudas no valen nada frente a las necesidades del país? ¿Que motivados por las razones que sean -malas a juicio de ellos- los hechos son la única verdad que vale? Y son los hechos actuales, no los pasados, los que deben propiciar acuerdos o desacuerdos políticos.
No, lo más probable es que nadie los pueda convencer, porque no los mueve principalmente la razón, sino que el rencor o el despecho. La vindicación de pasados temores, de atropellos, de “funas”.
O sea, lo mismo que hizo Goldwater toda su vida, “perder de vista el consenso de su país”, y probablemente con los mismos resultados.
