Tiene cierta lógica que el Presidente de la República quiera compensar a la exministra y exfiscal Trinidad Steinert por haber renunciado a su carrera en el Ministerio Público para acompañarlo como Ministra de Seguridad al inicio de su gobierno. Si lo hizo bien o mal es harina de otro costal. Se ha informado que podría ser nombrada como Agregada en Lima, aunque antes deberá despejarse la revisión que la Cámara de Diputados hará sobre su administración en la cartera mencionada.
A pesar de estar permitido por la ley, pienso que las agregadurías deben dejar de ser agencias pagadoras por servicios prestados. Excepto las castrenses y las económicas (ProChile, agrícolas, Invest), las demás deberían ser concursables, asignadas de manera transparente y de cara a resultados. Las primeras tienen que ser ocupadas por personas de formación militar, capaces de cultivar relaciones con sus pares, valorar los avances en el país donde son asignados, promocionar los nuestros, detectar y proponer a su superioridad nuevas áreas de trabajo, si las hubiera.
Las económicas requieren de personal que demuestre compromiso, adaptabilidad, manejo del medio importador y de inversión local, de las ferias existentes. Tienen que ser ocupadas por gente que cree redes y sea apta para efectuar un seguimiento en detalle del producto exportado en caso de problemas. Para ello, el titular debe tener conocimiento de nuestro potencial, ser capaz de forjar alianzas con nuestros productores medianos o pequeños de vocación exportadora, con los jóvenes emprendedores, potenciar las capacidades de regiones y ser conocido y respetado por los grandes. Debe ser una persona que demuestre destrezas para promocionar los productos que exportamos, queremos exportar, que atraiga inversiones y que conozca bien nuestra institucionalidad y la del país de destino. Esto tampoco se improvisa.
Ambos tipos de agregados, militares y económicos (comerciales), existían en el siglo XIX. Los primeros, se multiplicaron en Europa a raíz de las guerras napoleónicas cuando los países europeos comenzaron a enviar oficiales expertos para “adjuntarlos” temporalmente a sus embajadas y adjudicarles tareas relacionadas con la recolección de inteligencia, observación, coordinación de acciones bélicas. Luego, promovieron confianzas, estudiaron avances tecnológicos y sistemas organizacionales, se encargaron de compras de armamento, según sea el caso. Napoleón mandó sus primeros agregados militares en 1806. Los demás países europeos lo hicieron a lo largo de ese siglo y nosotros en las postrimerías del XIX a las misiones en Francia, Alemania y España.
Las agregadurías comerciales se desarrollaron particularmente en el siglo XX para lidiar con los aranceles, herramienta usada comúnmente en el periodo de entreguerras. En el caso nuestro, los promotores del salitre chileno, precursores de los agregados comerciales, se asignaron a distintas embajadas a partir de 1884 como parte de una acción conjunta del Estado y el sector privado bajo el techo de la Asociación Salitrera de Propaganda. En todo caso, tanto las agregadurías militares como las comerciales tenían que ver con su especialización técnica.
Otras agregadurías, como las de prensa, cultura, laborales, etc. aparecen a mediados del siglo pasado y tienen que ver con tareas de propaganda o fomento de alguna relación sectorial, motivada generalmente por razones de política interna. No fuimos ajenos a esa moda, y dichas agregadurías pasaron a formar parte del patrimonio de los partidos en el poder para premiar a la gente leal. No para el beneficio del país sino para destacar una actitud, una afinidad, un servicio propagandístico. Hoy día, esa mirada no tiene sentido.
Para las funciones civiles el Presidente de la República dispone hoy mismo de un cupo de hasta 33 puestos de agregados, según el DFL 33 de 1979 que no ha sido modificado. A veces no se ha usado esa facultad en su totalidad, ya que depende de “las conveniencias del Servicio” y las restricciones presupuestarias han definido dichas “conveniencias”. Sin embargo, la figura puede ser muy necesaria para el interés general y no, como casi siempre se ha hecho, para premiar fidelidades.
Soy de la opinión que estos cargos, pagados por todos los contribuyentes, sirven a la causa pública si se enfocan a un objetivo específico y no genérico. Por ejemplo, si en China están muy desarrollados los bancos de almacenamiento en baterías de gran escala, que hoy acumulan hasta 155 giga y se proyectan a 300 giga en los próximos cuatro años, y además son pioneros en la fabricación de paneles solares o en la construcción de aerogeneradores, ¿no será más provechoso para el país abrir un concurso para proveer el cargo entre especialistas, contra un proyecto que tenga objetivos claros como la atracción de capitales que aprovechen nuestras materias primas, detección de políticas públicas virtuosas, formalización de convenios, formación de profesionales? ¿No es más lógico que ese agregado científico, o como se le llame, pueda responder ante el conjunto de la sociedad por sus acciones y resultados concretos?
Si tenemos un Centro Cultural en Buenos Aires adosado a la embajada, ¿no será más útil que su dirección esté ligada a un proyecto que promueva a nuevos creadores chilenos en ese medio exigente, con metas y plazos concretos y una programación regular? ¿Que pueda servir para generar un diálogo con la cultura argentina de calidad, y no con la que pueda ser afín en lo ideológico? ¿Que promueva su integración al circuito cultural de los alrededores del Centro?
Los ejemplos pueden ser infinitos, pero, como en toda época de restricción presupuestaria, no tenemos capacidad para copar la cuota legal. Por lo mismo, en las actuales circunstancias, creo que el Presidente tiene que seleccionar de una manera muy seria aquellas agregadurías que realmente agregan valor al país; generan un diálogo transversal con una comunidad determinada, sea científica, cultural, de cooperación, etc.; respondan a una genuina política de desarrollo y puedan ser monitoreadas por la sociedad en función de sus resultados.
Existen otros medios para poder retribuir los servicios prestados a Chile por la señora Steinert en el gabinete y por haber sacrificado su carrera en la Fiscalía, que no sean una Agregaduría. Una vez superada la investigación de la Cámara, ¿quién coordinará las acciones contenidas en el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada, que ya cuenta con la adhesión de seis países de la región? ¿Quién dará seguimiento a los Grupos de Trabajo? ¿No es esa el área donde Trinidad Steinert demostró conocimiento y determinación en el Ministerio Público, que le abrieron camino al gabinete?
Además, siempre existe la posibilidad de presentar su candidatura a alguna entidad internacional (o regional) ligada a estas materias, que constituyen un desafío creciente para todos los países, pero particularmente para los que queremos preservar una institucionalidad democrática.
El camino que tenemos que evitar a toda costa es el uso de las agregadurías para compensar sacrificios o manifestar gratitudes. Los tiempos no están para eso y este gobierno tiene como deber restaurar la política, adecentarla, colocar en su centro el servicio al país y ello implica tener especial cuidado en los nombramientos. Que ellos estén en sintonía con el desarrollo de Chile. Para mí, como ex funcionario del Servicio Exterior, que se respete y se haga respetar una carrera que le ha dado tantas satisfacciones al país y de la cual deberíamos sentirnos orgullosos como ciudadanos.
