Durante demasiado tiempo, las políticas públicas en Chile apuntaron, mayoritariamente, en la dirección contraria a la que el país necesitaba: dificultar la inversión y el desarrollo económico. Permisología asfixiante, presencia estatal cada vez más extendida e impuestos elevados fueron moldeando, silenciosamente, las decisiones de quienes invierten, contratan y emprenden. El resultado no es abstracto: una economía creciendo a tasas demasiado bajas para mejorar el bienestar de las personas, especialmente de los más pobres y de la clase media, quienes más dependen de que haya empleo y salarios creciendo con fuerza.
Por eso era tan importante marcar un punto de inflexión. No cualquiera: el primero de muchos, pero lo suficientemente contundente como para señalizar que se abre un nuevo camino y que la trayectoria empieza a cambiar. El proyecto impulsado por el Presidente Kast y el ministro Jorge Quiroz no es perfecto —pocas leyes lo son— pero no es improvisación: es el resultado de un plan y de una reflexión seria y preparada. Por eso probablemente abra paso a nuevas reformas, y por eso puede animar a las empresas y a los empresarios a volver a tomar riesgos y a emprender. Su valor está en el contenido, pero también, y quizás, sobre todo, en la señal que envía. Se encienden los motores de la economía chilena.
El Senado acaba de aprobarlo. Falta el tercer trámite en la Cámara, es posible que haya comisión mixta, veto parcial y revisión del Tribunal Constitucional; el proceso legislativo no ha terminado. Pero ya ocurrió algo que trasciende ese detalle procesal: en varios de sus contenidos centrales hubo mayoría tanto en la Cámara como en el Senado. Eso no es un dato menor. Es una señal de que, más allá de las trincheras habituales, existe hoy un consenso transversal sobre la necesidad de volver a crecer.
Las medidas —rebaja del impuesto corporativo, invariabilidad tributaria y, por tanto, mayor certeza para las inversiones, modificaciones al régimen de revocación de permisos ambientales, entre otras— importan, por cierto. Pero su valor más profundo no está en el monto que ahorran o recaudan, sino en lo que restituyen: reglas más estables y predecibles para quien invierte, contrata o emprende. Una economía no crece por decreto; crece cuando quienes arriesgan capital y trabajo confían en que las reglas del juego no cambiarán con cada nueva mayoría circunstancial.
Conviene, sin embargo, resistir la euforia prematura. Encender los motores no es llegar a destino. La votación misma lo recuerda: se ganó con un margen estrecho, no por aclamación, y eso debiera moderar cualquier triunfalismo. Un país no se transforma con una ley, sino con la acumulación paciente de decisiones que apuntan en la misma dirección.
Vienen, todavía, reformas que tocan aspectos igual o más determinantes para el crecimiento de largo plazo: la modernización del mercado de capitales, que Chile necesita para financiar inversión sin depender solo del ahorro fiscal o externo; una agenda de eficiencia y modernización del Estado, que hace años reclama revisar en serio cómo se gasta y cómo se gestiona lo público; y una actualización del mercado laboral, capaz de conciliar protección al trabajador con la flexibilidad que exige una economía que compite globalmente.
Nada de esto ocurrirá solo: requiere que la misma disposición a construir mayorías se sostenga en el tiempo, y que el sector privado acompañe el proceso con ideas y decisiones de inversión, y no solo con aplausos desde la tribuna.
Chile ha vivido, por demasiado tiempo, instalado en la desconfianza mutua entre quienes crean valor y quienes hacen las reglas. Este proyecto, con todas sus imperfecciones y trámites pendientes, es una oportunidad para revertir esa lógica. La pregunta que queda abierta no es si el Congreso aprobó una ley más. Es si, como país, tenemos la convicción y la constancia para sostener el impulso reformista hasta que los motores no solo enciendan, sino que lleven a la economía chilena a la velocidad de crucero que necesita.
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