Señor Director:
Sobre las consideraciones esbozadas por Magdalena Vergara, cabe decir que hay dos aspectos que no están justificados suficientemente.
Primero, existen algunos debates que deben darse en sede legislativa y otros a nivel constitucional, según la naturaleza de lo que se encuentre en cuestión. La prohibición del aborto debe ser una materia discutida por el Congreso Nacional. Por otro lado, la protección de los derechos fundamentales es esencialmente materia constitucional, sobre todo cuando se trata del primero de ellos: el reconocimiento y resguardo del derecho a la vida. En suma, la importancia del debate legislativo radica en que es en la ley donde se juega, finalmente, el efectivo respeto del valor intrínseco de cada vida humana, no porque la Constitución no pueda o no deba pronunciarse sobre la vida.
En ese sentido, las enmiendas sobre el derecho a la vida, tanto de los partidos políticos, como la Iniciativa Popular de Norma que presentamos (y que fue apoyada por más de 15 mil personas), no podrían derogar automáticamente la ley de aborto en tres causales, como se intenta argumentar. Su eventual inconstitucionalidad, en ninguna forma es «automática», puesto que requerirá de una declaración de inconstitucionalidad a futuro, por parte del órgano correspondiente.
En segundo lugar, el punto central de esta argumentación pareciera dejar en evidencia la existencia de diferencias de fondo en materia de principios. ¿Se privilegia la posibilidad de lograr, a como dé lugar, un amplio acuerdo que aseguraría un eventual «éxito» del proceso constitucional, aun si esto implica descartar propuestas que protegen la vida del que está por nacer? ¿Es un acuerdo amplio por la nueva Constitución un bien muy superior a la vida del niño que está por nacer?
Si seguimos este razonamiento y llevamos el debate al Congreso, ¿qué pasará cuando se arguya que es necesario optar entre la prohibición del aborto o alcanzar nuevos acuerdos transversales con la izquierda abortista en otras materias? Frente a ese dilema, probablemente su respuesta sería la misma: preferir el “acuerdo democrático” y no poner en riesgo el apoyo transversal para lograr el éxito de determinada política pública.
Constanza Schneider – Presidente de Siempre por la Vida