Señor Director:

Cuando parecía que al fin se vislumbraba justicia en el oscuro túnel de la corrupción, con responsables pagando por desvalijar las arcas públicas, volvemos a toparnos con una operación transversal de encubrimiento y protección. Tal como ocurrió en el pasado, la “casta” se activa sin pudor para bloquear cualquier verdad que amenace su estructura. Ahora, en el caso de la Fundación Procultura —donde las evidencias apuntan directamente al círculo cercano del Presidente Boric—, se observa la misma maquinaria de contención: cambio de un fiscal cero, proactivo e imparcial, lentitud inexplicable en las investigaciones, nulidades de diligencias clave y un esfuerzo evidente por evitar que el caso explote.

No se necesita ser muy astuto para ver que ciertos sectores dejan el poder con los bolsillos llenos, dejando “topos” instalados en la administración pública para cubrir rastros y esperar tiempos mejores, tal como preconizaba Íñigo Errejón. Mientras tanto, los fiscales honestos quedan silenciados para no provocar un estallido en el corazón del poder.

Emulando a Carlos Pezoa, tras la paletada, nadie dirá nada. Quedaremos con otra humillación: los que cumplimos la ley día a día solo servimos de marco para la vida impune de políticos, jueces, fiscales, empresarios y comunicadores que flotan como espuma, siempre sobre la ola, sin salpicarse por la ética.

Hablamos mucho del crimen organizado, pero olvidamos que enfrentamos una gran organización ilícita dedicada a perpetuar el poder por el poder. Cada vez que la desfachatez de unos pocos la expone, la operación de contención triunfa.

Tendremos que conformarnos con críticas de salón, mientras los sinvergüenzas regresan renovados tras un prudente silencio. Porque si todo saliera a la luz, Chile no explotaría en las calles, sino en las entrañas del Estado, y eso no conviene a quienes manejan los hilos desde sus refugios lejanos. Es hora de exigir que la justicia avance sin tutelas. La impunidad no puede ser el precio de la estabilidad.

Rodrigo Cooper Cortés

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4 Comments

  1. Así es, muy de acuerdo. Creo que la primera gran reforma debiera ser al poder judicial, con minúscula, por lo chato y turbio. Se requiere renovar a TODOS los ministros Suprema y cortes de apelaciones, está todo podrido. Habrá en la historia judicial chilena otro fallo por 24 a cero???? Ahora, si el fallo fuera ajustado a derecho, qué dice y hace el Fiscal Nacional???? Sus brillantes fiscales no fueron capaces de convencer a UN JUEZ DE 24?????? Tan detestable y pobre o coludidamente mala fue su presentacion????????

  2. Muy claro, franco e importante, lo expuesto por el autor de la carta.
    Es también una preocupación de muchos, que observamos como en general, el Poder Judicial ha perdido paulatinamente la confianza de los chilenos. A modo de ejemplo, el cuestionado caso de la Fundación Procultura, una arista del caso Convenios, no representa el propósito y función principal de este Poder: otorgar una justicia oportuna y de calidad.
    Similar situación de injusticia, se evidencia, en numerosas causas de Derechos Humanos, que afectan a uniformados en retiro. Para ellos no existe la igualdad ante la ley y muchas veces se les condena, sin las pruebas que ameriten su culpabilidad. Se abusa del carácter «autónomo», del Poder Judicial.

  3. La frase inicial de la carta «cuando parecía que al fin se vislumbraba justicia en el oscuro túnel de la corrupción» me llevó a parafrasearla: «con la asunción del nuevo gobierno se vislumbra justicia en el oscuro túnel de la corrupción judicial en las causas sobre derechos humanos».
    Asimismo, dicha frase me llevó a las siguientes reflexiones:
    <>.
    Adolfo Paúl Latorre
    Abogado

  4. El sistema eliminó los dos párrafos finales que siguen y que iban encerrados por comillas angulares o españolas:
    Los militares son las víctimas sacrificiales de todos los pecados cometidos en una época trágica y turbulenta, con las que tratan de esconder y de lavar sus culpas los políticos que exacerbaban el odio y la lucha de clases; que predicaban y practicaban la violencia como un medio legítimo para alcanzar el poder; que pretendían instaurar en Chile un régimen totalitario marxista al estilo cubano; que destruyeron la economía y la democracia; que condujeron a Chile a la anarquía y desataron una situación de guerra civil y que son los grandes responsables del quiebre del orden institucional y de los dolores que sufrieron sus seguidores.
    Los militares condenados en las causas de derechos humanos son inocentes de los delitos que les han sido imputados, están libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal; y lo han sido vulnerando sus derechos humanos al debido proceso y a la igualdad ante la ley, sobre la base de ficciones jurídicas o por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes, y sin pruebas que acrediten, más allá de toda duda razonable, que realmente cometieron el hecho punible y que hayan tenido una participación culpable y penada por la ley.
    Adolfo Paúl Latorre

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