Señor Director:

El jueves, la Contraloría General de la República publicó un informe que revela que la exministra Trinidad Steinert excedió sus facultades al solicitar información confidencial sobre funcionarios de la PDI con quienes colaboró durante su periodo como fiscal.

Esto solo confirma que no había alternativa a removerla, aunque, sobre todo, plantea dudas sobre las evaluaciones que realizó el equipo presidencial antes de designarla. ¿Se realizó un chequeo adecuado de sus capacidades técnicas y políticas para ejercer el cargo?

Por estos días, la oposición discute si acaso presentar una nueva acusación constitucional en su contra. De confirmarse, seguiremos en la espiral de luchas políticas fratricidas, aunque esta vez con una responsabilidad directa —y evitable— por parte de la exministra y, en buena medida, de quienes la eligieron.

Rodrigo Pérez de Arce P. – Faro UDD