Señor Director:
Un sueño es que el Estado debiera administrar eficientemente el capital humano de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública bajo una política común, con criterios objetivos, transparentes y de largo plazo.
Hoy, mientras las Fuerzas Armadas, la PDI y Gendarmería mantienen la posibilidad de pensionarse con un mínimo de 20 años de servicio y acceder al 100% de la pensión con 30 años, el proyecto anunciado para Carabineros de Chile propone elevar esos requisitos a 23 y 35 años, respectivamente.
Más allá del impacto previsional, la diferencia plantea una interrogante estratégica: ¿es conveniente que el propio Estado establezca condiciones de carrera distintas entre instituciones que compiten por atraer jóvenes con vocación de servicio?
Si no existe una justificación técnica sólida, esta asimetría puede disminuir el atractivo de Carabineros frente a otras instituciones, afectar las postulaciones, acelerar renuncias tempranas y dificultar la retención del personal. Ello ocurre precisamente cuando la seguridad pública demanda fortalecer la dotación y la experiencia de los funcionarios.
Una política de capital humano debe favorecer el reclutamiento, la permanencia y el desarrollo profesional, no generar desventajas comparativas entre instituciones del mismo Estado. Nuestro país requiere una estrategia integral que armonice remuneraciones, bienestar, carrera y previsión, respetando las particularidades de cada institución, pero evitando inequidades que terminen debilitando la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Hero Negrón Schlotterbach – Magíster en Gestión de Recursos Humanos