Señor Director:
Los miembros de las comisiones unidas de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputados, donde se discuten las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), deben tener meridianamente claro el concepto de “uso proporcional de la fuerza”, lo que evitaría el despropósito de la ley 21.560 —para fortalecer y proteger el ejercicio de la función judicial— que presume legalmente que concurren las circunstancias previstas en el artículo 10 de Código Penal (eximentes de responsabilidad criminal) cuando los policías “repelen o impiden una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero”, pero no cuando impiden un delito o evitan una fuga; restricción con la que quedan sin capacidades ofensivas, disuasivas o represivas, no constituyendo una amenaza real y reducidos a la calidad de meros observadores de quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos delincuenciales, vandálicos, subversivos o terroristas.
La proporcionalidad no significa igualdad —que los policías deben responder con los mismos elementos utilizados por el agresor— sino que la fuerza debe estar en proporción a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, a la situación que se controla, al peligro representado por los delincuentes y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos graves justifica el empleo de medios letales.
Atentamente le saluda,
Adolfo Paúl Latorre
Estimados lectores:
Donde dice: «para fortalecer y proteger el ejercicio de la función judicial» debe decir: para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial».
Ruego perdonar el gazapo.
Adolfo Paúl Latorre
Exacto, impedir un delito o evitar una fuga no pueden quedar desprotegidos. Por otra parte, una mal entendida proporcionalidad puede llevar a devolver los peñascazos que se reciben sin advertir que una peñascazo «bien dirigido» también puede causar grave daño o, incluso, provocar la muerte. En la antigüedad, la honda también era un arma ofensiva de mucha efectividad.