Señor Director.
El señor Álvaro Mesa Latorre, ministro en visita designado en forma extraordinaria, fue designado para investigar causas por presuntas violaciones a los DD.HH., acaecidas en septiembre y octubre de 1973. Por supuestos hechos ocurridos, dicho magistrado condenó en primera instancia, a 67 procesados, ex uniformados otrora pertenecientes a Regimientos de la Araucanía, ya sea de Temuco, Angol, Lautaro y Victoria. Sentenció a 57 personas a penas aflictivas que fluctúan entre 15 años y cadena perpetua. En largos procesos de más de nueve años, que en conjunto superan las 70.000 fojas, ellos fueron condenados incumpliendo normas mínimas del debido proceso, sin adecuadas investigaciones de los hechos, sin atender a algunos fácilmente comprobables como el no haber estado presentes en el lugar del delito. Otros, por haber cumplido, como subalternos, órdenes provenientes desde mandos superiores, hoy sobreseídos por fallecimiento.
En la mayoría de los casos, las sentencias se basan sólo en presunciones, otras, fundadas en criterios y máximas sin razón como “No importa la función que cumpliera, -en este caso en el Regimiento Tucapel-, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen en donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a las personas. Luego, entonces, corresponde imputarle penalmente su responsabilidad”.
La ICA de Temuco denegó recursos de nulidad solicitados en contra de informes del fiscal, en los cuales se planteaban elementos objetivos que probaban falta de imparcialidad o faltas por ausencia de análisis como bases para emitir informes acordes con la ley. En 23 condenas sentenciadas en Temuco, en Angol con otras 13 condenas, que cada una con más de 25 tomos, 10.000 fojas y condenas de más de 1.000 hojas, más los recursos de apelación y/o de casación, el fiscal los analiza y redacta los respectivos informes en sólo 1 día hábil. Además, son recurrentes y evidentes en éstos, copias textuales desde primer informe.
En atención a que las edades de los condenados rondan, en promedio, los 75 años, con toda certeza se puede afirmar que estos ancianos ex uniformados siendo sentenciados a morir tras las rejas. Todos los que aún viven, en el tiempo pasado y lugares referidos, eran nóveles oficiales subalternos, clases y soldados conscriptos.
Todo lo expuesto nos debe llevar a la reflexión, en donde intervengan el raciocinio y el corazón, unidos íntimamente. Más aún que abogar por la aplicación de justicia, chilenos de bien debemos abogar por la desaplicación de la injusticia. Y por, sobre todo, abogar por el imperio de la razón.
Hernán Pizarro Quinteros
Excelente columna !
Muy de acuerdo con la columna de don Hernán Pizarro.
Ante tanta injusticia: ¿Qué hacen nuestros diputados y senadores? ¿No será hora que investiguen estos hechos y hagan prevalecer la justicia?
Son unos pocos políticos los que defienden los derechos de los militares y carabineros, procesados y presos injustamente.
Excelente carta al Director! Todos ellos deberían tener un juicio justo y estoy segura que la gran mayoría serían absueltos.
Los militares y carabineros condenados en las causas de derechos humanos, lo han sido vulnerando sus derechos humanos al debido proceso y a la igualdad ante la ley (porque les ha sido aplicado el antiguo sistema procesal penal inquisitorio y no el acusatorio que desde el 16 de junio del año 2005 rige en todas las regiones del país).
Ellos son inocentes de los delitos que les han sido imputados, están libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal y han sido condenados sobre la base de ficciones jurídicas o por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes y sin pruebas que acrediten, más allá de toda duda razonable, que realmente cometieron el hecho punible y que hayan tenido una participación culpable y penada por la ley.
Por tales razones, todos ellos deben ser indultados o dejados en libertad condicional.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política