Este martes se publicó en el Diario Oficial el decreto que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación, una iniciativa del Ejecutivo que, según el documento, trabajará con el Ministerio de Ciencias y el Ministerio Secretaría General de Gobierno, y que será integrado por “académicos, investigadores de universidades privadas y estatales, representantes de la sociedad civil y de organizaciones fact-checking, relacionados a la materia de desinformación”.
Lo anterior ha generado una serie de críticas por atentar contra la libertad de expresión. En Mirada Líbero abordamos este tema junto al abogado y profesor de derecho penal de la Universidad de Chile, Gabriel Zaliasnik.
Ante la iniciativa del Ejecutivo, Zaliasnik señaló: “Me parece que es propia de un sistema estalinista, es una barbaridad desde el punto de vista del derecho a la liberta de expresión, pretender regular la libertad de expresión o restringirla, mediante un decreto y no mediante un proyecto de ley. Y creo que no es una desprolijidad de parte del gobierno, hay una intencionalidad”.
Al mismo tiempo, manifestó que esto se realiza con una “cierta malicia, porque se lo entrega al Ministerio de Ciencias, pero de alguna manera los designa la ministra vocera de Gobierno, que es del PC, entonces me parece que es extraordinariamente preocupante».
Agregó: «Son pequeños actos que van erosionando la calidad de nuestra democracia, la calidad de nuestro Estado de Derecho. Para nosotros como abogados, resguardar el Estado de Derecho es elemental. Por lo tanto, me parece muy peligroso entregarle esto al Poder Ejecutivo, que ya ha dado señales de su intento de modificar la realidad muchas veces”.
En esta decisión del gobierno, comentó el penalista, “puede haber vicios que pueden invalidar este acto”. De igual manera, señaló que “desde el punto de vista legislativo, creo que el Congreso podría hacerse cargo de esta suerte de contienda de competencias y presentarle al Presidente la gravedad de lo que ocurrió”.
Además, alegó que “me parece muy grave, me preocupa porque esta misma conversación, el día de mañana, podrían sostener que hemos hecho aseveraciones falsas o que hay cosas que no son acordes, porque la comisión asesora de la Segegob o del Ministerio de Ciencias estiman que lo que decimos no es correcto. Hay tantas cosas que pasan en Chile que una cosa se va comiendo a la otra y no nos damos cuenta de que institucionalmente esto se está viniendo abajo. Y no por casualidad, por actos deliberados. Que alguien piense que esto puede tener sentido, me parece muy grave”.
Zaliasnik: “No debiéramos temerle a conceptualizar el delito de terrorismo”
Por otro lado, el abogado penalista se refirió a los atentados explosivos que ocurrieron hace unas semanas en el país, y que afectaron a torres de alta tensión en Valparaíso y Biobío, y a un puente en Ñuble. Desde el gobierno decidieron no querellarse por la Ley Antiterrorista, sino que utilizar la ley de control de armas y otras, lo que ha generado diversas críticas.
Al respecto, Zaliasnik señaló que “siempre he pensado que detrás de esta idea de la falta de o de la dificultad de probar el ánimo terrorista, hay una cierta falacia argumental. La forma en que el artículo primero señala o conceptualiza el tipo penal, y después enuncia los delitos comunes a los cuales se les da la calificación de terrorista a mi gusto, no deja tanto espacio”.
El abogado señaló que “no debiéramos temerle a conceptualizar el delito de terrorismo. Nuestro problema no es realmente de modelo, es de voluntad, es el propósito de querer aplicarla o no. No puede ser que tengamos una o dos condenados en todos estos años y que tantos otros hechos escapen a esta denominación por falta de voluntad política de aplicarla”.
Aún así, explicó que la ley debe sufrir modificaciones, para que, de esta manera, se le entregue una señal a los tribunales de que el Poder Legislativo se hizo cargo de los problemas que se han generado en el tiempo. “Debemos modificar para dar una señal desde el punto de vista del legislador, a los tribunales de la necesidad de aplicar la ley«.