Publicado el 29 marzo, 2021

Tres coincidencias y tres diferencias en 2 tipos de reglamento para la Convención Constitucional

Autor:

Mariela Herrera

No solo será el punto de partida de la nueva Constitución sino que le dará forma a todo el proceso. El reglamento de la Convención será el primer tema que deberán acordar los convencionales. Modelos hay muchos, y esta semana mostraron sus posturas los constitucionalistas Javiera Ascencio, de Rumbo Colectivo, y Sebastián Soto, de la Universidad Católica.

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Mariela Herrera

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Cómo se votará, cuántas comisiones habrá, cómo participará la ciudadanía, se podrá seguir o no no vía streaming el debate constitucional y un largo etcétera son parte de la estructura que deberá estipular el reglamento de la Convención Constitucional y que tiene que ser aprobado… por los mismos constituyentes, después de que suene la campanilla que dé el puntapié inicial del histórico proceso.

De ahí lo clave que resulta saber cómo debe ser ese texto que dé forma a la Convención Constitucional. Expertos constitucionalistas señalan que el conjunto de reglas debiera lograr el más amplio consenso y aprobarse en un plazo relativamente rápido. La Asamblea Constituyente de Bolivia en 2006 no es un buen ejemplo a seguir en esta materia: sus miembros demoraron seis meses en aprobar el reglamento en caóticas sesiones.

Los expertos, en todo caso, no creen que se llegue a ese extremo. De hecho, son más las coincidencias que diferencias entre los distintos modelos de reglamentos. Así ocurre por ejemplo, en las propuestas que esta semana presentaron los constitucionalistas Javiera Ascencio, de Rumbo Colectivo, y Sebastián Soto, de la Universidad Católica en un seminario en el Centro de Estudios Públicos (CEP).


Facilitar la elaboración de una nueva Constitución. Ambos expertos subrayan la importancia del reglamento para la nueva Carta Magna. “Un reglamento que facilite el trabajo en la Convención, proponiendo a la ciudadanía un texto constitucional para su ratificación dentro de los tiempos acotados que la convención tiene para ello y bajo los estándares democráticos que tiene que caracterizar el proceso constituyente que ya es inédito en cuanto a lo paritario, a la participación de pueblos indígenas y a la participación de independientes”, señaló Javiera Ascencio en el webinar moderado por Lucas Sierra, del CEP

Sebastián Soto coincidió con el objetivo que, aunque parezca obvio, tiene aspectos concretos. “El objetivo es que la Convención proponga un texto de nueva Constitución y para eso es necesario hacer lo posible para que ello ocurra. Que ese texto de nueva Constitución sea un texto que supere lo más posible los estándares básicos de calidad técnica, aceptación por la ciudadanía y legitimidad en el mediano y largo plazo”.

¿Cómo debe ser la estructura de la Convención? Si bien Ascencio y Soto tienen diferentes matices en este punto, sí coinciden en que debe existir, además del pleno y de las instancias temáticas, una comisión técnica constitucional, como la llama el abogado de la UC, o comisión de armonización según el nombre que le da Rumbo Colectivo.

Esta comisión técnica constitucional (o el nombre que reciba) será clave en la Convención. Para Sebastián Soto esta instancia existirá junto con las comisiones temáticas, pero con un fin diferente: debieran estar en ella los representantes de las diferentes facciones de la Convención Constitucional, algo así como los “jefes de bancada” del Congreso actual. La idea es que por ella pasen las distintas propuestas de cada comisión técnica. Usando nuevamente el símil del Congreso, Soto la equipara a la “comisión de Hacienda”, que es por donde pasan la mayoría de los proyectos de ley. En este caso, pasarían por ella los textos propuestos por las comisiones temáticas para que la técnica elabore un informe que pueda aprobar lo que viene desde la temática o puede hacerle cambios y presentarlo a los convencionales en la sala y será ésta la que decida por uno u otro informe.

En comisión técnica constitucional deberían estar los principales líderes de las facciones para generar el máximo de acuerdos posibles. De hecho, en ella finalmente, estarán los arquitectos del proceso constituyente”, señala el constitucionalista Sebastián Soto.

Pero además, esta comisión técnica constitucional tendrá la responsabilidad de entregar a la sala el informe final para una nueva Constitución. Es por ello que se espera que en esta instancia estén los principales líderes de las facciones para generar el máximo de acuerdos posibles”. De hecho, en ella finalmente, plantea el especialista de la UC “estarán los arquitectos del proceso constituyente”.

Javiera Ascencio opta por llamarla comisión de armonización. En líneas generales, la constitucionalista comparte la mirada del también consejero del CDE. Pero marca algunas diferencias. En la propuesta de Rumbo Colectivo se lee: “Dentro de las alternativas posibles, se podría considerar atribuir a la Mesa Directiva de la Convención, la potestad de dotarse de mecanismos para encontrar las alternativas para destrabar los nudos o disensos que obstaculicen el funcionamiento convencional, o crear un Comité de Armonización, compuesto por convencionales, para velar por la calidad técnica, coherencia interna y completitud del texto constitucional”.

En el seminario del CEP, Javiera Ascencio, agregó que “el comité de armonización pueda llamar a los presidentes de las comisiones que están abordando una misma materia de maneras distintas y ver si es que se puede destrabar para proponer al pleno una fórmula distinta a la que se vio en las comisiones, por ejemplo. Hay que entregarle poder a este comité”, en línea con Soto. Pero advierte que esta “orgánica no elitice al interior el mismo proceso de deliberación”. Plantea que se debe evitar que sea esta comisión “quien vaya adoptando las decisiones donde van a estar los constitucionalistas más reconocidos de cada fuerza política y que al final del proceso, entre tantos ir y venir, decidan una cosa distinta que no de cuenta del proceso deliberativo que se dio durante todos los meses de la Convención”.

En materia de votaciones ambos coinciden en que debe dejarse estipulado que la aprobación de los artículos o los capítulos de la nueva Constitución debe ser por dos tercios, no así dentro de cada comisión. “Tenemos coincidencias porque efectivamente creemos que en las comisiones no tienen ningún sentido votar con un quórum supra mayoritario, sino que en las comisiones tienen que darse con los quórum normales de mayoría simple”, señala Asecenio. En este mismo sentido, Soto plantea la necesidad que, salvo en las comisiones, todo sea por dos tercios. “Exigir el quórum en algunas votaciones y no en todas sería absurdo porque el quórum pretende buscar acuerdos amplios y por eso siempre debe estar presente porque si no lo está en alguna etapa, todo el proceso se enfocará en llegar a esa instancia en que el quórum no es necesario. Y así no se facilita la cooperación y las confianzas”.

Y ¿cuáles son las diferencias que quedan más marcadas en en estos dos modelos de reglamento? La votación final del texto completo de la nueva Constitución, la transparencia “a todo evento” y el nivel de participación ciudadana.

Para Sebastián Soto, el texto completo que la Convención Constitucional acuerde para una nueva Constitución debe votarse como un todo con un quórum de dos tercios. “Debe haber coherencia”, señala. Y ejemplifica: “Es muy complejo aprobar el capítulo de Congreso sin ver el capítulo de Gobierno, ¿cómo hacerlo sin tener esa mirada global? Todo está entrelazado y relacionados, por eso se necesita una mirada global en la votación final”.

En cambio, Javiera Ascencio plantea: “En lo que claramente no estamos de acuerdo en la votación de un texto final, ni siquiera por mayoría simple. Creemos, como Red de Centros, que no es necesario, no se exige y existen otras formas de desbloquear o de resolver los disensos y de dar por finalizado el proceso constitucional”.

No hay que tenerle miedo a transparentar las votaciones, las escuchas, el diálogo y el debate y en ese sentido no parece prudente establecer espacios de reserva simplemente porque le tiñe de una opacidad que finalmente le quita legitimidad al proceso”, plantea la constitucionalista Javiera Ascencio.

En cuanto a la transparencia durante el proceso, la abogada considera que debe ser prácticamente total. “Puede haber una causal de reserva o secreto, por ejemplo, en temas que afecten derechos de terceros, cuando hayan datos personales, no así en otros casos, ni la causal de seguridad nacional puede ser un obstáculo en una discusión constituyente”. Y agrega: “Creo que no hay que tenerle miedo a transparentar las votaciones, las escuchas, el diálogo y el debate y en ese sentido no parece prudente establecer espacios de reserva simplemente porque le tiñe de una opacidad que finalmente le quita legitimidad al proceso, es bueno mantener esa transparencia en cada uno de los espacios de los órganos de la Convención.

La diferencia en este punto es marcada con Sebastián Soto. El ex asesor de la Segpres señala que si bien la transparencia es muy importante, la pregunta es si debe haber espacios de reserva temporal”. Explica que si todo es transparente la negociación se traslada a otros espacios, “se desinstitucionaliza y esto está probado y es parte de las recomendaciones de una serie de organismos en que debe haber algún espacio de reserva”. Señala que esos espacios pueden ser con un secretario, con grabaciones que luego, más adelante, se pueden publicar, pero que haya espacio para negociar. “Si hasta el Consejo para la Transparencia delibera reservadamente”,  comenta. “Un espacio de streaming total desinstitucionaliza la negociación”. “La legitimidad está dada no porque las comisiones y las sesiones sean por streaming sino por algo mucho más amplio”.

Sobre cómo se debe dar la participación ciudadana, Ascencio subraya que “todo lo que se recoja de participación sea procesado y sea puesto oportunamente a disposición de la Constituyente. Esto también se va a dar, a lo menos en el esquema que tenemos nosotros, de un proceso concentrado la discusión en comisiones y después en pleno, por lo tanto, en la primera parte del trabajo de la convención sería la parte en la cual se debiera contemplar la participación de la ciudadanía”. Una de sus propuestas es que sobre el rol que pueden jugar las universidades públicas regionales, para que sean “sede de la Convención, no necesariamente para que se traslade toda la Convención, pero sí pueden hacerlo las las comisiones, puede ser el espacio donde se congregue la ciudadanía y donde sea la ciudadanía la que se reúna en la universidad y pueda estar participando a través de un determinado mecanismo”.

Sobre este punto, Sebastián Soto advierte: “La participación ciudadana que es vital, debe darse al principio con  mucha intensidad y al final porque es necesario responder, devolver aquello que se recibió y probablemente una comisión de participación ciudadana, o lo que fuere, tiene que hacer un proceso de educación cívica muy intenso, explicar lo que se está haciendo, pero tenemos que estar conscientes de los límites de la participación”. “Los convencionales tienen que darse cuenta de que los mecanismos de participación ciudadana no siempre miden lo que quiere la población en general”.

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