Esta semana se produjo la primera manifestación callejera durante la nueva administración, que provocó el cierre de estaciones de Metro, desvíos del tránsito, y derivó en enfrentamientos entre encapuchados y policías. Por lo mismo, el Presidente José Antonio Kast dijo que “hay quienes buscan reivindicar esa inseguridad que nos afectó de una manera irracional”.
En conversación con El Líbero, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se refirió a este escenario derivado tras el alza de los combustibles, y los anuncios del gobierno en esta materia.
«El país no está dispuesto a avalar que la manifestación legítima se traduzca en vandalismo»
-Se realizó la primera manifestación callejera del nuevo gobierno, ¿cree que acá hay una aprovechamiento de la crisis de los combustibles para salir a la calle?
-El shock que estamos viviendo a nivel internacional y que efectivamente es inevitable que se traspase a nuestro país, obviamente iba a generar un malestar, una reacción. Y es legítimo manifestarse, es un derecho que tiene el ciudadano. Lo que no tiene derecho es a manifestarse violentamente, ni a destruir infraestructura pública, ni tampoco a bloquear el tránsito. Entonces, creo que no es nada inesperado. El asumir este shock de precio de combustible, de la forma en que se ha hecho, evidentemente ha generado mucho ruido, muchas conversaciones a nivel de medios, reacciones, buscar medidas de mitigación.
-¿Es espontáneo?
-No lo sé. La verdad es que no me atrevo a juzgarlo. Pero lo importante es que creo que el país ya no está dispuesto a avalar que esa manifestación legítima se traduzca en vandalismo, en agresiones hacia nuestros carabineros, en tratar de nuevamente violentar la estatua del general Baquedano. Hay algo que debemos haber aprendido del pasado.
-¿Cómo ve usted, y cuál es la mirada del empresariado, sobre el alza de las bencinas, y la situación país?
-Es bien complicado lo que está pasando. Veníamos con algún viento a favor, el escenario internacional nos estaba acompañando, había buenos términos de intercambio, un buen precio del cobre, el precio del petróleo estaba cerca de los 60 dólares el barril… Había alguna percepción más positiva, uno veía por ejemplo las expectativas empresariales en terreno positivo después de casi cuatro años en que había estado en área negativa, y por lo tanto, un vuelito que veíamos muy positivamente. Lamentablemente el escenario internacional se complicó, se complicó para la economía global, se complicó para Chile. Somos un importador de combustible, eso genera un shock muy fuerte para la actividad productiva, para el bolsillo de los ciudadanos y los automovilistas en particular, para el transporte público, y con efectos de segunda vuelta, porque estos son mayores costos de producción, la energía es necesaria en todas las industrias y eso va a impactar también las cifras de inflación.
-La CPC estimó un duro impacto inflacionario, 0,3 puntos de inflación en marzo, y hasta 1 punto de mayor inflación en abril debido a esta medida…
-Así es, y la verdad es que todo va a depender de la permanencia de estos altos precios del petróleo a nivel internacional. Uno ve la repercusión, se sintió inmediatamente en las estimaciones del Banco Central. Como eso no solo pega en una proyección de inflación más alta de lo que se venía estimando, también en la actividad productiva, cómo se ajustan las expectativas de crecimiento.
-¿Acota el crecimiento económico del país?
-Absolutamente. Si estábamos hablando de que el crecimiento podía estar más bien entre 2,5% y 3% para este año en curso, hoy día estamos más cerca de 2%, que de 2,5%. Entonces, está teniendo un impacto importante. Sabemos de las restricciones que hay desde el punto de vista de las arcas fiscales, eso también pone una cuota de dificultad para el año, que hemos visto sincerarse a lo largo de las últimas semanas. Y por supuesto, eso genera una perspectiva para el 2026 menos favorable a lo que esperábamos hace solo un par de semanas atrás.
«Incluso con el Mepco operando, en un par de semanas o meses, estos precios se verían reflejados en la realidad chilena»
-Y considerando este efecto sobre la economía del país, ¿ustedes como CPC están a favor de las medidas adoptadas por el gobierno sobre las bencinas?
-Es una pregunta muy difícil, porque es evidente que una crisis de esta magnitud no es fácilmente abordable. Finalmente estos precios se van a traducir en precios internos, hagas lo que hagas. Incluso con el Mepco operando, en un par de semanas, a lo sumo un par de meses, estos precios se verían reflejados en la realidad chilena. Y en la medida que no lo hacemos, solamente estamos postergando un shock con un alto costo fiscal. Estamos con una situación fiscal estrecha, con fondos soberanos que también se vieron reducidos significativamente, cuando ha sido diseñado para situaciones de emergencia.
-¿Pero usted cree que si el gobierno no hubiese anunciado el alza de las bencinas, de todos modos hubiéramos tenido el mismo efecto en la inflación?
-Si los precios permanecen altos, que es la proyección que parece tener el Ejecutivo, efectivamente, en un par de semanas o en un par de meses verías ese impacto. Porque la banda se va ajustando semana a semana a los niveles internacionales. Entonces, claro, hubiese sido más gradual, pero terminaríamos más o menos donde mismo. Pero, por supuesto, este shock es fuerte, es una decisión que toma el Ejecutivo quizá con una falencia comunicacional de las medidas de mitigación que se están abordando. Mucha gente lo que más ha criticado es que no haya un proceso más suave, pero la decisión de hacerlo de esta forma tiene que ver con las opciones que tiene el Ejecutivo, de lo que puede hacer a través de decretos. La alternativa es hacerlo vía legal y no sé en qué hubiese resultado eso.
Y la verdad es que, bueno, lo que vemos es una situación súper compleja. Creemos que abordar medidas de mitigación es necesario. De hecho, nosotros hemos tenido múltiples reuniones con los ministros, buscando más medidas de mitigación. Nosotros, a través de CPC, tenemos una iniciativa que se llama «Gremios por Chile», que es un despliegue a lo largo de todo el país a nivel regional con las distintas ramas de la CPC, y tuvimos la oportunidad de tener una reunión por zoom con el ministro de Economía, donde las regiones fueron también haciendo propuestas. Por ejemplo, está bien la medida de mitigación para que el transporte público, que es el que afecta a la gran mayoría de los chilenos, pero hay regiones que no funcionan con transporte público. ¿Cómo lo hacemos? Podemos también generar algún tipo de alivio para esas regiones o para las regiones extremas, y así sucesivamente.
-¿Faltan más medidas de mitigación de parte del gobierno?
-Hay un diálogo abierto. Creo que es bueno que se haya aprobado rápidamente lo que se propuso, es importante para el bolsillo de las personas. Esta ley, el tema de la parafina, el tema de mantener congelado el transporte público. Es tratar de focalizar recursos en los sectores más vulnerables, pero todavía hay un diálogo abierto muy necesario, porque esto impacta de distintas maneras a las regiones, a los distintos sectores productivos.
«Hay una necesidad de mayor conversación con el mundo privado, pudo haberse hecho mejor»
– ¿A qué se refiere cuando habla de una falencia comunicacional? ¿Por la frase de «Estado de Chile en quiebra» o por algo más amplio?
-Eso ciertamente ha estado en los últimos días en el tapete de discusión. Yo creo que es un eslogan, suena más campañero que realmente desde una comunicación oficial, que yo creo que no corresponde. Sí corresponde sincerar los números, y hay que hacer un esfuerzo mucho mayor de comunicación. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con el ministro en seminarios, en reuniones que hemos solicitado por lobby, donde se hace muy explícito, que si los precios se mantienen puede llegar a costarnos 200 millones de dólares semanales, eso podría estarse usando en terminar con las listas de espera. O sea, cuando tú escuchas esa racionalidad es comprensible, pero ¿cuántos de la ciudadanía tienen la oportunidad de escuchar esos argumentos? ¿Cuánto somos capaces de preparar o anticiparnos a estos cambios? Creo que ahí hay una necesidad de mayor conversación y anticipación con el mundo privado, que pudo haberse hecho mejor.
-¿Y qué pasa con los transportistas, cómo enfrentan esta situación?
-Es un escenario complejo sin lugar a duda. De hecho, las confederaciones de transportistas nos han estado llamando. Tenemos un par de reuniones con ellos. Evidentemente, este es un shock que les pega directamente. En el caso de las empresas de mayor tamaño, hay contratos que tienen polinomios que buscan reflejar los cambios en los precios de los combustibles. Pero estos tienen alguna inercia, por lo tanto hay algunas empresas que nos han comentado que están haciendo el ajuste inmediato, de modo de darles un alivio también al transporte y a la logística de sus actividades. Y eso es muy bienvenido. Por supuesto no es algo generalizable, hay situaciones muy diversas de una empresa a otra, de un tamaño a otro. Pero por supuesto, hay una preocupación, porque un shock tan grande puede generar que efectivamente haya transportistas, haya camioneros que realmente no pueden costear este mayor costo con los contratos vigentes.
– ¿Cuáles debieran ser las medidas adoptadas por el gobierno y como empresariado, en relación a los transportistas? DiDi, Cabify y Uber anunciaron medidas de mitigación, para absorber el impacto y los costos, con beneficios a conductores y descuentos a usuarios, ¿se debiese pensar en algo así?
-Esta es una situación suficientemente grave como para entender y empatizar que acá hay procesos de ajuste que le van a pegar más a unos que a otros. Y, por lo tanto, hay una preocupación legítima de que esto no puede ser completamente absorbido por unos y otros. Esto va a tener efecto en el transporte, efecto en las empresas, y efectos en los clientes finales. Porque absorber un shock tan grande… nunca ha habido un aumento tan fuerte del precio de los combustibles, producto de este escenario internacional. Y hay que mantener el diálogo abierto de las empresas con sus contratistas, es que es algo necesario y que se está haciendo. Algunos se han adelantado, otros están iniciando esas conversaciones. Y por supuesto, bienvenido cuando se puede llegar a acuerdos voluntarios entre las partes. Eso es algo que no nos corresponde a nosotros opinar. Pero por supuesto que hemos escuchado de algunas experiencias, y bienvenido sea.
-¿Qué medidas se debieran adoptar, entonces?
-Claro, es que aquí hay que pensar en qué significa medidas. A mí cuando me hablan de medidas, son medidas que toma la autoridad, el Ejecutivo, que está dentro del paquete de medidas de mitigación… Van a aumentar ciertos subsidios al transporte público, están también tomando la delantera en algunas medidas que se había estado conversando con los transportistas, medidas de seguridad en las carreteras. O sea, hay ciertas medidas de mitigación que el Ejecutivo está tomando y yo me imagino, sigue conversando con ellos, para ver cómo más aliviar esa situación.
«Hay espacio para que el gobierno tome más medidas de mitigación»
-¿Es decir, hacen falta mayores medidas que las que se han anunciado?
-Creo que hay espacio para que el gobierno tome más medidas de mitigación. Estamos también atentos a lo que está proponiendo el mundo de los transportistas. Hay algunas propuestas, y son medidas que tiene que sopesar el Ejecutivo. No somos nosotros los que incidimos, sí podemos ser un canal de comunicación y de conversación entre las partes. Y desde el punto de vista de las empresas, muchas ya han iniciado conversaciones, viendo cómo compartir este ajuste, que al final se termina mitigando, por una parte o por otra, pero hay costos que vamos a tener que asumir. El país, frente a una situación tan compleja como esta, no tiene una salida fácil. No hay una cortada de camino frente a un shock que termina siendo fuerte para todos. Para los consumidores, para los que usan el transporte, para la actividad productiva, para los costos de producción.
Y ahí, por ejemplo, la minería ha levantado la voz, porque efectivamente un impuesto al cual no están sujetos, porque hay maquinaria o equipamiento minero que no hace uso de la vía pública, y sin embargo hoy día se le igualan las condiciones al transporte, producto de esta ley de mitigación, se ven sujetos a un impuesto que es nuevo, por supuesto también han hecho valer su punto. A mí me tocó una reunión en que nos invitaron a nosotros como CPC, pero también a los gremios mineros, y dado que hay un biministro hoy día, fue parte de las conversaciones. Hay que ir viendo, semana a semana, cómo se aborda esto y qué pasa con los precios internacionales, si se mantienen en el nivel que están o si eventualmente hay una normalización, que es algo que nosotros esperamos.
«Hay preocupación de que esta situación no postergue otras medidas económicas que estaban en la agenda presidencial»
-¿Cómo esto impacta en el estado anímico del empresariado e inversionistas?
-La disposición está, y ese mayor optimismo está muy anclado en las decisiones económicas que pueda tomar la actual administración. Por supuesto, hay una preocupación de que esta situación, que queremos que sea coyuntural, no genere una postergación de otras medidas económicas que estaban en la agenda presidencial, y que son las que de alguna manera han generado un cambio anímico. Porque las cifras no nos acompañan todavía. Si bien se corrigió el crecimiento económico del año 2025 de 2,3% a 2,5%, lo cierto es que el segundo semestre del año pasado fue un semestre débil, de crecimiento promedio de 1,7% en el semestre, y partimos el año con cifras bastante débiles, en que el primer trimestre ya marca una posibilidad de crecimiento al año 2026 que ya era más acotado. Entonces, no hay que olvidarse que el viento de cola no viene por las cifras económicas, viene por un estado anímico frente a lo que fue la propuesta del entonces candidato presidencial José Antonio Kast.
-¿Cómo esto puede afectar esa agenda económica?
-Es una pregunta abierta. Porque la agenda traía temas muy importantes para la actividad económica. Una mayor competitividad tributaria que hemos perdido a lo largo de las últimas décadas, con alzas sucesivas del impuesto corporativo, que nos deja muy por sobre de lo que son el promedio de países desarrollados como son los de la OCDE, y que tienen elementos de atracción de inversión. Una agenda de facilitación regulatoria, cómo se va facilitando todos los procesos de aprobación de los permisos, tanto ambientales como sectoriales. Modernización del Estado, hay mucho que hacer ahí también. Y certeza jurídica para los inversionistas. Entonces, la preocupación hoy día, el ánimo de invertir, de desarrollar todo el potencial que Chile tiene, está. Pero obviamente va acompañado de una propuesta del Ejecutivo que esperamos pueda ejecutarse en el más breve plazo.
«Se le puso la pista más difícil, no cabe duda»
-¿Y cuáles son las expectativas que tienen para el gobierno?
-Se les puso la pista más difícil, no cabe duda. Si pudiéramos obviar el escenario internacional y el shock que esto está implicando para la economía chilena y para las personas, evidentemente estaríamos viendo con más optimismo lo que se viene. Creo que esto acota las expectativas para lo que es el año 2026, pero evidentemente la expectativa es que la agenda económica siga en pie. Yo entiendo que se está trabajando firmemente en eso, en la agenda de permisos. Nosotros mismos, como CPC y sus seis ramas, hicimos una propuesta muy concreta, pública, de cómo facilitar los procesos de aprobación de permisos sectoriales. Estamos también observando qué se puede hacer desde el punto de vista de generar más certezas en el tema ambiental y menos restricciones, que no están contempladas en la ley. Eso también es un trabajo que estamos desarrollando. En materia laboral, donde también sucesivos cambios regulatorios han ido generando un costo de contratación que no se condice con la realidad del mercado laboral. No nos acostumbremos a tasas de desempleo como las que tenemos. Llevamos más de tres años con tasas de desempleo sobre el 8%, con una informalidad que sigue siendo alta, y con costos laborales que han ido creciendo al alero de aumentos de cotizaciones, reducción de jornada, aumento de salarios mínimos, leyes.
-¿Y ahora se está evaluando la ley de 40 horas?
-Para ser bien transparente, no se está evaluando en el sentido de que se retrotraiga una ley aprobada… Una cosa es la ley que se aprobó, y otra cosa son los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Y nos pasa no solo con la Dirección del Trabajo, nos pasa con el Servicio de Evaluación Ambiental, nos pasó con el Servicio de Impuestos Internos, que tienden a poner más exigencias a través de instrumentos infralegales. Temas que debieron haber sido por la vía legislativa los están introduciendo a través de guías, criterios, dictámenes y eso amerita una revisión, porque no tienen las competencias para hacer aquello y están generando gravámenes mayores o costos mayores en cada una de estas áreas. Y eso amerita una revisión sin lugar a dudas.
-¿Hay varios desafíos y áreas en las que ustedes esperan como gremio que el Ejecutivo se pronuncie, con cambios al respecto, entonces?
-Definitivamente. Y esperamos que haya de alguna manera un compromiso con las propuestas que se hicieron de cara a la elección presidencial.
-Desde la CPC se pidió terminar con los feriados irrenunciables, ¿eso sigue en la agenda?
-Te agradezco la pregunta, porque es distinto lo que uno dice de lo que se interpreta. A mí lo que se me preguntó sobre el Viernes Santo, una situación que levantó el propio Cardenal Chomali legítimamente desde el punto de vista de la Iglesia, porque él quiere avanzar en que el Viernes Santo sea irrenunciable. Y a mí cuando se me pregunta eso yo dije, mira, a nosotros no nos parece, no nos gusta que se sigan aumentando los feriados irrenunciables, y de hecho creemos que hay que revisar normativas que han hecho que los días electorales sean irrenunciables. Una discusión que hoy día no está en el tapete, porque tenemos un horizonte más largo sin elecciones, pero los últimos cuatro años tuvimos elección tras elección y la irrenunciabilidad de esos días generó una merma muy importante en sectores tan alicaídos como estuvo el comercio. En ese sentido, nosotros lo que buscamos es que anticipadamente se revise esa normativa de que los días electorales no sean irrenunciables y de que no se impongan nuevos feriados. Nunca estuvo en la conversación los cinco días irrenunciables que hoy día existen, que llevan muchos años y por lo tanto son un derecho adquirido… Por lo tanto para mí acá no existe una polémica ni existe una contradicción, es lo que hemos dicho siempre y lo que hemos defendido tanto desde la CPC como desde las distintas cámaras de comercio.