La Cuenta Pública fue leída como un intento del Presidente José Antonio Kast de ordenar el relato del gobierno después de semanas difíciles, marcadas por el cambio de gabinete, las críticas a la conducción en seguridad y los cuestionamientos a la estrategia comunicacional implementada desde La Moneda. El discurso buscó instalar una nueva etapa, con anuncios como la fusión de ministerios, la intervención de barrios críticos, el Registro de Vándalos e Incivilidades y el impulso al Plan de Reconstrucción Nacional, que ahora se tramita en el Senado.
Esa nueva etapa comenzó rápidamente con un reordenamiento en una de las áreas más sensibles para el Ejecutivo: seguridad. El ministro Martín Arrau llegó al Congreso a exponer los ejes de su plan después de haber pedido la renuncia a los dos subsecretarios de su cartera, en una señal que buscó marcar autoridad interna y cerrar la etapa anterior tras la salida de Trinidad Steinert.
En conversación con El Líbero, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), José Francisco Lagos, abordó estos temas, se refirió a los desafíos de esta nueva etapa, a la agenda de seguridad y la capacidad del gobierno para transformar los anuncios de la Cuenta Pública en medidas concretas.
«No solamente han sido semanas difíciles, sino que ha sido un proceso de instalación complejo»
-La Cuenta Pública fue leída como un intento del Presidente Kast de ordenar el relato después de semanas difíciles. ¿Cuál fue el objetivo central del discurso? ¿Cree que fue un punto de inflexión para el gobierno?
-No solamente han sido semanas difíciles, sino que ha sido un proceso de instalación complejo. Desde el 11 de marzo, hasta ahora, hemos tenido que enfrentar distintas situaciones que han sido evidentes en la opinión pública, pero muchas de ellas se vienen arrastrando desde la administración anterior, otras fueron más sorpresivas, como la situación internacional. Y, evidentemente, la Cuenta Pública da una oportunidad de no solamente hablar sobre la instalación, cómo recibimos el gobierno durante estos poco menos de tres meses, sino que también poder materializar hacia el futuro cuáles son las prioridades del gobierno. El mensaje, principalmente, era conectar con la ciudadanía en el sentido de decir, las personas han manifestado su opinión en distintas formas, por ejemplo en la elección presidencial, respecto a cuáles son sus prioridades. Y hemos tenido el diagnóstico claro y ahora es más o menos transversal, respecto a que las grandes urgencias sociales son la seguridad pública y la falta de crecimiento económico y de oportunidades.
-¿Y se logró el objetivo?
-Lo que quiso hacer el Presidente, y a nuestro juicio lo logró, es conectar y transmitir a las personas que las urgencias sociales también son las prioridades del gobierno. Y eso no solamente requiere decirlo, sino que requiere ser materializado en cuestiones concretas. Y en este caso, la lista de políticas públicas que propuso el Presidente y que está proponiendo al Congreso en particular, avanzan en esa línea, en la línea concreta de bajar a cosas prácticas y que las personas lo evalúen materialmente.
-Pero, en este caso, en vez de capitalizar la buena evaluación que tuvo en general la Cuenta Pública, el gobierno le pide la renuncia a los subsecretarios de Seguridad y cambia el foco de la discusion. ¿Por qué se toma esa decisión?
-No, al contrario. Lo que hace esto, de hecho, es materializar que hay un punto de inflexión en materia de seguridad, que hay un empoderamiento distinto, que hay directrices distintas y, por tanto, no es contradictorio con lo que se había anunciado en la Cuenta Pública, sino que viene, más bien, a concretar un cambio de rumbo que se está haciendo al menos desde hace dos semanas en el Ministerio de Seguridad.
«Este cambio de rumbo tiene que ser materializado lo antes posible, y eso es lo que transmitió el ministro Arrau«
-¿Y un empoderamiento de quién? ¿Del ministro Arrau?
-Del ministro Arrau, en este caso, sí.
-¿Fue una decisión, entonces, hacer el cambio de los subsecretarios justo después de la Cuenta Pública?
-Obviamente, en este tipo de cosas nunca hay una solución ultra feliz que deje contento a todos. Porque si hubiéramos hecho el cambio antes, uno diría pero por qué vamos a empañar la previa a la Cuenta Pública. Si lo hicimos después, por qué no estamos dándole el bombo suficiente a la Cuenta Pública.
-Pero, se podría haber esperado un par de días más…
-Claro, pero una cuestión necesaria que evaluó el ministro y, por supuesto, el Presidente es que este cambio de rumbo tiene que ser materializado lo antes posible, y eso es lo que transmitió el ministro Arrau.
-Y el ministro Alvarado tendrá una fuerte presencia en la cartera del ministro Arrau, porque los subsecretarios nombrados son dos de sus asesores de confianza. ¿A qué responde esto?
-O sea, ambos trabajaban en el equipo del ministro Alvarado, pero también hay una confianza que trasciende a este gobierno en particular, y es que el ministro Alvarado había trabajado con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuando el ministro trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia y el ministro Arrau era intendente de la Región de Ñuble. Por tanto, había esa confianza previa y eso permite que esas alianzas se produzcan ahora, incluso en este gobierno. Obviamente, los encargos que tiene el ministro son muy difíciles, son de distinta índole, pero tienen coherencia también, que es un poco lo que está buscando el Presidente al plantearle esta discusión al país respecto a la unificación del Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno. Respecto a que una cuestión es la política y lo programático, y algo no muy distinto y por tanto muy relacionado, es lo comunicacional. A veces eso no conversa de la mejor manera posible. Y tener unificados esos criterios puede permitir que el contenido del gobierno esté transmitido de forma adecuada, a través del diverso despliegue que existe a través de las distintas autoridades, tanto nacionales como regionales.
-El ministro Arrau fue a exponer al Senado su plan de seguridad. Como gobierno, ¿están conformes con este cambio, recordando la criticada intervención de la ministra Steinert en la Cámara?
-Lo primero es lo que señaló el propio Presidente de la República antes de la Cuenta, que se refería a que había mucho ruido ambiente en esta materia y por tanto dejaba o impedía comunicar bien lo que se estaba haciendo en materia de seguridad. Porque en poco más de dos meses se han hecho muchísimas cosas en materia fronteriza, por ejemplo. No solamente la barrera física, sino que también el despliegue de las fuerzas militares ha permitido que disminuya de forma significativa el número de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país. Lo segundo es que la cantidad de operativos han permitido que 7.000 personas que estaban con orden de detención vigente hoy día tengan que enfrentar la justicia, y ese tipo de cosas generaron ciertos cambios importantes que probablemente también sigamos viendo los próximos días. El punto de fondo es que, despejada esa variable, que lamentablemente generaba problemas comunicacionales, y en esta materia que entendemos es sensible para la ciudadanía, la incorporación del ministro Arrau ha permitido darle una dinámica distinta al funcionamiento del ministerio y ha generado también que el Congreso especialmente lo escuchara con mucha atención.
«Decir que el Registro de Vándalos es una medida anti pobre me parece profundamente clasista»
-Se ha abierto una serie de interrogantes después del anuncio del Registro de Vándalos. Hay quienes plantean que podría tener una sanción desproporcionada frente a ciertas conductas, y que genera discriminación porque dos personas que cometen una misma incivilidad podrían recibir castigos muy distintos dependiendo de si son o no beneficiarias de programas sociales. ¿Cómo van a resolver eso?
-Lo primero sería preguntarle a quienes plantean esas inquietudes si es que estamos de acuerdo con el diagnóstico. Y el diagnóstico es que la situación de incivilidad en nuestro país y de delitos de alta connotación es insostenible. No solamente la degradación del entorno genera un perjuicio para el resto de la ciudadanía, sino que también ciertas conductas que probablemente en sí mismas no ameritan una gran sanción, terminan, por el efecto acumulativo o por la reiteración, generando un efecto indeseable en la sociedad. Los lugares públicos están rayados, se generan daños a terceros y no hay consecuencias. Por tanto, si estamos de acuerdo con ese diagnóstico podemos avanzar. La idea de este registro es precisamente que las personas que cometen este tipo de delitos o incivilidades queden en este registro para que, si es que están recibiendo una ayuda del Estado, al menos se pregunten más de una vez a la hora de cometer ciertas conductas. Porque lo que nos parece injusto es que dos personas en las mismas condiciones, una cumple la regla y otra no cumple la regla, el Estado las trate de la misma manera. Ese es el efecto injusto. No estamos exigiendo una conducta extraordinaria. No estamos diciendo que tengan puro sietes en el colegio. No, es lo mínimo, que cumplan con las reglas, con la ley, que es una base que además no tiene requisitos socioeconómicos. Decir que esta es una medida anti pobre a mí me parece profundamente clasista ese comentario. Porque eso quiere decir que las personas por ser pobres cometen la incivilidad, y eso es mentira. No hay espacio para esa injusticia. Las personas pobres, la gran mayoría, lo que hacen es cumplir las reglas la gran mayoría del tiempo y, por tanto, eso es un clasismo inaceptable.
-Pero para una persona que tiene recursos y que, por lo tanto, no accede a beneficios sociales, ¿qué consecuencias tiene si comete la misma falta que una persona a la que sí le pueden quitar ese beneficio social?
-Hoy día hay dos cosas. Uno, que los beneficios sociales, al nivel del Estado que tenemos hoy día, no son simplemente ayuda socioeconómica. Hay otro nivel de beneficios o relaciones que tiene el Estado con las personas, que es más allá de la simple ayuda económica.
-¿Y eso es transversal?
-Es transversal en la sociedad. Eso lo vamos a conocer cuando se presente el proyecto de ley, porque hay medidas que afectan a toda la población. Pero lo segundo, a propósito de las penas pecuniarias que tienen efecto en dinero, hoy día nosotros ya tenemos penas que cobran multa, entonces uno podría decir ‘mira, si uno anda en exceso de velocidad y la pena es sólo una multa, la multa es igual independientemente de lo que uno gane’. Por tanto, dice ‘ah, pero es que es menos disuasivo para aquellos que ganan mucha más plata el cometer infracciones de tránsito, total van a tener que pagar una multa que proporcionalmente a sus ingresos es mucho más baja’. Por tanto, si seguimos esa línea argumentativa, no solamente tendrían que oponerse a este registro, sino que tendrían que oponerse a todo nuestro sistema penal, al menos el pecuniario, que tiene multas de ese estilo.
-¿Y cuáles serían ejemplos de beneficios que no impliquen ayuda socioeconómica?
-No solamente son beneficios sociales, son cuestiones que tengan que ver con la relación del Estado con las personas. Hoy día, por ejemplo, en la ley respecto a las pensiones alimenticias pendientes, hay un montón de cosas que van más allá solamente de la ayuda social, que apuntan a que ese pago efectivo se produzca. En materia de entrega de pasaportes, en materia de registro de propiedades, también hay un montón de cosas que se pueden hacer y en que el Estado interviene directamente.
«Habría que pedirle un poco de pudor a quienes nos exigen resultados, cuando ellos no estaban de acuerdo con esa agenda»
-Desde la oposición otro de los cuestionamientos es que hay anuncios, pero pocos resultados concretos. ¿Cómo responde a eso?
-Lo primero, y esto en la línea de lo que señaló el ministro Claudio Alvarado, habría que pedirle un poco de pudor a quienes activamente nos exigen resultados, cuando ellos no estaban de acuerdo con esa agenda. Es decir, es verdad que en el gobierno anterior durante ese periodo se aprobaron muchos proyectos de seguridad, pero sólo gracias a la oposición, sólo gracias a que había una oposición colaborativa que votó a favor de esos proyectos y que los impulsó. Pero si fuera solamente por el entonces oficialismo, esos proyectos no se hubieran aprobado. No tenían todos los votos ni siquiera de su propia coalición. Por tanto, yo diría, calmémonos un poco respecto a exigir resultados con algo que ellos ni siquiera creían hasta hace poco.
Luego, es verdad que especialmente en materia de seguridad hay una cuestión objetiva en materia de delitos y hay una cuestión de sensación. Lo que hoy día está en nuestras manos es apuntar a bajar la cantidad de delitos que se cometan, a bajar la cantidad de incivilidades, a bajar la cantidad de inmigrantes que ingresan irregularmente a nuestro país y aumentar el nivel de expulsiones y salidas voluntarias. Eso está avanzando y se notó un cambio de rumbo desde el mismo 11 de marzo. Y de la sensación de inseguridad, nuestra apuesta es que en la medida que esto avance y se masifique, va a generar un efecto también en la confianza de la ciudadanía, que es mucho más difícil de recuperar que lo que se produce en la desconfianza. Cuando las personas empiezan a aumentar su sensación de inseguridad, ese efecto es mucho más rápido que volver a confiar y volver a cambiar su conducta de vida. Por tanto, en esa misión creemos que bajando los delitos, especialmente aquellos que más afectan a las personas como los delitos de alta connotación pública, va a significar un cambio también en la sensación de inseguridad.
-¿Y hay un plazo para eso?
-Es que más que plazo, porque uno podría ponerse plazo de algunos meses, lo hemos conocido en las noticias del último tiempo también, la magnitud de los delitos que hoy día se cometen en Chile, en materia de crimen organizado y en otras materias que son bastante sensibles, requieren un esfuerzo y sacrificio constante. Es decir, nosotros podríamos decir algo, pero quizás hoy día todavía no conocemos todas las implicancias en que está el delito en Chile. Por tanto, hay que ser cautos y sería incluso un poco irresponsable decir un plazo fijo cuando en verdad necesitamos un buen diagnóstico de lo que está pasando y empezar a actuar de forma inmediata.
«Nos parece curioso que aquellos que contribuyeron al deterioro y déficit fiscal hoy día padecen amnesia política»
-El Plan de Reconstrucción que se está discutiendo en el Senado, donde el gobierno va a enfrentar un escenario más adverso, una negociación más compleja, ¿cree que va a lograr aprobarse íntegro?
-Nosotros vemos con buenas perspectivas la aprobación del proyecto de Reconstrucción, entre otras cosas, porque hemos estado abiertos al diálogo siempre, y eso se vio materializado en la Cámara de Diputados con una votación muy amplia respecto al proyecto mismo. Y esperamos que en el Senado pase lo mismo, que estén abiertas las puertas del diálogo y que nosotros estamos dispuestos a conversar con todos aquellos que muestran disposición a conversar. Porque una cosa es la disposición manifestada públicamente, a través de los medios de comunicación, de que quieren dialogar, y otra es negarse incluso a aprobar lo más básico, como la idea de legislar. Es decir, si es que algunos nos están pidiendo que abramos un diálogo y en paralelo cuando empezamos a tramitar ese proyecto de ley nos dicen no queremos legislar sobre esto, es un poco contradictorio. Por tanto, nosotros queremos dialogar, y esas puertas están abiertas con todos aquellos que muestren esa disposición al diálogo.
-¿Es más complejo ese diálogo en el Senado?
-Los niveles de conversación en la Cámara de Diputados y en el Senado son distintos, los tiempos son distintos, pero tanto el ministro Quiroz, el ministro García y el ministro Alvarado han señalado que están dispuestos a conversar en cuestiones que son de fondo. El Presidente fijó algunas líneas rojas, y además líneas rojas en que hay acuerdo, porque la oposición cuando era gobierno presentó iniciativas en esa medida. Creemos que debería salir bien y debería salir en un plazo relativamente acotado ese proyecto. Lo que nos parece a nosotros curioso es que aquellos que contribuyeron tanto al deterioro o al déficit fiscal hoy día padezcan una especie de amnesia política respecto a lo que pasó hace menos de un año. Por ejemplo, a propósito de este endeudamiento que el ministro Quiroz está proponiéndole al Congreso, una aprobación de una ampliación de la deuda. Nos critican como ‘oye, aquí hay un problema financiero’, pero si el problema financiero lo produjeron ellos, nosotros estamos intentando resolver el problema, porque hay gasto comprometido del gobierno anterior que se está ejecutando ahora, y el Estado tiene que cumplir esos compromisos.
-¿Y cree que la acusación constitucional contra el exministro Grau puede empañar las negociaciones, o afectar el ánimo en el Congreso?
-Sería absurdo no reconocer que genera ciertas tensiones o genera cierto ruido ambiente, pero nosotros creemos que son líneas paralelas. O sea, se puede caminar y masticar chicle. ¿En qué sentido? En que si es que estamos de acuerdo en que tenemos un problema de estancamiento y que no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos resultados distintos, debería avanzar por una línea. Las responsabilidades políticas de la autoridad anterior, eso es atribución exclusiva del Congreso. La Cámara de Diputados tiene que actuar como acusador y el Senado actúa como jurado, y ellos lo resolverán. Pero esto es una cuestión distinta a nuestro juicio.
«No es necesario que dejen de haber funciones o finalidades en la fusión de ministerios«
-Respecto a la fusión del Ministerio del Interior con la Segegob. ¿Qué gana el Estado con esta fusión?
-Desde hace mucho tiempo venimos como Estado enfrentando cada uno de los distintos problemas sociales con un nuevo ministerio. Nosotros dudamos de la eficacia de ese diagnóstico. Es decir, que cada problema de alta connotación pública requiera un ministerio de dedicación exclusiva parece no ser la mejor solución. De hecho, hoy día es el momento en que tenemos más ministerios en la historia de nuestro país, en que tenemos más funcionarios, en que tenemos más recursos y pareciera que hay una insatisfacción generalizada respecto a lo que hace el Estado. Por tanto, la primera discusión que deberíamos dar, y es el diagnóstico que nosotros tenemos, es que la estructura actual del Estado en general no está respondiendo a la altura que la ciudadanía espera. Eso es lo primero. Lo segundo es que, dada la circunstancia, se abrió la oportunidad de que esto sea una especie de punta de lanza respecto a la modernización del Estado necesaria que debería haber en todo el Estado. Y por eso el Presidente anuncia esta comisión técnica asesora que va a proponer al país (…). Hoy día muchas veces nos concentramos en la estructura, en la creación de nuevos cargos, pero poco del servicio. Y esto se arrastra durante mucho tiempo. También se abrió esta discusión a propósito del reajuste del gasto público. Hemos visto servicios que tienen una intención, una destinación, pero terminan generando efectos contrarios a los que se supone que buscan. Por ejemplo, el 90% de los recursos que han destinado al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) van a pago de personal y solamente el 0,7% de esos recursos van a actividades que beneficien directamente a los jóvenes.
-¿Y en qué consistiría el cambio en concreto? ¿Cómo quedaría la estructura y qué va a pasar con algunos organismos que dependen de la Segegob?
-Esto no es tan difícil y se ha hecho en otra circunstancia. Por ejemplo, cuando se creó el Ministerio de Seguridad se le sacaron atribuciones a Interior. Y lo que se hizo fue traspasar algunas divisiones desde la Secretaría General de la Presidencia hacia el Ministerio del Interior y no pasó nada. Es decir, los mismos funcionarios que trabajaban ahí pasaron al Ministerio del Interior y hoy día esa división, por ejemplo, la División de Coordinación Interministerial, que antes estaba en la Segpres, hoy día está en Interior.
-¿Y no se eliminaría ningún organismo?
-O sea, lo primero es que esto es un proyecto en construcción, todavía ni siquiera se plantea el proyecto de ley al Congreso, pero no es necesario que dejen de haber funciones o finalidades en la fusión de ministerios. Lo relevante es que hay un montón de otros aspectos que terminan generando duplicidad de funciones o cuestiones innecesarias, como por ejemplo, que no haya una línea política, programática y comunicacional, sino que haya diversas líneas y que no esté completamente ordenado. Por tanto, esto apuntaría precisamente a eso y obviamente lo vamos a hacer con acuerdo del Congreso y respetando todas las leyes vigentes. No debería haber preocupación en el funcionamiento de los ministerios (…). Es un ejercicio sano es el que vamos a tener que hacer ahora, que es evaluar cómo están funcionando ambos ministerios para entregarle el mejor servicio a la ciudadanía.
-Interior quedaría con la Segegob. ¿Qué pasaría ahí con las comunicaciones?
-Entendemos que los mejores voceros de cada una de las carteras son los propios ministros. Una vez entendido eso, implica la activación no solamente de los ministros, sino que los subsecretarios, los cargos regionales (…). Entonces nuestro desafío es que con muchas personas comunicando en paralelo podamos copar distintos espacios comunicacionales en las distintas comunas, en las distintas regiones y por supuesto también a nivel nacional para que estas noticias se sepan.
-¿Y cuál va a ser su rol en este nuevo reordenamiento?
-El ministro nos ha pedido colaboración especialmente a la hora de transmitir y comunicar las políticas públicas que estamos proponiendo como gobierno. Yo, como subsecretario General de Gobierno, tengo algunas misiones que me entrega la ley. No solamente soy jefe de servicio del ministerio y eso requiere muchísimo trabajo en sí mismo, sino que también la labor de colaborar con el ministro para poder comunicar de manera efectiva lo que estamos proponiendo como gobierno. En ese sentido, la coordinación con otros ministerios, la coordinación con las distintas delegaciones regionales o con los seremis, implica un despliegue bastante significativo y que es lo propio de la cartera también.
Excelente