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Publicado el 07 de noviembre, 2019

Subsecretaria Evaluación Social: «No es un aumento del salario mínimo, estamos mejorando el nivel de ingresos de los hogares»

Autor:

Javiera Barrueto

Ayer el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que crea un ingreso mínimo garantizado de $ 350 mil mensuales, para todos los trabajadores con jornada completa. La iniciativa, que tendrá un costo cercano a los US$ 300 millones en 2020, es uno de los principales ejes que forman parte de la agenda social. La subsecretaria Alejandra Candia señala: «Esperamos dialogar, pero también una tramitación con el sentido país que hemos puesto en esta discusión».

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Javiera Barrueto

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Han pasado 17 días desde que el Presidente Sebastián Piñera anunció la agenda social para enfrentar la crisis que se desató por el alza del Metro. Desde entonces ya se despachó del Congreso el mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas y el seguro de enfermedades catastróficas. Y ayer, el Ejecutivo continuó dándole forma al anuncio del 22 de octubre: ingresó en la Cámara el proyecto de ley que establece un ingreso mínimo garantizado de $350 mil mensuales para los trabajadores con jornada completa.

Aporte que la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, aclara no es el aumento del sueldo mínimo, sino que es la “mejora del ingreso en los hogares”. De lo contrario, explica, se podría haber “complejizado” la situación de las pymes y las oportunidades de los trabajadores. “Hemos buscado un correcto balance entre lo que implica el poder tener mayores remuneraciones y también las oportunidades laborales de los trabajadores”, sostiene.

El ingreso mínimo garantizado, que desde el gobierno apuestan por que comience a regir desde los primeros meses del próximo año, se financiará a través de reasignaciones, mayor gasto fiscal o eventualmente un endeudamiento público.

-El ingreso mínimo con el subsidio del gobierno quedaría como el más alto de Latinoamérica. ¿Es la mayor alza que se ha hecho en nuestro país respecto al salario mínimo?

-Esto es un complemento a la remuneración bruta, ¿qué significa? Que todas las personas que ganan el salario mínimo hoy día que es de $301 mil se les va a complementar de acuerdo al anuncio del Presidente con un aporte de cargo fiscal, no imponible ni tributable, es directo al bolsillo de los trabajadores de $49 mil. No es que se le haya hecho un aumento al salario mínimo, sino lo que estamos haciendo es poder alcanzar un mejor nivel de ingresos en los hogares para aquellos trabajadores que trabajan de manera formal. Es un esfuerzo considerable de parte del gobierno porque permite que las personas que ganan el salario mínimo vean incrementada su remuneración líquida en 20,3%.

Si hubiéramos subido el salario mínimo de un momento a otro habríamos afectado las oportunidades laborales».

-¿Por cuántos años durará este subsidio?

-Si hubiésemos tomado la decisión de subir de una sola vez el salario mínimo, de $301 mil a $350 mil podría complejizar las oportunidades laborales de los trabajadores más vulnerables, complejiza la situación de las pymes que son justamente los trabajadores a los que más queremos ayudar. Como no podíamos poner este cargo a las pequeñas y medianas empresas tomamos la decisión de que el esfuerzo fuese de parte del Fisco. O sea, como vamos a ir complementando el salario mínimo hasta llegar a $350 mil, este es un aporte que va atenuándose en el tiempo de manera muy gradual y nos invita a que el salario mínimo, cuando el día de mañana pueda pegar el salto, pueda ascender a los niveles que estamos pensando y allí el aporte ya no sería necesario.

-¿O sea cuando el salario mínimo se acerque a los $350 mil este subsidio dejaría de existir?

-No necesariamente, porque este es un aporte que se entrega a todos los trabajadores que tienen remuneraciones brutas de menos de $370 mil. Si bien es decreciente a partir del $301 mil, o sea el aporte máximo es de $49 mil, éste empieza a decrecer y los trabajadores que ganan más de $301 mil, que ganan $350 mil o $360 mil también reciben un aporte. Por ejemplo, las personas que ganan $350 mil el aporte es de aproximadamente $14 mil; las personas que tienen remuneraciones brutas de $360 mil tienen un aporte un poquito más reducido de cerca de $7 mil. Esto quiere decir que no es cuando el salario mínimo llegue a $350 mil. El camino que hemos propuesto es bastante largo por recorrer todavía y es un poquito más generoso que el anuncio inicial y tiene que ver justamente con la idea de que si hubiésemos cortado en $350 mil en términos súper teórico la pendiente de salida del beneficio de la gradualidad hubiera sido demasiado acentuada. Eso podría haber generado incentivos a que los trabajadores no quisieran trabajar por una mayor remuneración. Por eso, desplazamos el corte de $350 mil al corte de $370 mil. Significa que todos los trabajadores que tienen remuneraciones incluso menores a $370 mil van a recibir algo de aporte fiscal en los términos conversados.

Este es un aporte que se entrega a todos los trabajadores que tienen remuneraciones brutas de menos de $370 mil».

-En término de los incentivos, ¿cómo van a evitar que el empleador pague menos considerando que el Estado podría «cubrir» la diferencia?

-Estuvimos en conversaciones con la Dirección del Trabajo para buscar mecanismos de tal manera que eso no ocurra. En el proyecto de ley dejamos las precauciones necesarias para que todos aquellos empleadores que muestren algún cambio de comportamiento respecto a cómo le pagan a sus trabajadores… o sea que despidan y vuelvan a contratar por menor remuneración o que contraten trabajadores por el mínimo cuando de verdad son trabajadores que realizan funciones que no son cercanas al mínimo, va a haber una fiscalización activa por parte de la Dirección del Trabajo. No solo eso, nos puso una obligación a nosotros como Ministerio de Desarrollo Social que somos los encargados de generar las nóminas de los potenciales beneficiarios. Si en los registros administrativos se llega a apreciar algún cambio de comportamiento también tenemos que denunciar a la Dirección del Trabajo.

-¿Cuánto será el gasto fiscal y cómo se financiará?

-Aquí se ha hecho un esfuerzo importante, tal como lo señaló el ministro de Hacienda al momento del anuncio, se están buscando espacios de reasignación, de ahorro y también mayores desembolsos de los cuales se van a financiar toda la agenda social del gobierno. El proyecto de ley (ingreso mínimo garantizado) en término de lo que son subsidios es el gasto en un año cercano a los US$ 300 millones. Este aporte fiscal lo único que mira es la remuneración bruta del trabajador, pero el Estado cuenta con otros subsidios al empleo que son el subsidio al empleo joven y el bono de trabajo de la mujer. Entre ellos ya son excluyentes, o sea si un trabajador tiene uno, no puede tener el otro si cumple con los requisitos para ambos. Lo que resguardamos es que si el trabajador llegara a tener uno de estos dos subsidios sería incompatible con el subsidio del ingreso mínimo garantizado, pero lo que sí dejamos en la ley es que el trabajador reciba el mayor de los tres subsidios. 

Se están buscando espacios de reasignación, de ahorro y también mayores desembolsos de los cuales se van a financiar toda la agenda social del gobierno».

-¿La reforma tributaria cuán de la mano va con sacar adelante la agenda social, específicamente el ingreso mínimo garantizado? El economista Alejandro Alarcón escribió en El Líbero que «la sostenibilidad de este proceso depende crucialmente de que se generen mayores ingresos».

-La recaudación tributaria no tiene un fin específico, ese es un principio de nuestro país en términos económicos. Pero evidentemente una mayor recaudación permite financiar las demandas sociales que conforman soluciones de la agenda social.

-Desde la oposición y la CUT han señalado que el aumento de los salarios debe ser con cargo a las utilidades de las empresas y no de todos los chilenos, pero desde el gobierno han dicho que “será de cargo fiscal”. ¿Por qué se decidió así?

-El que sea de cargo fiscal se relaciona con el compromiso que tiene el Estado con poder financiar esta demanda social desde el punto de vista de las necesidades por el aumento de costo de vida que nos ha manifestado la ciudadanía en lo inmediato, sin dañar las oportunidades laborales de los trabajadores. Si hubiéramos subido el salario mínimo de un momento a otro habríamos afectado las oportunidades laborales de los que más lo necesitan. Y no solo eso, sino que también las realidades de las pequeñas y medianas empresas.

El proyecto de ley (ingreso mínimo garantizado) en término de lo que son subsidios es el gasto en un año cercano a los US$ 300 millones».

-La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, ha dicho que el sueldo mínimo debe ser de $500 mil y la misma presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, propuso elevar el monto del ingreso mínimo garantizado. ¿En qué se basaron para determinar los $350 mil?

Hemos buscado un correcto balance entre lo que implica el poder tener mayores remuneraciones y las oportunidades laborales de los trabajadores, y el esfuerzo que puede hacer el Estado en este momento. Estamos haciendo un esfuerzo que implica un aumento de $301 mil a $350 mil, lo que implica un incremento de 16,3% que cuando lo llevamos a salario líquido es un esfuerzo del 20,3% que es un tremendo esfuerzo en términos de aumento de la remuneración líquida de los trabajadores. Nos hubiese encantado, como dijo el Presidente el otro día en su entrevista, haber podido aumentar el salario mínimo a $900 mil, pero hubiera sido irresponsable con nuestra realidad económica y con las oportunidades laborales que requieren aquellos que más lo necesitan.

-Hasta antes de la crisis estaba proyectado que en marzo del próximo año se negociara un nuevo reajuste del sueldo mínimo, pero ahora se anuncia el ingreso mínimo garantizado. ¿Sigue en pie el reajuste del próximo año?

-Eso es una ley que está vigente y obliga a la sociedad hacer un reajuste de 2,5% en términos reales del salario mínimo en marzo de 2020. No viene ningún cambio a esa ley en el ingreso mínimo garantizado.

Hemos buscado un correcto balance entre lo que implica el poder tener mayores remuneraciones y también las oportunidades laborales de los trabajadores».

-El proyecto de ingreso mínimo garantizado fue ingresado por la Cámara con urgencia simple, ¿han visto disposición de la oposición para conversar sobre el tema? ¿Por qué no se le puso urgencia suma?

Nosotros estamos abiertos a dialogar, queremos escuchar las opiniones de todos los actores involucrados en esta materia porque esto se empalma en un momento país. Esto está unido a otras conversaciones donde los diálogos y las conversaciones entre los actores para nosotros son muy relevantes.

-Desde el gobierno han dicho que esperan que el ingreso mínimo garantizado empiece a regir desde los primeros meses del próximo año, ¿hasta cuándo tienen tiempo para despachar el proyecto del Congreso?

-La entrada en vigencia de la ley son tres meses, el primer día del cuarto mes. Esto no depende de nosotros, depende de las discusiones que se den en el Congreso y de las conversaciones y disposición que tengan nuestros parlamentarios para llegar rápidamente al bolsillo de nuestros trabajadores y de sus hogares. Esperamos dialogar, pero también una tramitación con el sentido país que hemos puesto en esta discusión.

-La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y ayer fue ingresado en el Congreso el proyecto de ingreso mínimo garantizado que implica gasto fiscal. ¿Estas iniciativas generan incertidumbre en el escenario económico?

-Acá estamos apuntando en una mirada de buscar una mejora en la calidad de vida de los hogares, estamos tratando de apuntar a entregar un beneficio que permita acercarnos de la mejor manera posible a un aumento en los ingresos de los hogares más vulnerables, sin perjudicar sus oportunidades laborales. Son discusiones que corren carriles relativamente paralelos porque lo que buscamos acá es hacer un esfuerzo desde el punto de vista fiscal que apunte a un aporte inmediato al bolsillo de los hogares, que tiene que ver con las demandas que han aparecido respecto a los costos de vida de las personas y que si hubiésemos optado por un camino de incremento en el salario mínimo probablemente esas oportunidades laborales se podrían haber visto perjudicadas.

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