En diciembre pasado, la fundación Urbanismo Social se adjudicó $264 millones del Gobierno Regional (Gore) del Maule para ejecutar el programa de seguridad comunitaria, “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”, el que terminó siendo desechado esta semana por la gobernadora Cristina Bravo (DC). Hoy se sumó un detalle más: el 18% del total de fondos asignados ($47,5 millones) se destinarían a actividades con coffee breaks con vecinos de cinco barrios que serían definidos por el Gobierno Regional.
Debido a que el área de acción de Urbanismo Social es vivienda, y no seguridad; y a que Urbanismo Social ha llegado a constituirse en un refugio laboral para figuras cercanas a Revolución Democrática -como la madre del actual ministro Giorgio Jackson y su jefe de gabinete-, surgen dudas sobre los objetivos que tendrían los múltiples y producidos encuentros comunitarios. Además, el proyecto “Juntos y Juntas nos sentimos más seguros” fue asignado discrecionalmente. “(En el Consejo Regional), nunca tuvimos acceso al proyecto y menos a los detalles del presupuesto. Por supuesto que habría partidas a las que les hubiésemos hecho reparos”, dice a El Líbero el consejero George Bordachar (RN).
El proyecto se cayó en su totalidad porque la fundación está siendo investigada por la Fiscalía al recibir, entre octubre y diciembre de 2022, $577 millones desde la Seremi de Vivienda del Maule, encabezada por Rodrigo Hernández (RD), quien hasta abril de 2022 trabajaba en esa fundación.
Otro escándalo que la sacudió, fue que según consta en correspondencia, el Gobierno Regional le pidió a la fundación que contratara a tres personas para trabajar en este proyecto. Uno era el actual concejal de Curicó, Javier Ahumada (DC), y los otros dos eran Rodrigo Véliz Alvarado y Aily Soto Salinas. El primer nombre fue rechazado por Urbanismo Social, pero se dio luz verde a Véliz y Soto. El primero es pareja de la abogada que redactó el contrato y boleteó para campañas del Partido Comunista. La segunda es cuñada del jefe de división del gobierno regional que llevó las conversaciones con la fundación.
Las actividades con coffee breaks
El proyecto “Juntos y juntas nos sentimos más seguros” se ejecutaría por nueve meses en cinco barrios de Talca, Curicó, Maule, San Clemente y Linares, e incluía hacer 10 encuestas interactivas con coffee break ($8.000.000), 10 talleres de codiseño con coffee break ($2.500.000), 10 mesas de trabajo y asambleas de trabajo con coffee break ($2.000.0000); cinco hitos de lanzamiento con coffee break ($15.000.000) y cinco hitos de cierre (activación ciudadana) con coffee break ($ 20.000.0000).
Según Urbanismo Social, los objetivos eran “diseñar y ejecutar un plan de seguridad comunitaria” (que incluía la instalación de cámaras), “fomentar la organización y articulación del territorio con actores claves relacionados con seguridad” y “estimular la cohesión social”.
“A nosotros nos genera muchas dudas porque pareciera que el objetivo de esas reuniones no iba a ser dónde se iban a instalar cámaras de seguridad, sino que creemos, producto del vínculo político que tiene la fundación Urbanismo Social, que en dicha instancia se iba a hacer un trabajo de proselitismo, de formación, de activación política y no para hablar y tratar temas de seguridad. De verdad que cada vez que indagamos y revisamos en detalle las situaciones de estos traspasos a fundaciones, nos encontramos con más sorpresas y más hechos que están al borde de la falta administrativa y delito, eventualmente, desde la perspectiva penal”, dice a El Líbero el diputado por la zona, Jorge Guzmán (Evopoli), quien el jueves también concurrió a la Fiscalía del Maule a solicitar que se investigue este convenio.
De acuerdo con el presupuesto desglosado, la adquisición y sistemas de vigilancia para cada comuna iban a costar $14,4 millones, por lo que los $47 millones destinados a encuentros con coffee breaks equivaldrían a haber puesto cámaras en tres comunas más, lo que a juicio del consejero Bordachar “es un abuso”, por cuanto en la región hay 30 comunas.
“Lo más preocupante es que todo queda a la discrecionalidad del Gore y de la fundación, que por todo lo conocido tendría mucha desconfianza de dónde harán las intervenciones. Lo otro que me llama la atención en el desglose del presupuesto es que el programa financia todo. La fundación sólo pone su nombre. Se podría tratar de un intervencionismo”, agrega.