Apenas pasaron dos días desde su promulgación cuando se informó que ya existían los primeros cinco detenidos bajo la nueva ley de usurpaciones. Esto ocurrió en el Fundo Palermo de Collipulli, el cual estaba siendo ocupado diariamente desde fines de septiembre y donde, pese a las más de 50 denuncias de la víctima, los sujetos regresaban al lugar e ingresaban al predio, rompiendo cercos y dañando las siembras del agricultor.
Tras la promulgación y ante una nueva denuncia, la víctima tuvo un escenario distinto. Esta vez, Carabineros no pidió que los comuneros se retiraran del predio. Esta vez, con las herramientas que permite la nueva ley, procedieron a desalojar y detener a cinco personas que se encontraban al interior del fundo.
Los imputados Luis Ahilla Ahilla, Gabriel Ahilla Ñanco, Gastón Ahilla Ñanco, Francisco Malian Malian y Juan Mardones Llanca fueron entregados a la justicia. En el Juzgado de Garantía de Collipulli se desarrolló la formalización de cargos en su contra. La justicia determinó dejarlos en libertad, pero con la prohibición de acercarse al predio y a la víctima. Cautelares que dejaron satisfechos a personeros políticos ya que, con la nueva ley, ante una reincidencia o desacato, arriesgan ser encarcelados mientras se desarrolla la investigación.
Roxana Carrut: “Mi marido murió esperando recuperar su campo”
Roxana Carrut ha sido víctima de usurpaciones, amenazas y agresiones durante los últimos cuatro años. Ella, junto a su marido, residían en el campo Santa Adela, de donde tuvieron que escapar obligadamente debido a que se lo tomaron en 2019. Eso sí, hasta el último día se les cobraron las contribuciones del campo que trabajaron durante años pero que se vieron obligados a dejar.
La víctima relata a El Líbero que durante esos años, junto a su marido Jorge Hoschtetter lucharon por la recuperación de su predio. Sin embargo, en diciembre de 2022 él falleció a raíz de un paro cardíaco, sin haber podido recuperar, ni volver a trabajar su campo.
“Nosotros vivíamos en ese predio y tuvimos que venirnos a Victoria. Tuvimos que reforzar la casa porque nos vinieron innumerables veces a amenazar. Desde el 2019 nuestro campo estaba usurpado e innumerables veces hubo desalojo”, explica Roxana Carrut.
Fue la segunda en denunciar una usurpación bajo la nueva ley. Tras el procedimiento se detuvo a una mujer. Carrut relata: “Denuncié en la mañana temprano, porque dije que se debía cumplir la ley. El primer paso lo dieron en el fundo Palermo y el segundo lo dimos nosotros. No solamente queremos recuperar Santa Adela Sur. Tenemos otro predio, camino a la Turbina, que hasta el momento no se ha podido entrar. La única vez que entramos nos agarraron a balazos. Y ahí quedamos. Y eso es no solamente a mí, allá tienen este problema unos 30, 40 agricultores más”.
Conmocionada, recuerda a su marido fallecido: “Él solo quería vivir en el campo. Me rogaba, me lloraba. Incluso, me retaba porque a veces no lo llevaba al campo, aunque sea al río. Lo que más lo debilitó psicológicamente fue la quema de la casa. La quema de la casa fue algo advertido al delegado presidencial de esa época, que fue don Raúl Allard. Se le advirtió dos días antes porque él (Allard) me había sacado la medida de protección de Carabineros y ahí me quemaron la casa”.
Roxana cuenta que su marido “murió esperando recuperar su campo. Hasta su último día decía que nos largáramos a Santa Adela, que lucháramos por Santa Adela Sur. Hoy (1 de diciembre) es un día muy especial para nosotros, porque él cumple un año de fallecimiento. Le pido que nos dé fuerza, sabiduría, que nos ilumine, que nos guíe a seguir luchando”.
A principios de agosto de 2020, Carrut inició una huelga de hambre como medida de presión para que se reestableciera el estado de derecho y la seguridad. Exigía apoyo con la deuda del campo usurpado, instancia en la que advirtió: “Si no hay ayuda concreta del Estado, el campo lo vamos a perder igual. O me lo quitan los de la comunidad o me lo expropia el banco por no pagar las deudas”.
Tres años más tarde, la nueva ley de usurpaciones permitió un giro en su realidad. “Antes denunciábamos y pedíamos el desalojo, pero con la antigua ley no se sacaba mucho en limpio porque entraban, llegaba Carabineros y estas personas salían por el cerco después. A veces los encontraban, los agarraban, les hacían control de identidad y sería, porque al otro día estaban libres nuevamente”, explica la víctima.
Respecto a los demás agricultores en la misma situación de La Araucanía, Carrut hace “un llamado a todos los propietarios que tienen sus predios usurpados a que se atrevan a denunciar”.
Una promulgación sin difusión, pero valorada por los parlamentarios
La promulgación de la ley entró en vigencia tras su publicación en el diario oficial, que se hizo 15 días después de que la legislación fuera aprobada por el Congreso. A través de redes sociales se compartió el documento generando diversas reacciones, en especial, por la tardanza de la promulgación y el silencio con la que fue oficializada.
La senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, expresa que “existe una satisfacción por el deber cumplido. Y si bien el proyecto tuvo una tramitación muy larga e intensa, más aún con el veto, esta es una iniciativa que está dando resultados que han sido inmediatos. Eso demuestra que era necesario actualizar una ley que no se modificaba desde hace 149 años. Eso sí, aún estoy esperando que me llegue la invitación por la promulgación de esta importante ley para la Macrozona Sur”, agregando que el gobierno constantemente desarrolla actividades oficiales para promulgar diferentes leyes, incluso, de menor relevancia.
Por su parte, Andrés Jouannet, diputado por La Araucanía, dice: “¿Ven que cuándo se quiere se puede? Ahora tenemos ley de usurpaciones. Nos demoramos, nos demoramos muchos años. La verdad es que el Frente Amplio y el Partido Comunista pusieron todos los frenos, pero hoy día tenemos una ley de usurpaciones. Tal vez no es perfecta, pero se avanza. Cuando Carabineros tiene los instrumentos, tiene las posibilidades, actúa, la legalidad comienza, el estado de derecho comienza a avanzar”.
Luciano Rivas, gobernador de La Araucanía, por su parte, pide al gobierno que “aceleremos la ley antiterrorista, modernicemos la ley de inteligencia, comencemos una discusión de fondo para crear una policía militar que se encargue de los delitos de mayor connotación y complejidad (…) pido a la izquierda que deje la ideología de lado y pensemos en las personas”.
“Se resistieron a la ley de robo de madera cuando eran parte del Poder Legislativo y ahora celebran sus resultados; se resistieron a la ley de usurpaciones, y a una semana de entrada en vigencia celebraron sus resultados, los cuales también están a la vista, donde van seis detenidos en menos de una semana”, agrega.
Y es que pese a haber estado en contra del proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso -y haberlo vetado para exigir cambios-, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue la primera en reaccionar y celebrar la captura de los primeros imputados. «Esta nueva norma ya vigente entrega herramientas efectivas a las policías, al establecer que las usurpaciones siempre serán delitos y que Carabineros podrá desalojar y detener, incluyendo casos de usurpaciones no violentas”, escribió en sus redes sociales.
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