Ayer, en una inesperada declaración pública ante los medios de comunicación junto a su cónyuge Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, lanzó dos devastadores misiles contra la Fiscalía y contra el corazón mismo de La Moneda.
A los fiscales de su causa, sin llamarlos por su nombre, los acusó derechamente de haber cometido delito por filtrar antecedentes y por no ser imparciales.
“No se han dado las garantías necesarias, no se han respetado principios -tan básicos- como la igualdad ante la ley y el principio de presunción de inocencia. A mi entender, la fiscalía ha cometido faltas graves. Incluso, podrían ser causales de delitos y me sumo a la queja en otras causas de connotación política, que están siendo investigadas por el Ministerio Público, respecto de las filtraciones de información a la prensa, que es un delito y está tipificado en el Código Penal», dijo la socia de la empresa Caval.
Ante tamaña acusación, el fiscal nacional, Jorge Abbott, tuvo que salir a responder que le llamó la atención que “hace un año se filtró su declaración ante la fiscalía y no hubo reclamo hasta ahora, pero tiene el derecho a hacer cualquier presentación o denuncia según corresponda».
El misil lanzado por Compagnon a La Moneda
El segundo misil, quizás más devastador, es el que lanzó Natalia Compagnon contra la casa de Gobierno que preside su suegra, al afirmar que “para aportar a la investigación, les quiero contar que no son solamente ocho los informes entregados al señor (Gonzalo) Vial (…) No puedo dejar de señalarles que Fiscalía se ha negado a recibirme formalmente y, por los conductos regulares, otros informes que también fueron parte de todos los entregados por el señor Vial. Dentro de ellos figura el realizado por la señora Ana Lya Uriarte”.
La gravedad de su declaración radica en que instaló la sospecha de que la Fiscalía podría estar protegiendo a la nuera de Bachelet, ya que al dejar de lado el informe que le hizo a Caval la deja también a ella fuera del asunto, ya que en caso contrario habría declarado como testigo ante la fiscalía, gatillando una crisis política.
La Presidenta Bachelet tuvo que responder la consulta de la prensa desde Buenos Aires, donde realiza una visita oficial, para asegurar que “si hay algo que sea denunciado por cualquiera persona, sea quien sea, es la fiscalía la que tiene que responder, no la Presidenta de la República. Yo soy muy respetuosa de cada poder del Estado y su autonomía».
Esta es la segunda vez que Compagnon menciona a la jefa de gabinete de Bachelet y ex ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uarite, quien le cobró $20 millones a Caval en 2012 por un estudio para el empresario Gonzalo Vial Concha.
En enero pasado dijo ante el entonces fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo, que “contratamos a Ana Lya Uriarte porque Gonzalo Vial estaba interesado en comprar la termoeléctrica Los Guindos, y se necesitaba saber si la planta era lo que se ofrecía y se le pagó a ella desde la cuenta corriente de Mauricio Valero”.
El entonces vocero de gobierno, Marcelo Díaz, tuvo que salir a aclarar que la ex ministra “prestó un servicio que no está siendo objeto de ningún tipo de investigación y es lo que cualquier chileno tiene que hacer cuando está trabajando”.
En abril, el actual abogado de Compagnon, Antonio Garafulic, volvió a generar polémica al señalar que sus antecesores Jessica Norambuena y Felipe Polanco les habían sido impuestos a Compagnon por “dos personas del segundo piso, que interfirieron en la causa y cuyos nombres no daré”. Y resaltó que el objetivo de estos funcionarios “era meterse en el caso y en la defensa, con el fin de acallarla. La Moneda la dejó caer a costa de que la Presidenta suba en las encuestas”.
En junio pasado, en una entrevista a La Tercera, la nuera de Bachelet reiteró esa hipótesis al asegurar que a sus antiguos abogados “les importaba mucho que yo no hablara con la prensa, que siguiera estrictamente el camino judicial en esto, que ojalá salpicara lo menos posible al gobierno. Siempre la idea fue separarme completamente de La Moneda”.
Además, relató que el ex ministro de Justicia del primer gobierno de Bachelet, Isidro Solís, “tenía un rol de monitoreo, de saber qué era lo que yo hablaba con los abogados, qué iba a declarar. Para mi primera declaración, en la preparación de esa declaración yo estuve en la oficina con Isidro y con Polanco. O sea, con ellos dos preguntándome, haciendo como un ejercicio básico de ‘mira, así es más o menos’. Y yo me reuní con Isidro como tres o cuatro veces”.
La polémica asesoría de Ana Lya Uriarte a Caval
Ana Lya Uriarte asesoró al empresario Vial, a través de su bufete “Sustenta abogadas”, por informes sobre materias medioambientales, en especial respecto a las características y requerimientos del sistema institucional ambiental del país que había sido modificado en 2010, y análisis de factibilidad del traspaso de la concesión de la termoeléctrica a diésel Los Guindos, ubicada en la Región del Biobío.
La respuesta de Uriarte fue que entre mayo y julio de 2012 tuvo una relación con Caval, la que “está debidamente rendida y durante su desarrollo imperó un trato estrictamente profesional”.
Pero en una declaración ante la fiscalía en mayo pasado, el socio de Caval, Mauricio Valero, levantó un manto de dudas sobre dicho trabajo al afirmar que “no he visto este informe, lo he solicitado a Natalia en reiteradas oportunidades y a su abogado y no lo ha entregado. Ana Lya sí se reunió conmigo, me consta que estaba desarrollando el trabajo que le habíamos encomendado, sólo que no he tenido el acceso al informe».
La contratación de Uriarte para evaluar si Gonzalo Vial debía comprar “en verde” la termoeléctrica no fue fortuita, dado que durante su gestión como directora de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) y ministra de Medio Ambiente del primer gobierno de Bachelet (2006-2010) se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto energético, en la que Conama tuvo un activo rol.
Así lo establece la resolución ambiental exenta 191 del 23 de junio de 2008 del proyecto “Turbina de Respaldo Los Guindos”, que contempla una inversión de US$65 millones y la generación de 132 megawats, lo que es considerado una termoeléctrica de tamaño mediano a grande.
La aprobación ambiental del proyecto demoró seis meses, ya que ingresó al sistema de evaluación ambiental en diciembre de 2007 y fue visado por la Corema de Biobío en mayo. El contexto de esa aprobación se dio en una oleada de proyectos de generación eléctrica luego de que Argentina dejara de exportar gas a nuestro país en 2006, poniendo en riesgo el suministro energético.