La crisis institucional y financiera que vive la Universidad Arcis, que registra sueldos impagos desde octubre, llevó a la Dirección Local Arcis del Partido Comunista a emitir una inédita declaración pública en que admite que “es momento que cada cual asuma su cuota de responsabilidad, los comunistas la nuestra”.

La carta enfatiza que la “salida de distintos militantes comunistas que ostentaron cargos de Dirección no vino a dar solución a la problemática estructural en la que nos encontramos. Es nuestra convicción de que ella se ha profundizado. No se ha logrado encontrar un rumbo, y en ello hay responsabilidades políticas y administrativas ineludibles”.

La relevancia de la declaración es que es la primera vez que alguna institución u organización del PC reconoce su responsabilidad en la crisis institucional, según señala a “El Líbero” Jacksa Suazo, tesorera del Sindicato de Trabajadores de la universidad.

“Situación de trabajadores sobrepasa todo respeto”

Los comunistas enfatizan que la dirección de la Arcis, que tiene de rectora a Elisa Neumann y de presidente del directorio a Alihuen Antileo Navarrete,  “nuevamente ha incumplido el deber y obligación de pagar las remuneraciones a sus trabajadores”, y que es una situación que se ha sostenido en el tiempo y carece de toda excusa.

Los “comunistas arcianos”, como se autocalifican, denuncian que la universidad vulnera los derechos laborales, “que aun tomando en cuenta las dificultades exógenas que ha debido sortear, se hace imposible de soslayar”.

“La situación de los trabajadores se halla en un punto que sobrepasa todo respeto. Las declaraciones y anuncios no solo no se han cumplido, sino que sus emisores, las actuales autoridades de la universidad, en su conjunto, han demostrado una incapacidad de dar una salida a la crisis que bordea lo imperdonable. Nos asiste la convicción de que ningún proyecto de universidad puede avanzar a costa de sus trabajadores y sus familias””, afirman.

Por ello, piden a las autoridades de la casa de estudios  tomar las medidas pertinentes para “enmendar el camino”, y sostienen que seguirán “bregando por aportar a la restitución del ordenamiento y fortalecimiento desde nuestra independencia política”.

Desde 2010, la universidad registra 30 demandas laborales por $582 millones en los juzgados del Trabajo de Santiago, y 23 multas de la Dirección del Trabajo por $21 millones 400 mil.

Piden administrador provisional

Los militantes, además, sostienen que es “urgente” la intervención del Estado a través del administrador provisional porque las garantías de sostenibilidad de la universidad están en cuestión, y “resulta evidente que los actuales administradores no han dado el ancho. Ello no supone una apuesta por el cierre de nuestra casa de estudios, sino un accionar independiente y eficaz para salir del actual estado en que nos hallamos”.

Esa petición ya había sido pedida por el Sindicato de Trabajadores en octubre pasado, luego de que se revelara que la universidad tenía una deuda de $3.500 millones, y había perdido la acreditación para este año, que le entrega $2.600 millones fiscales a través del Crédito con Aval del Estado (CAE), recursos que equivalente al 45% de sus ingresos totales.

Declaración pública del PC-U. Arcis

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIA UNO

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