Desde 2010 registra 30 demandas laborales por $582 millones en los juzgados del Trabajo de Santiago, y 23 multas de la Dirección del Trabajo por $21 millones 400 mil.
Publicado el 02.09.2014
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Extenso es el expediente de denuncias de abusos laborales que registra la Universidad Arcis en los tribunales de Justicia y en la Dirección del Trabajo.

Desde 2010, cuando la casa de estudios estaba vinculada al Partido Comunista (PC), ha recibido 30 demandas laborales por $582 millones en los juzgados del Trabajo de Santiago, y 23 multas por $21 millones 400 mil de la Dirección del Trabajo.

Ello da cuenta de la complicada crisis financiera que vive la universidad, especialmente en el último año, cuando el PC selló su desvinculación públicamente, desencadenando dos huelgas de trabajadores, quienes han acudido a la justicia por el no pago de las indemnizaciones por años de servicios -la mayoría entre 10 y 12 años de antigüedad-, de sueldos, cotizaciones previsionales, de salud y cesantía, vacaciones, mes de aviso y daño moral.

Las labores de los demandantes son variadas, e incluyen a docentes, secretarias, supervisores, directores, auxiliares de aseo, jefes de escuelas, procuradores, encargados de matrículas, estafetas y auxiliares paramédicos.

Despedido mientras estaba en el hospital

La demanda más onerosa superó los $245 millones y la presentó el director de la Clínica Psicológica de la Arcis, Julio César González, quien era docente e investigador de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y en julio de 2010 ganó un concurso para liderar dicha clínica universitaria que trataba problemas de salud mental.

Pero apenas un año después se le diagnosticó un cáncer y, mientras estaba con licencia médica y hospitalizado para realizarse una biopsia fue despedido por correo electrónico, según denunció en la demanda que presentó en el Primer Juzgado de Letras de Santiago, y que fue derivada a la Corte de Apelaciones. González alegó grave daño moral e irreparable pérdida de patrimonio por los gastos en salud sin cobertura médica.

A una supervisora de cobranzas la indemnizaron con $30 millones tras alegar un despido por represalia tras denunciar en la Dirección del Trabajo reiterados incumplimientos laborales; y a una secretaria le pagaron casi $17 millones tras demandar a la universidad por no cancelarle la indemnización legal por 12 años de servicios, vacaciones, dos meses de sueldo, el mes de aviso y las cotizaciones previsionales, de salud y cesantía.

Del total de demandas, la Arcis ha pagado $127 millones y el resto está en diferentes etapas del juicio.

Multas de la Dirección del Trabajo

El expediente en la Dirección del Trabajo es igual de abultado desde 2009, con 23 multas que superan los $21 millones. Las infracciones dan cuenta del no pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales y de feriados legales a los trabajadres; incumplimiento de contratos colectivos, no exhibir la documentación necesaria en las fiscalizaciones de la autoridad, no comparecer a citaciones y no pagar subsidios de maternidad, entre otras irregularidades laborales.

Demanda del sindicato

El no pago de los sueldos de junio y julio pasado llevó al sindicato de la universidad en las sedes de Santiago, Valparaíso y Concepción a presentar una demanda colectiva de $120 millones en contra de la Arcis, del Partido Comunista, Ediciones y Servicios ICAL, la inmobiliaria Libertad S.A. (dueña de los inmuebles de la universidad), y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipchutz S.A. para exigir la retención de bienes y fondos de la universidad. Pero retiró el recurso un mes después tras lograr el pago de los sueldos adeudados.

El sindicato, que reúne  a todos los trabajadores de la Arcis en las sedes de Santiago, Valparaíso y Concepción, había denunciado ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago graves infracciones legales como  el “ocultamiento del patrimonio de las empresas demandadas con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales”,  el no pago de sueldos y el daño a la integridad física y psíquica de los trabajadores.

En el recurso legal se justificaba la inclusión del PC porque gran parte de las empresas relacionadas de la universidad son propiedad del partido liderado por Guillermo Teillier, quien fue demandado en su condición de representante legal de la institución.

El texto argumentaba que la Arcis fue creada como “proyecto político” del PC, y que en 2004 la Corporación traspasó todas las sedes a la inmobiliaria Libertad S.A. como un “modos operandi para desviar utilidades mediante contratos de arriendo”. También afirma que el partido sigue vinculado a la universidad a través del directorio de ICAL y a empresas relacionadas, pese al anuncio del PC de que  se había desvinculado en diciembre pasado para incorporarse al gobierno de la Presidenta Bachelet.

Registro_de_denuncias Arcis

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO