Ha pasado una semana desde el homicidio de tres Carabineros en Cañete, y continúan conociéndose los efectos y las consecuencias de este hecho que conmocionó al país y provocó que el Congreso optara por suspender la semana distrital y regional para poder tramitar diversos proyectos en materia de seguridad.
De hecho este jueves, luego de días de tensión, finalmente las comisiones unidas de Constitución y Seguridad despacharon el proyecto de ley sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), aprobando un punto clave, que modifica la competencia de los tribunales militares.
Esto implica que funcionarios militares y carabineros acusados de delitos sean juzgados en la Justicia Militar en situaciones especiales como los Estados de Excepción y el resguardo de infraestructura crítica. La situación complicó al gobierno, que presentó una reserva de constitucionalidad.
Ayer en la noche, en la votación de la Sala de la Cámara, los diputados aprobaron el proyecto de la RUF, pero rechazaron el artículo de la Justicia Militar.
En el programa «Mirada Líbero», realizado antes de la votación de este viernes, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), presidente de las comisiones unidas de Constitución y Seguridad de la Cámara, explicó la importancia de la ley y el debate que se generó en la instancia.
«El Presidente dijo que no podíamos legislar en caliente… Esas afirmaciones no son reales»
«Se dio un debate bien intenso, no es fácil poder abordar los temas de seguridad, sobre todo cuando estamos en medio de una situación como la de hoy, cuando el país vive la peor crisis en materia de seguridad en su historia, y luego del asesinato de estos tres carabineros en la zona de Cañete con alevosía, claramente lo hicieron con conocimiento«, explicó Calisto.
Dijo que «la diputada Maite Orsini manifestó que no podíamos trabajar a la rápida, el propio Presidente Gabriel Boric dijo que no podíamos legislar en caliente. Quiero desmitificar esas críticas, cuestionar esas afirmaciones, porque no son reales. Este proyecto lo venimos tramitando y conociendo en detalle con expertos, con académicos, con asesores nacionales e internacionales, con representantes de las Fuerzas Armadas, desde abril del año pasado».
Sobre el proyecto despachado por las comisiones, comentó que «logramos sacar un texto bastante armónico. Muchos artículos contaron con el consenso y el acuerdo transversal de todos los sectores políticos. Se estableció, por ejemplo, el deber de gradualidad, el deber de identificación, de la protección a la vida, la integridad, de la rendición de cuentas, la necesidad de que las fuerzas de orden y seguridad, y también las Fuerzas Armadas, cuando van a un procedimiento, tengan que emitir informes al respecto».
«Se aplicó justicia con sesgo durante el estallido social por varios fiscales»
«Nosotros elevamos, le dimos un rango legal a la Regla de Uso de la Fuerza. Porque la regla de uso de la fuerza ya existía, existían los reglamentos de carabineros, de las Fuerzas Armadas, pero el problema es que muchos fiscales, al minuto de investigar hechos donde hubo exceso en el uso de la fuerza o exceso en el poder del fuego, por ejemplo, durante el estallido, lo que generó es que muchos de esos carabineros que fueron condenados terminaron detenidos», explicó.
«Se interpretó, se aplicó justicia con sesgo durante el estallido social por varios fiscales. Entonces, lo que buscamos con esta ley es darle un rango legal, de tal manera que no quede dudas respecto de que ese carabinero, ese militar, cumplieron, están cumpliendo su rol conforme a la ley», afirmó el diputado de Demócratas.
«La justicia militar no es impunidad»
Respecto a la reserva de constitucionalidad presentada por el Ejecutivo, Calisto sostuvo que «efectivamente, el gobierno tiene el legítimo derecho de hacer reserva de constitucionalidad. Es a una indicación que lo que plantea es que en casos excepcionales, cuando carabineros y Fuerzas Armadas tengan que operar en Estados de Excepción constitucional, cuando tienen que enfrentar a inmigrantes ilegales, cuando existan situaciones de elección y plebiscito, y cuando se aplique la ley de infraestructura crítica, cuando se comentan delitos en esas cuatro situaciones excepcionales, entonces serán vistos a través de la Justicia Militar».
«Y quiero decir muy claro, la justicia militar no es impunidad. La justicia militar es muy severa, es muy estricta, pero tiene conocimiento de lo que significan los protocolos, los procedimientos, el uso de armas de las policías y de las fuerzas armadas», advirtió.
«Nosotros no queremos que esto termine afectando y siendo un problema para que las policías y Fuerzas Armadas se inhiban a poder usar sus armas. Cuando se inhibe a los policías, los terroristas, los narcotraficantes actúan primero, y ahí no hay regla de uso de la fuerza», dijo.
«Lamento que el gobierno haga reserva de constitucionalidad»
Asimismo, Calisto sostuvo que «lamento que el gobierno haga reserva de constitucionalidad. Yo esperaba que el gobierno tuviera una acción coherente con lo que supuestamente hoy día cree, porque antes fueron los principales impulsores del estallido, de cuestionar a carabineros y la autoridad».
Añadió que «ellos mismos participaban en las marchas, levantaban banderas con el perrito ‘matapacos’ durante el estallido, y son los mismos que hoy día están gobernando, pero que dicen que hoy día están por la seguridad y que le entregan respaldo a Carabineros».
«Dicen que hoy día están por la seguridad, pero hacen reserva de constitucionalidad (…). Hay un cierto complejo histórico, que los va a acompañar durante todo el ejercicio de la política, y que tienen un rechazo particularmente a las Fuerzas Armadas y a Carabineros», agregó.
«Hay un sesgo político, un sesgo ideológico. Hay sectores de izquierda que no les gusta la presencia de militares en espacios públicos, que exista control y apoyo de militares y de FF.AA. en el rol de las policías, acompañando, por ejemplo, proyectos de infraestructura crítica», dijo.
Explicó que durante la comisión, «tuvimos varios obstáculos, particularmente por parlamentarios de gobierno, que bajo diferentes excusas trataban de postergar la tramitación, obstaculizar la tramitación de este proyecto, porque sabían cómo venía la propuesta, o cómo iba a quedar esta ley, y no era de su gusto».
«El gobierno sigue enfrascado en su conflicto histórico y no se da cuenta de que está a cargo de un país»
Además, sostuvo que «quienes promovían cambios totales a la estructura de carabineros eran los parlamentarios del Frente Amplio, en ese momento el propio Presidente Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Maite Orsini, la propia ministra Camila Vallejo era integrante de la Comisión de Seguridad en ese minuto y ellos promovían abiertamente la refundación de Carabineros».
«El gobierno lamentablemente sigue enfrascado en su conflicto histórico, y no se da cuenta de que hoy día está a cargo de un país y que tiene que reaccionar con decisiones», dijo.
En relación a las últimas declaraciones del Mandatario, Calisto afirmó que «el Presidente debiera contribuir a elevar el debate y no hacer un análisis de un perro que fue el símbolo de anarquistas que generaron una grave desestabilización», y que «tiene que actuar con la madurez y la responsabilidad necesaria de lo que implica ser un Presidente, y tiene que ordenar a su conglomerado».
Ya que, sostuvo que «si es que el conglomerado de gobierno vota en contra de la indicación para que los casos de carabineros y FF.AA. se vean a través de una Justicia Militar, esa es la opinión del gobierno, no hay otra lectura«.
«El gobierno, por un lado, entrega condolencias cuando muere un carabinero, pero por otro lado, no tiene problema para que investiguen a un carabinero y determinen que lo tienen detenido siete años por usar su arma para defenderse», criticó.
Así, enfatizó que «el gobierno está con un doble discurso evidente, que hay que enrostrárselo, y espero que el Presidente, más allá del mea culpa o no, actúe con todo el peso del Estado«.