“A quienes estén en situación irregular o se regularizan o se van y a quienes hayan cometido delitos derechamente se tienen que ir». Las palabras que el Presidente Gabriel Boric dijo en su visita a Antofagasta el 14 de octubre, para algunos implicaron un “endurecimiento” en su postura frente a la inmigración.

Un día antes de su “o se regularizan o se van”, ya el Mandatario había dado otra señal tras el ataque sufrido a carabineros por un grupo de extranjeros, en Puerto Montt. Dijo entonces: “He instruido al subsecretario del Interior que a las personas que participaron en esta agresión a carabineros se les aplique el artículo 132 de la Ley de Migración, por lo tanto se proceda su expulsión del país». 

Si se toman estas declaraciones como que el Presidente esté adoptando una postura más dura en el tema inmigración la pregunta que surge es cómo la llevará a cabo. Esto porque quienes más se opusieron a las expulsiones y a la Ley de Migraciones durante el gobierno anterior, hoy son parte del Ejecutivo.

En altos cargos de Gobierno se desempeñan al menos siete funcionarios clave que integraron ONG que al ver su historial no han estado por esta línea “más dura” sino de “puertas abiertas” o más “flexible”. Ese mismo punto de vista que en más de una ocasión chocó con la mirada de una migración “ordenada” de la administración anterior.

“La postura de la oposición a la ley y política migratoria en el gobierno de Piñera era determinada por el Servicio Jesuita al Migrante (SJM)”, señala Mijail Bonito quien fue asesor en temas migratorios del Ministerio del Interior durante el pasado Gobierno. Y subraya: “No hubo posición dura de la oposición durante la Ley de Migraciones en la que el SJM no tuviera participación”.

De hecho, durante el año 2021, el SJM presentó 32 recursos de amparo para revocar expulsiones administrativas por un total de 339 personas.

Servicio Jesuita al Migrante: en puestos de Gobierno en el Segundo Piso, Interior y Desarrollo Social

El actual asesor en temas internacionales del Segundo Piso, hombre clave en las decisiones del Presidente Boric, es Carlos Figueroa. Hasta el año pasado era el Director de Incidencia Pública y Estudios de Servicio Jesuita a Migrantes. Fue en esa calidad que asistió a una sesión del Senado para exponer sobre el tema. 

En su alocución señaló, entre otros puntos, que ingresar por un paso no habilitado no era causal suficiente para expulsar a alguien del país. También calificó como “error” los procesos de expulsión administrativa que realizó el entonces gobierno. Y ejemplificó con el caso venezolano la postura de la ONG en contra de la petición de visas. “Hoy el Gobierno de Chile está impidiendo que ingresen por la vía formal y regular personas que buscan llegar al país, no solo por el cierre de fronteras debido a la pandemia, sino también por la imposición de visados o permisos especiales que se deben obtener en los países de origen”.

Tras ser electo Boric, y antes de ser nombrado como asesor del Segundo Piso, Carlos Figueroa escribió, en diciembre, en sus redes sociales: “Gran desafío será la migración para este gobierno. Desde el Servicio Jesuita al Migrante estaremos aportando para construir una política migratoria segura, ordenada y regular”. Pocos meses después era parte del Ejecutivo.

Quien también es una figura emblemática del SJM es Miguel Yaksic. Dirigió la entidad entre 2014 y 2017. En una columna publicada en La Tercera en 2018, tras analizar el aumento de inmigrantes en Chile, señala: “Lo mejor que podemos hacer es cambiar nuestra mirada y comenzar a pensar ‘interculturalmente’. O sea, empezar a preguntarnos si estamos dispuestos a cambiar nuestras concepciones tradicionales acerca de la identidad, la nación, la persona, lo correcto y lo incorrecto para entrar en una conversación nueva, distinta, horizontal y simétrica con esas otras personas que son parte de nuestra vida”.

Hoy Yaksic es asesor en temas migratorios del subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Según Transparencia, entre sus funciones se encuentra : “Colaborar con el subsecretario en la resolución de expulsiones y prohibiciones de su ingreso en casos calificados de acuerdo a la ley. Asesorar en la supervigilancia del Servicio Nacional de Migraciones”. Además de “diseñar, junto a otros asesores, un plan migratorio para responder a la crisis migratoria y humanitaria que atraviesa el país, de acuerdo a los principios de una migración segura, ordenada y regular”.

En el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que lidera Giorgio Jackson, se encuentra José Tomás Vicuña. Según Transparencia es asesor del gabinete y en su linkedin se identifica como “asesor en migración” del ministerio.

Vicuña fue director del Servicio Jesuita a Migrantes entre 2018 y 2020. A mediados de 2018, el Gobierno expulsó a 51 inmigrantes colombianos  (32 por orden judicial y 19 por orden administrativa ya que tenían antecedentes penales en Chile o Colombia). En esa ocasión Vicuña dijo: “No hagamos de los migrantes nuestra agenda política y por otro lado garanticemos los derechos humanos y el debido proceso. Esto no es una competencia por quién deporta más gente”. 

Según datos del Departamento de Extranjería que publicó El Líbero ese mismo año, de los 13 recursos de amparo presentados por el el SJM, 11 habían sido por narcotráfico y solo uno por uso de pasaporte falso.

También en Desarrollo Social fue contratada Valentina Latorre, quien se desempeñó hasta marzo de este año como directora social del Servicio Jesuita a Migrantes. Desde ese mes hasta septiembre aparece, según Transparencia, como “profesional del gabinete” del Ministerio. En su Linkedin, más actualizado, señala que lleva dos meses como jefa de gabinete de la  Subsecretaría de Patrimonio Cultural.

El exasesor en temas migratorios del Ministerio del Interior, Mijail Bonito, señala: «La posición del SJM como organización no gubernamental o grupo de presión es entendible y legítima, pero como política pública del Estado de Chile, hoy, traerá mucho daño no solo a la sociedad chilena sino también a la comunidad migrante que hace las cosas bien.

En el corazón del Servicio de Migraciones

Quienes conocen los hilos del tema de la migración dicen que Víctor Hugo Lagos es una persona clave. Fue el encargado de Atención Jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes y hoy se desempeña como Director (suplente) de la Región Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones.

“Exigir visa previa para ingresar al territorio atenta contra los Derechos Humanos”, dijo en una entrevista a revista Mensaje en 2017. 

Decía en la ocasión que “el foco más fuerte de nuestro programa está en la regularización de la residencia de los inmigrantes. Un significativo número de ellos han sido sancionados por el Estado considerando faltas menores a la legislación migratoria y tienen una vida ya hecha en Chile, pero carecen de cédula de identidad, sin la cual están impedidos de acceder a un sinnúmero de prestaciones del Estado. Actualmente son más de trescientas las personas a las que estamos ayudando en esto, buscando evitar que sean expulsados”.

Y planteó: “Nos gustaría que en el Estado se tuviera conciencia de que es más justo y más económico dar la posibilidad de regularizar y entregar un carnet a una persona, que expulsarla del país por infracciones de carácter leve”.

Como abogado, ese mismo año, según infoma Ex Ante, Lagos presentó un recurso de amparo en favor de una narcotraficante de nacionalidad argentina y así evitar que fuera expulsada de Chile. Era parte de una banda de dos paraguayos, un brasileño y dos chilenos. Fueron acusados y condenados al ser sorprendidos con cerca de 1.600 kilos de droga y armas de fuego.

El Servicio Nacional de Migraciones respondió a la publicación: “No se trató de una defensa penal a narcotraficantes. Actúo como abogado en el marco de recursos de amparo de dos reconocidas instituciones: SJM (Servicio Jesuita Migrante) y Clínica Jurídica UDP”. Y que se trataba de “un caso con vínculos familiares en Chile” por lo que se buscó “no separar familias”.

Delegado presidencial de Tarapacá antiexpulsión

Una célula del Tren de Aragua, casos de xenofobia, alto nivel de ingreso de inmigrantes, y aumento de la violencia son parte de la realidad que se vive hoy en la Región de Tarapacá. 

“Hay una crisis jamás vista en materia migratoria y de delincuencia. En promedio hay un asesinato a la semana en Tarapacá”, señala el diputado Renzo Trisotti (UDI). 

Esta realidad ha hecho que muchos miren con atención al delegado presidencial de Tarapacá Daniel Quinteros.

Antes de asumir el cargo, como abogado (Universidad Arturo Prat) fue muy activo en las peleas judiciales anti expulsión de inmigrantes ilegales con el Gobierno anterior.

Presentó numerosos recursos de amparo contra la Intendencia de Tarapacá para frenar expulsiones. Y, además, crítico con las políticas del gobierno pasado, como la expulsión de inmigrantes ilegales venezolanos. “Lo problemático que se está dando, particularmente con el caso de las expulsiones, es que las personas que abandonan hoy día Venezuela son considerados traidores de la patria cuando vuelven, y no van a ser bienvenidos”, dijo tras un vuelo que salió de Chile con venezolanos y colombianos en febrero de 2021.

Cuando el «diputado Boric» acudió al TC en contra de artículos de la Ley de Migración

Según el diputado Trisotti, que integra la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, “desde un inicio de la discusión, la izquierda tuvo una posición ideológica abierta en el tema de la inmigración. Y siempre trató el tema solo desde los derechos y no de los deberes ni obligaciones”.

El parlamentario recuerda que el FA y otros parlamentarios de izquierda, «trataron de establecer que los principios que eran para la ley del Refugio ilustrara toda la Ley de Migraciones, donde se limitara en términos absolutos la facultad del Estado de Chile para poder definir quién ingresa y quién no».

Cuenta que vio de cerca cómo se demoró la tramitación de la Ley de Migraciones en donde tuvieron un rol importante en su atraso muchos quienes están hoy en el Gobierno. Un ejemplo de esto es el recurso que presentaron, en diciembre de 2020, ante el Tribunal Constitucional. 

Entre los firmantes del recurso están los entonces diputados Gabriel Boric, Miguel Crispi, Giorgio Jackson, Manuel Monsalve, Maya Fernández, todos desde el Presidente, en el Ejecutivo actualmente.

Uno de los puntos que cuestionaban era uno relacionado con las expulsiones. Por ejemplo, impugnaban que: “Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros”. 

El Tribunal Constitucional no les dio la razón.

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