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Publicado el 23 de octubre, 2018

INDH, U. Alberto Hurtado, UDP y UC traban expulsiones de extranjeros condenados por narcotráfico y otros delitos graves

Autor:

Bastián Garcés

En el año 2017 y lo que va de 2018, se han presentado 296 recursos de amparo para evitar que delincuentes sean devueltos a sus países y puedan quedarse en Chile, según antecedentes obtenidos por “El Líbero”, a través de la Ley de Transparencia. Del total de las acciones, 34 han sido patrocinadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por las clínicas jurídicas de las universidades Alberto Hurtado, Diego Portales y Católica.

Autor:

Bastián Garcés

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“No están siendo deportadas por ser irregulares, todo lo contrario porque a ese grupo se les abrió un proceso nuevo, sino que por ser delincuentes”, señaló a finales de agosto Mijail Bonito, abogado cubano que asesora al gobierno en temas migratorios. La declaración el jurista la realizó a finales de agosto cuando la polémica por las expulsiones realizadas por el gobierno estaba en su punto máximo. Días antes el gobierno deportó a dos grupos de extranjeros cumpliendo órdenes judiciales. Ya el Ejecutivo había dado su postura a través de Álvaro Bellolio, jefe de Extranjería y Migración: “Como gobierno nosotros hablamos de ordenar la casa y todo extranjero que tenga cargos y hayan sido condenados por delitos graves en el país o en su lugar de origen serán expulsados”.

Esta política fue cuestionada por representantes de la ex Nueva Mayoría, sector en el que señalaron que el gobierno no podía convertir las expulsiones “en una meta mediática y política”. Pese a las críticas de la oposición, 17 de los colombianos deportados fueron por decretos firmados durante la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos formó parte de la polémica cuestionando la forma en que esta se llevó a cabo. El organismo también señaló en la ocasión que iban a presentar un recurso de amparo por la “presunta vulneración de la seguridad de los 51 colombianos” y evitar que la situación se repitiera.

“El Líbero” accedió, a través de Transparencia, al catastro de los 296 recursos de amparo contra deportaciones de extranjeros condenados por delitos graves, interpuestos entre enero de 2017 y septiembre de 2018.

Las acciones legales, según el documento elaborado por el Departamento de Extranjería y Migración han “detenido su materialización al judicializar el proceso”.

Los tipos de delitos por los que se ha interpuesto estos recursos son en su mayoría por narcotráfico (124), seguidos por ingreso clandestino (57), robos (22) y contratos falsos (15). A estos se suman otros con fuerte connotación social como homicidio y cuasidelito (7), violación y abuso sexual (4), del cual uno fue a un menor de edad, incluso en la lista de los “amparados” se encuentran condenados por secuestro, fabricación ilegal de armas o “tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas”.

INDH ha presentado 20 amparos para deportados con condenas

El informe señala que las dos primeras instituciones que aparecen con la mayor cantidad de estos recursos  presentados son la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial -con 34 y 31 procesos, respectivamente-, que son organismos del Estado dedicados a prestar este tipo de servicios a personas que no pueden costearlos. Y en el tercer lugar aparece el Instituto de Derechos Humanos -entidad que se financia con fondos públicos- con 20 casos. 

La mayoría de los extranjeros defendidos por el INDH son condenados por tráfico de drogas (12). Le siguen los delitos de robo en lugar habitado y robo con intimidación (3), robo con violencia (2) más otros casos como manejo en estado de ebriedad.

En su sitio web, la entidad destaca algunos de estos procesos. Por ejemplo, con fecha 24 de agosto de 2017, señala que “Suprema ordena regular situación migratoria de ciudadano colombiano ante amparo del INDH“, en el que explica como el tribunal “revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazaba un recurso de amparo” presentado por la organización a favor de un ciudadano colombiano que ingresó de manera irregular al país y ordenaba la regularización de su situación migratoria.

Las clínicas jurídicas de universidades también aparecen en el catastro del Departamento de Extranjería. Por ejemplo, la instancia de la Universidad Alberto Hurtado ha presentado 7 recursos: 4 de ellos por ingreso clandestino, 2 por tráfico de drogas y uno por lavado de activos y hurto agravado.

En tanto la clínica jurídica de la Universidad Diego Portales ha patrocinado 5 de estas acciones. La mayoría son amparos para extranjeros condenados por narcotráfico y un caso por un homicidio simple. Mientras que la Universidad Católica ha presentado dos recursos para personas que han delinquido por tráfico de drogas.

Sobre la participación de las casas de estudios, el informe del Departamento de Extranjería señala que “cabe destacar el intento de detener expulsiones en casos como violación, robo con violación, homicidio simple y lavado de activos de las clínicas, que son casos no tradicionales en la defensa de tribunales“.

Estas tres universidades, que actúan en estos casos a través de sus clínicas jurídicas, son planteles que reciben aportes del fisco.

Tanto la UDP como la UAH, han tenido una postura crítica respecto a las expulsiones realizadas por el gobierno. Algo que se constató a mediados de agosto, cuando el Ejecutivo deportó a 51 colombianos. En ese momento Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica de la Alberto Hurtado, expresó que “si bien entre ellos un grupo corresponde a expulsiones judiciales (en que se conmuta la pena impuesta por la expulsión), hay otros casos en que la situación es distinta”. Mientras que Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, apuntó que “personas con antecedentes penales son expulsables. Lo que me pregunto es cómo se evaluaron otros derechos, por ejemplo, el derecho a la protección de la familia”.

De 13 recursos de amparo presentados por el Servicio Jesuita Migrante, 11 son por narcotráfico

Otra voz que ha sido crítica con la política del gobierno en materia de deportaciones de extranjeros que han cometido delitos, es el Servicio Jesuita Migrante. Tras la expulsión de los 51 colombianos, su director nacional, José Tomás Vicuña, señaló: “No hagamos de los migrantes nuestra agenda política y por otro lado garanticemos los derechos humanos y el debido proceso. Esto no es una competencia por quién deporta más gente”, criticó Vicuña.

La entidad que ha tenido un activo rol en materia migratoria, especialmente en la defensa de extranjeros en Chile. Según datos del Departamento de Extranjería, de los 13 recursos de amparo presentados por el organismo, 11 han sido por narcotráfico. Solo uno por uso de pasaporte falso.

También hay abogados que presentan recursos de amparo de forma particular. Este el caso de Pedro Godoy que patrocinó 16, todos por tráfico de drogas. A él le sigue, María Soledad Torres con 14, de los cuales 5 son por el mismo delito. También ha defendido a un condenado a por homicidio y a otro por cómplice en homicidio simple.

Según datos del Departamento de Extranjería indica que en estos casos los juristas “se especializan principalmente en tráfico de drogas, y en menor, por casos no tradicionales como homicidio, porte de armas y otros delitos graves”, y añada que por lo general “prestan sus servicios en el norte del país, a diferencia de las instituciones que tienen cobertura nacional”. El informe además menciona que existen 36 casos en donde los mismos condenados por delitos presentaron sus recursos de amparo como persona natural, la gran mayoría de ellos asociados a tráfico de drogas”.

 

 

Oficio N° 30.504 que detalla recursos de amparo presentados para detener la expulsión de extranjeros que han cometido delitos

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