Hoy resultaría imposible retirar el contenido noticioso de las grandes plataformas, como Facebook o Google, sin afectar el derecho de la población a informarse. Para distintos organismos de defensa de la competencia en el mundo, los buscadores y redes sociales son considerados como “puertas de entrada” a Internet; es decir, la forma en la que la gente se conecta a los contenidos de la web. Por lo tanto, si un contenido noticioso no figura ahí se vuelve invisible para el público.
Frente a este escenario 17 asociaciones internacionales y de las Américas de medios de comunicación hacen un llamado a “defender el valor del periodismo profesional en el ecosistema digital”, y a través de un pronunciamiento público solicitan alcanzar una retribución “justa y razonable” por la publicación de los contenidos periodísticos en las plataformas digitales.
Las asociaciones que firman este comunicado en conjunto agrupan a más de 40 mil medios de comunicación de Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina.
El texto hace un llamado de alerta pues si bien “los medios periodísticos poseen más audiencia que nunca (…) los ingresos que financiaban el periodismo profesional son absorbidos por intermediarios que concentran más del 80% de la publicidad digital mundial”.
Explican que la situación se agrava pues la integración de los sistemas de publicidad digital durante la última década generó que las plataformas, muchas veces, tuvieran control sobre toda la cadena de distribución, “actuando como jueces y parte”, al ser las que distribuyen, reciben publicidad e imponen los precios.
Por ejemplo, con el aumento de las compras online por la pandemia, el ingreso publicitario de Google en el segundo trimestre de 2021 (abril-junio) ascendió a US$50.440 millones. Facebook registró ingresos publicitarios por US$25.439 millones en el primer trimestre de este año (enero-marzo). La publicidad representa un 97% del total de ingresos de la red social. En comparación, el diario The New York Times registró ingresos publicitarios por US$362 millones durante todo 2020; mientras todo el ingreso de publicidad digital de la prensa en España se calcula para 2021 en US$423 millones.
Con esto en consideración, las asociaciones proponen “abordajes coherentes a nivel global para hacer efectivo un derecho que tiene su base tanto en la propiedad intelectual como en las normas de defensa de la competencia”. Y agregan que “es fundamental que se eviten prácticas abusivas en el mercado de la publicidad digital”.
No obstante, aclaran que no se trata de un reclamo, sino de una declaración de principios de asociaciones de medios de comunicación de las Américas “para recalcar la situación de vulnerabilidad de los medios de comunicación en el contexto digital, que ven cómo el valor que generan es capitalizado por otros actores (…). Se trata de buscar que los medios tengan una retribución justa por el uso de sus contenidos”.
Señalan que es de su interés poner en la agenda pública temas del ecosistema digital que merecen atención, como la concentración publicitaria y la cuestión de los algoritmos, que “condicionan la forma en la que se distribuyen los contenidos de los medios y cómo llegan estos a la sociedad”.
En reuniones de trabajo, las asociaciones consensuaron pedir a las plataformas digitales que aceleren sus programas de pago por contenidos y apoyo a los medios. Solicitan que esos programas sean más inclusivos, que beneficien tanto a las publicaciones de mayor tamaño como a aquellas que dan cobertura a pequeñas comunidades y que necesitan mantenerse incorporadas a la vida democrática.
Las organizaciones firmantes son: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI), Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Medios Informativos de Canadá (NMC, Canadá), Alianza de Medios Informativos (NMA, Estados Unidos), Alianza de Medios Mx (México), Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC, Honduras), Asociación de Medios de Jamaica (MAJ, Jamaica), Sociedad Dominicana de Diarios (SDD, República Dominicana), Asociación de Medios de Información (AMI, Colombia), Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP, Ecuador), Consejo de la Prensa Peruana (CPP, Perú), Asociación Nacional de Periódicos (ANJ, Brasil), Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Bolivia), Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Chile) y Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA, Argentina).
El escenario internacional
Las organizaciones firmantes del comunicado señalan la experiencia de la Unión Europea, Australia y EE.UU. en este asunto. Dicen en el pronunciamiento que “con el apoyo de las asociaciones europeas de medios, la Comisión y el Parlamento de la Unión Europea están discutiendo una Ley de Mercados Digitales (“Digital Markets Act”) para impedir que las grandes plataformas digitales abusen de su poder de mercado”.
Por su parte, Australia dictó el pasado 25 de febrero un Código de Negociación de Medios y Plataformas Digitales, que prevé mecanismos de arbitraje obligatorio “para asegurar que dichas plataformas –en su condición de facilidades esenciales o ‘puertas de acceso’ de Internet– paguen a los medios por el uso que hacen de su contenido y del cual obtienen fuertes beneficios directos e indirectos”. Y en Estados Unidos, la News Media Alliance –en representación de casi 2.000 medios– gestiona una autorización del Congreso de ese país para negociar de manera directa con las plataformas.
En el caso de América destacan que no abogan por un modelo en particular, entendiendo que cada país tiene su realidad y sus propias circunstancias y contextos. “Por eso, la solución no consiste en extrapolar soluciones externas. Debe haber un marco de negociación equilibrado entre medios y plataformas. La idea es evitar que la relación no sea fruto de decisiones unilaterales por parte de las plataformas, sino que haya medidas universales, equitativas y proporcionales y que beneficien a todos los medios y países, no solo a algunos”.
“Consideramos que una retribución justa y razonable se alcanza mediante un acuerdo entre partes. Este acuerdo debe estar basado en información suficiente, simétrica y transparente respecto de los beneficios que se obtienen por el uso de contenidos, las audiencias que se alcanzan y los porcentajes universalmente aceptados que se pagan en materia de derechos de autor o propiedad intelectual”. Subrayan que “no se trata de confrontar sino de dialogar y buscar alternativas para una retribución justa y razonable por el uso de los contenidos”.