La usurpación de territorios es un delito constante en la Macrozona Sur, principalmente en las regiones del Biobío y Araucanía. Según un informe de la Multigremial de La Araucanía, que abarca el periodo 2018-2022, existe un promedio de 182 usurpaciones por año en esta zona. Además, el documento detalla que en la Fiscalía existen 732 denuncias por este hecho, mientras que Carabineros registra 737 denuncias.
Para el mundo rural, esta cifra no es suficiente reflejo de la realidad, debido a que una importante cantidad de víctimas no denuncian. ¿La razón? Se encuentran bajo amenaza de muerte junto a sus familias, por lo que prefieren resguardarse de posibles represalias que atenten contra la vida de sus seres queridos.
Otros grupos que usurpan campos actúan mediante la extorsión. Es decir, ingresan ilegalmente a un predio pidiendo a cambio millonarias sumas de dinero para “irse por un tiempo”.
Las víctimas de este recurrente delito viven en un complejo escenario, entre amenazas y la invasión a la propiedad privada, afectándoles desde el ámbito laboral a lo familiar, desde lo económico a lo emocional. Acusan, con pena y rabia, estar abandonados por el Estado, ya que, quienes se atreven a denunciar, no logran recuperar sus campos y aun así deben seguir pagando contribuciones.
La ley de usurpaciones que el Congreso tramitó y despachó el 30 de agosto fue una “luz de esperanza” para quienes sufren constantemente de violencia rural, sin embargo, el veto que presentó el Ejecutivo los hizo sentir nuevamente “abandonados” por el Estado.
“Más de 30 denuncias y mi campo sigue tomado”
Patricio Leigh dedicó 40 años al campo en el sector San Antonio de Victoria. Lo menciona en pasado, ya que desde hace dos años y cinco meses su predio fue usurpado. Pese a las denuncias, no lo ha recuperado. A raíz de eso, se vio obligado a hacer un rotundo cambio en su vida, que no estaba en sus planes.
Dedicado al área ganadera, Patricio relató que “contaba con un trabajador y un veterinario que me asesoraba”. En su campo tenía dos viviendas: una familiar, donde vivió toda su vida y otra donde habitaba el trabajador con su señora. Así fue hasta mayo del 2021 cuando “un grupo de comuneros armados con escopetas y machetes, cerca de 12 personas ingresaron rompiendo toda la señalética (…) pusieron letreros afuera que decía ‘fuera latifundistas y forestales’. Luego avanzaron unos mil metros, encontraron al trabajador y lo amedrentaron diciéndole que tenían que irse sin sacar nada sino le quemarían la casa (…) ahí fue cuando me llamó el trabajador y me dijo que no podía seguir. ‘Quiero renunciar’”.
La víctima señala que desde ese momento la situación se convirtió en un “zapato chino”. Cuando ocurrió la toma, el campo Leigh estaba en el periodo de pariciones, es decir, cuando las vacas tienen sus terneros, y producían cerca de 30 fardos diarios para la alimentación del ganado.
“Considerando que nadie quería trabajar y no se daban las condiciones de atender los 30 fardos al día, ni tampoco las pariciones de las 120 vacas, tomé la decisión de vender los animales (…) buscamos camiones y llevamos algunos a la Feria de Freire. Ellos (usurpadores) se dieron cuenta y cuando quisimos sacar al resto tuvimos que pedir ayuda con tanquetas de Carabineros. Llegamos al portón, quisimos abrirlo, pero nos empezaron a disparar de adentro”.
Patricio cuenta que perdió todo y que, hasta el día de hoy, no ha recibido apoyo de parte del Estado, pero sigue pagando contribuciones. “El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad y yo no tengo ese derecho, pero sí cumplo el deber de pagar las contribuciones”.
En medio del relato, confirma que hoy es “un ilustre cesante” y que las pérdidas que sufrió son millonarias. “Tenía 5 mil fardos, todo eso se perdió. Fueron saqueando todo, robaron electrodomésticos y me cosecharon mis 15 hectáreas de avena. Después de cosechar quemaron todo, la casa de toda mi vida y la del trabajador”.
La víctima calcula que, en materia ganadera, la pérdida gira en torno a los $80 millones. A eso se debe sumar lo que no pudo cosechar, los robos y las pérdidas incalculables tras el ataque a la casa de toda su vida y la del trabajador, las cuales fueron incendiadas.
“Estamos abandonados por el Estado. He recurrido a Carabineros, Fiscalía, PDI, a la oficina de atención a víctimas y nada. Siempre he denunciado, el campo sigue tomado y yo pagando contribuciones”.
12 días consecutivos de ocupación y desalojo en Collipulli
Esteban Subiabre también es víctima de usurpación. A la diferencia de Patricio, él lleva 12 días con su campo tomado al oriente de Collipulli, en la Región de La Araucanía. Es vecino del ex líder de la CAM, Víctor Ancalaf.
Subiabre pertenece a una familia de agricultores de Malleco. Toda su vida la ha pasado en dicho campo, sin embargo, se sumó a la lista de afectados, luego de que el lunes 2 de octubre sufriera la toma de su predio.
El afectado relata que hace 12 días “un grupo de personas, incluidos niños y mujeres, llegaron a instalar banderas, lienzos y realizaron una rogativa. Pidieron que entregáramos nuestro predio, que lo vendiéramos a través de Conadi (…) Nuestra tierra donde trabajamos avena, raps y trigo. Para vender se necesita un vendedor y un comprador y nosotros no queremos vender”.
La víctima relaciona esta situación con lo que vivió el 2019. “Esto partió hace cuatro años cuando existía la posibilidad de que se instalara un Parque Eólico en el predio de un vecino que queda poco más allá y nosotros arrendáramos parte de nuestro predio (…) la empresa se reunió con los vecinos y comunidades y ellos estaban de acuerdo. Cuando esto se aprobó, una comunidad ‘descolgada’, inventada, sin personalidad jurídica, dijo que estaban en contra”.
Tras los sucesivos ingresos de estos últimos días, la víctima confirma que le han destruido cercos, cierres perimetrales, portones de acceso e, incluso, ahora acceden por el predio de un vecino. Por otro lado, cuantifica las pérdidas durante estos 12 días en al menos $35 millones, a los que se suma el riesgo de la cosecha, ya que “los ocupantes han destruido parte de las siembras, afectando todo el proceso de cultivo”.
A raíz de todo esto, Subiabre ha denunciado diariamente el ingreso ilegal de este grupo. Esto ha conllevado a una serie de operativos para desalojar su campo, pero sin éxito, ya que vuelven a ingresar, repitiendo día a día el procedimiento que mantiene preocupado a la víctima sobre todo por “la legislación. Hoy en día, estos sujetos pueden ingresar todas las veces que quieran y no se les puede hacer nada más que invitar a salir del predio”.
El afectado señala que continuará denunciando y no tiene en sus planes vender porque “es un predio familiar, que mi familia ha mantenido por generaciones. Vivimos para y por el campo”.
Veto a la ley de usurpaciones
Tras la presentación del Gobierno del veto para la Ley de Usurpaciones, la Comisión de Seguridad del Senado se encuentra debatiéndolo. Ya se han desarrollado dos sesiones donde los congresistas han escuchado la exposición de abogados y el testimonio de una víctima de usurpación. El punto de tope para el gobierno estaría en la legítima defensa privilegiada y las penas que se aprobaron en el proyecto.
La comisión continuará trabajando en las 14 observaciones del Ejecutivo durante este mes, proyectando que durante las primeras semanas de noviembre ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados. El riesgo que ven los legisladores es que, de no llegar a un acuerdo, la ley seguirá siendo la misma.
Es también lo que temen Patricio Leigh, Esteban Subiabre y otras cientos de víctimas de usurpaciones en la Macrozona Sur.